Lacalle Pou está organizando una red de espionaje interno sin control judicial ni legislativo
La ley de inteligencia, que tiene mayoría para ser aprobada en un mes en el Uruguay, modifica el Servicio de Inteligencia del Estado (SIE) y da institucionalidad a la construcción de una red de espionaje interno subordinada solo al Presidente de la República. No tendrá control parlamentario ni judicial, y habilita la pesquisa secreta que prohíbe la Constitución del país.
El carácter institucional que le da la ley al espionaje interno supera el accionar en la materia durante la gestión de Mauricio Macrí pero tiende a reproducir la trama que hoy se está poniendo al descubierto en la Argentina. Quien fuera coordinador de Inteligencia durante ocho de los quince años de gobierno del Frente Amplio (en Defensa, Aduana y coordinador de los servicios del Estado), Augusto Gregori, entiende que se abre un período de incertidumbre por los próximos cinco años de gestión, en los que la pesquisa secreta está en la lógica de los hechos. Para peor, “cuando se pone una agencia de inteligencia pegada a un Presidente, es muy difícil que este resista la tentación de usarla; es muy difícil”.
Esto, en el contexto de una coalición de gobierno formada en torno al único objetivo de desplazar al Frente Amplio (FA) del gobierno, e integrada por un partido nacido de y con gran influencia hoy en las Fuerzas Armadas, Cabildo Abierto, que Gregori califica de fascista. (No es lo que dice el FA, donde hubo ya voces que especulaban con coincidir con este partido en alguna instancia). Esa fuerza política, Cabildo Abierto (CA), obtuvo una votación del 11% que lo hace imprescindible en la gestión de la coalición gobernante, y tiene como política diferenciarse del resto de las fuerzas políticas –incluso las aliadas— para negarlas, descalificando una y otra vez la política partidaria. El mismo argumento se esgrimió para justificar el golpe de Estado de 1973, y como se verá, no es la única similitud. El partido CA es creación del ex comandante de Ejército desde 2015, Guido Manini Ríos, y formada durante su gestión y por su labor al amparo de una muy débil política de Defensa del entonces gobernante FA.
Manini hizo lo mucho que hizo cuando era empleado público, en violación consentida del mandato constitucional y de las leyes que juró obedecer. Así, se permitió actuar por su cuenta y, sobrepasando sus atribuciones, por ejemplo haciendo acuerdos con intendencias, proponiéndole al Parlamento que el Ejército desarrollase una política social hacia la población, y la organización e instalación de un liceo militar en el departamento de Tacuarembó, fronterizo con Brasil.
Las relaciones con Brasil desarrolladas por Manini han sido intensas. Durante su gestión militar mantuvo estrechas relaciones con altos mandos; los más notorios fueron los generales Augusto Heleno, Eduardo Villas Bôas y Antonio Mourão, el hoy Vicepresidente. En diciembre 2018 Brasil le donó al Uruguay 25 tanques de guerra. “Los discursos de Manini y un general brasileño en la entrega de los tanques coincidieron en resaltar el común destino manifiesto de las dos instituciones”, recuerda Gregori. Los tanques M41 son material obsoleto y no sirven siquiera para las misiones de paz porque tienen oruga, pero la donación debió contar con la aprobación previa del Departamento de Estado de Estados Unidos. Actuaron como acto simbólico, que favoreció la figura de Manini en filas militares. No solo eso. Manini fue uno de los 60 muy especiales invitados a la fiesta privada de asunción de Bolsonaro.
Para Gregori, “lo que pasó con Macri al menos en cuanto espionaje interno se reproduce acá, y va a rebotar en la Argentina, con el agravante de que hoy estamos recostados en Brasil”. Va a pasar más, analiza Gregori. “Las Fuerzas Armadas hoy tienen una autonomía casi total; prácticamente se transformaron en un partido político encabezado por CA. Lo cual es muy peligroso para una democracia, porque es un partido político apoyado por una fuerza armada. Implica una vuelta a viejos tiempos que creíamos superados. Esta etapa de injerencia paulatina de las Fuerzas Armadas en el accionar político ya la vivimos en el Uruguay y se llegó a que en febrero de 1973 ellas rechazaran el nombramiento de un ministro, y sacaran un comunicado con prácticamente un plan de gobierno. El Parlamento funcionaba y ni siquiera se reunió ante eso”. La anécdota vale la pena. El general Antonio Francese ya había sido ministro de Defensa y de Interior cuando Juan María Bordaberry lo nombró nuevamente en Defensa, el 8 de febrero de 1973; Ejército no lo aceptó y Francese fue ante Bordaberry a renunciar: “Señor Presidente, usted tiene el apoyo de su esposa y de sus ocho hijos. Yo solo tengo este librito; después, no tengo nada”, le dijo, mostrándole la Constitución.
“Eran tantas las cosas que venían haciendo las Fuerzas Armadas, tantos escalones chiquitos que fueron subiendo, que eso, que prácticamente era un golpe de Estado, se tomó como una cosa más. Y en la historia figura que el golpe de Estado lo dan el 27 de junio de 1973; meses después”, señala Gregori.
“El problema actual es que están volviendo a recorrer ese camino, en las declaraciones y las cosas que hacen; es el mismo proceso, objetivamente. Que empezó durante la administración del FA, con declaraciones políticas de mandos militares, y las más groseras fueron las de Manini, que merecían lisa y llanamente la destitución. De hecho, cuando se rompe la cadena de mando de una institución vertical como el Ejército con el poder civil, el poder militar empieza a actuar por su cuenta, y eso es lo que pasó en el Uruguay”.
Guido Manini viene denostando sistemáticamente a la Justicia en términos despreciativos, y la califica en general de “bochornosa”. Particularmente en materia de delitos de lesa humanidad utilizó su banca senatorial para pronunciarse contra la prisión de culpables, y denunció “el odio de unos pocos” contra “todos” los integrantes de las Fuerzas Armadas; también reclamó por la vigencia de la obediencia debida en el ejercicio del terrorismo de Estado, y más. El subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, afirmó que si las Fuerzas Armadas “hubiesen actuado mal” en dictadura, “tendría que haber muchos más desaparecidos”. Su ministro de Salud Pública declaró al margen de la política oficial invitando a aflojar “un poquito” las medidas sanitarias preventivas. Está planteado el desafuero de Manini para que responda por haber ocultado delitos de lesa humanidad consignados en al menos un juicio ante el Tribunal de honor militar, y José Mujica anunció que no le dará su voto “para evitar el circo”. Dos de los tres senadores de CA plantearon la posibilidad de una ley de amnistía para todos los militares acusados y procesados; Manini, el tercer senador, se pronunció en contra, con lo que el tema asomó en la agenda. Se estima que en el Uruguay, solo un 3% de los delitos de lesa humanidad fue sancionado. El prontuario de ataques y cuestionamientos a la institucionalidad de figuras de CA es largo y diverso, pero su común denominador es sacar de quicio al sistema institucional.
Esta ley de inteligencia en tratamiento parlamentario fue muy posiblemente producto laborioso de los coroneles con experiencia directa en el tema, y entregada como paquete cerrado a Lacalle para integrar el proyecto de ley de urgente consideración, que abarca treinta temas en medio millar de artículos que de acuerdo a la Constitución necesita ser aprobada en plazo perentorio, ya sea como la mandó el Ejecutivo, o como salga de su tratamiento legislativo, ya que no hay votos para rechazarla.
Con ella aprobada, el Servicio de Inteligencia de Estado cumplirá