Usurpando el derecho a la vivienda

El miércoles 15 de julio fue detenido un referente de la ocupación del barrio Nuevo Comienzo de Santa Catalina. El compañero asistió de buena fe a una convocatoria realizada por el Sistema de Mediación de Montevideo en el edificio oficial del IMPO. La convocatoria fue realizada para iniciar un: “Proceso de Diálogo Colaborativo entre todos los actores involucrados” que sería “dirigido por terceros imparciales expertos en manejo de conflictos que facilitarán el diálogo”. Entre esos expertos se destaca la figura de Leonel Groisman, quien comandó la instancia de “negociación” a la que estaban convocados, además del compañero detenido, abogados de familias asentadas, la Coordinadora de Asentamientos, la Comisión de Vivienda Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, la Intendencia de Montevideo y el fiscal que lleva la causa de la ocupación, entre otros.
Mientras Groisman exponía las características del “proceso de diálogo”, el fiscal se comunicaba con la policía para que llegara a la sede del IMPO y se llevara detenido al compañero. En ese contexto, y enterados de la situación, un grupo de militantes del Nuevo Comienzo y de diversas organizaciones sociales que han apoyado la ocupación se acercaron a la sede del IMPO para solidarizarse. Ante la concentración de militantes el proceso de detención pasó por una instancia de negociación que de todas formas derivó en que Adrián quedara detenido en zona 4 y el jueves fuera trasladado a jefatura. Ante todo eso, quienes convocaron a la “negociación” que terminó siendo una “cama” al compañero, no aportaron nada concreto para evitar la detención.
El jueves a la mañana Adrián fue trasladado a fiscalía, en donde nuevamente recibió la solidaridad y el apoyo de decenas de vecinos, vecinas y militantes, aunque ningún “negociador” se hizo presente. El delito de Adrián: “asociarse” para “usurpar” terrenos baldíos y construir en ellos su vivienda. Nuevamente quedaban enfrentados propiedad privada y derecho a la vivienda, nuevamente prima el derecho a ser dueño de un terreno abandonado que el de tener un lugar en donde vivir. La fiscalía este jueves pidió una nueva prórroga, y recién mañana sabremos qué pasará con el compañero. Lo cierto es que la justicia “legal” desprotege cada día más a los más débiles, cada día defiende más la propiedad privada, y las leyes, para los pobres, se transforman en un cerco que los encierra en un espacio cada vez más miserable.

Ante esa situación no hay resignación.
Además de denunciar falsas negociaciones y manejos legales habrá que dar la pelea para que el derecho a vida digna esté antes que el el derecho al terreno baldío.

Adrián no está solo. El Nuevo Comienzo sigue pariendo rebeldía.
Los únicos usurpadores son quienes defienden la tierra baldía antes que la vivienda digna.

La Senda

Camilo Salvetti
23 abril, 2020

El barrio Nuevo Comienzo, nacido este verano en el norte de Santa Catalina, parece una comunidad fuerte. Hace menos de diez días, un operativo policial irrumpió en la tranquilidad laboriosa de sus días y se llevó a dos de sus voceras, a instancias de la empresa propietaria de los terrenos. Pero el barrio no se rinde.

Basta recorrer unos metros la calle de tierra que conduce al complejo de los juveniles del Club Atlético Cerro para empezar a ver el paisaje de viviendas de madera recién levantadas o en plena construcción. Casi todas tienen nombre, el de la familia que la habita u otros más divertidos: Madagascar, Estancia El Hueso.

Se estima que Santa Catalina, barrio bañado por el Río de la Plata y delimitado por Casabó y el casco del Cerro –que observa todo desde una cercana lejanía–, tiene una población de 8 mil habitantes, de donde proviene –entre fines de 2019 y principios de 2020– buena parte de las más de setecientas familias que ahora están instaladas entre los caminos Burdeos, Dellazoppa, Ferrés y Sanfuentes, abandonados hace 50 años.

Desde Dellazoppa se puede apreciar la inmensidad del asentamiento. Las parcelas se conectan por caminos iguales al de la entrada que recorren las leves ondulaciones del terreno. Los predios están bien delimitados, sea por alambre o cintas de “Pare”. Cada familia tiene una parcela de 15 por 25 metros, aunque algunos núcleos prefirieron hacerlos de 10 por 25. La idea fue hacer una distribución equitativa.

Se respira tranquilidad. El aire agreste debe de contribuir a la convivencia pacífica. Son tierras altas y el viento corre –a veces con fuerza, otras como una brisa– entre los caminos. Sin embargo, cuando el aire se siente frío, es inevitable pensar que estas personas aún no han pasado un invierno aquí.

***

Esa tranquilidad se vio interrumpida el jueves 16 de abril, cuando se apersonaron varios efectivos policiales, que ingresaron –junto con la Policía científica– por Burdeos. Al principio se creyó que se trataba de un censo, pero la prepotencia, la cantidad de agentes y la presencia de un helicóptero y un dron desarmaron la fachada rápidamente. El motivo, además de recabar datos de los vecinos, era llevarse a Gimena Ballesteros y Estela Larrosa, voceras y representantes de los vecinos.

Tanto Gimena como Estela fueron detenidas y se les aplicó la medida preventiva de prisión domiciliaria por 60 días, con 12 horas libres durante la primera semana. Durante el operativo se allanaron casas que tenían documentación relacionada con el proceso de regularización del barrio: fotocopias de las cédulas de los vecinos, que debían entregarse a Ose para conseguir conexiones de agua potable, los documentos enviados a Ute y 9.500 pesos recaudados en una venta de tortas fritas, que serían destinados a la construcción de un segundo merendero.

—A ellas las detuvieron porque fueron quienes se pusieron la causa al hombro. Si ahora lo hacemos nosotras, van a venir a buscarnos –dice Victoria mientras se señala a sí misma y a Romina repetidas veces–. Pero después de nosotros van a venir otros.

—No hay ninguna orden para que nosotros desalojemos. Lo que hicieron fue amenazar a las compañeras con que nos exhortaran a nosotros a desalojar, porque, si no, eran ellas las que iban a comer cana por usurpación, asociación para delinquir y hurto –añadió Romina.

—Bueno, pero esa parte es de allá arriba –interrumpió Sandra, una señora mayor que se sumó a la conversación, señalando otro sector del asentamiento, donde habría gente involucrada en actividades delictivas.

—A ver si entienden: que venga el señor juez, que venga el señor fiscal, que venga quien venga y vaya para allá arriba, no para la gente humilde y de trabajo –insistió Sandra, que venía a donar un megáfono para las asambleas del barrio.

—No es tan así –objetó Romina–, porque ahora aparecieron sociedades anónimas.

Y es así. La primera denuncia fue radicada el 15 de enero por Juan Carlos Frois, director ejecutivo de Dervalix SA, cuyo nombre de fantasía es Utilaje, empresa de gestión logística portuaria que opera en los puertos de Montevideo, Fray Bentos y Nueva Palmira. Sin embargo, en el acta de la audiencia de formalización –fechada el 18 de abril– los denunciantes son Vicente, Marianella y Eduardo Napoli, “accionistas de la empresa”, dijo a Brecha el abogado de los ocupantes, Pablo Ghirardo.

Vicente Napoli, además, se desempeña como cónsul honorario de Albania y consultor del gobierno nacional sobre puertos, y está vinculado a la agencia marítima Sur. Su hija Marianella figura en el Registro Único de Proveedores del Estado y su hijo Eduardo ha estado relacionado con las empresas de transporte.

—Si los nombres visibles son estos, ¿quién está detrás? Estamos peleando contra un tsunami. Si ellos nos quieren sacar, que nos den una solución. Nosotros no podemos quedarnos en la calle con tantas criaturas –dice Victoria en tono desafiante. A su lado, Romina asiente y complementa diciendo que no puede desalojar a tantas familias, menos en medio de una pandemia.

Una de las cosas que llamaron la atención del fiscal del caso, Diego Pérez, fue el nivel organizativo de los vecinos que ocuparon los terrenos. “No es una ocupación espontánea”, dijo a El País, por lo que “no se descarta” que una organización delictiva esté detrás del barrio, valiéndose de “personas humildes” para tener una pantalla. El magistrado se basó, además, en la utilización de maquinaria para acondicionar los caminos que hoy recorren Nuevo Comienzo. Sin embargo, según Victoria, la maquinaria la utilizaron vecinos de una parte del terreno y costó 1.800 pesos, un precio especial que se pagó a través de una colecta de 100 pesos por núcleo familiar. El resto de la carpida la hicieron los mismos vecinos.

De todas formas, más allá de las denuncias hechas por la empresa Dervalix, algunos terrenos fueron expropiados por la Intendencia de Montevideo para desarrollar obras relacionadas con el saneamiento. Según un informe del Departamento de Desarrollo Ambiental de la comuna, en el marco del plan de Saneamiento IV para las zonas norte y oeste de Montevideo, se desarrollaron varias estaciones de bombeo y la planta de pretratamiento de Punta Yeguas.

El informe en cuestión señala que una franja “del predio donde [esta última] se implanta es el que fue ocupado, además de los predios linderos por donde llega la conducción que transporta las aguas servidas a dicha planta”. Un colector de 1,70 metros de diámetro atraviesa ese espacio. Se espera que transporte unos 5.200 litros de agua por segundo, que llegarán a la planta de pretratamiento. “En caso de no resolver las ocupaciones en el predio propiedad de la Intendencia de Montevideo, así como en las servidumbres de saneamiento, las consecuencias serían gravísimas desde el punto de vista de salubridad y ambientales”, añade. Y establece que, de continuar la ocupación, se impedirá que funcione tal “como fue proyectado”. El informe fue enviado, junto con la notificación de recepción de la denuncia hecha por Dervalix, a la comuna, en la que se constata “la ocupación de los predios de vuestra propiedad”.

Ghirardo, por su parte, contó a Brecha que el 22 de enero se tuvo una reunión con delegados del barrio y funcionarios del Ministerio del Interior, en la que se acordó deshabitar los predios pertenecientes a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, el viernes pasado el director de Asesoría Jurídica de la Intendencia ratificó la denuncia, “aún sin chequear la información”: “Por ejemplo, afirmó que seguía ocupado el sector de las obras de saneamiento, lo cual es falso a la fecha en que lo dijo”.

Los carteles son importantes en el barrio, como el que está afuera del merendero: “Fuerza para nuestras compañeras”. Allí, Jorge cocina unas setenta viandas por comida –desayuno, merienda y cena– para los niños del barrio.

—Yo me ocupo más del merendero que de mi casa –bromea.

—Cocino todos los días. Trato de cocinar temprano, aunque hay gente que tiene y deja para otros niños.

—Jorge –lo interrumpe Romina–, decime qué se necesita para la olla.

—Boniato, condimentos…

—Carne, ¿no?

—Carne, sí.

El merendero es una construcción de chapa. Allí hay leña, algo donde cocinar y un colchón, en el que a veces duerme Jorge. Gracias a las donaciones de distintos sindicatos y a la colaboración de un arquitecto, se espera edificar un merendero de material en la parcela contigua, donde yace una construcción circular abandonada que un vecino viejo define como el depósito de orujo de cuando estos campos eran viñedos.

Mientras Brecha recorría la ocupación, al costado de donde se alzará el merendero, dos técnicos de Ose, ante la mirada expectante de los vecinos, habilitaron la fuente de agua para el barrio. ¿Cuál es el Estado?, se preguntaban los vecinos. ¿La Policía pateando puertas o los obreros abriendo canillas?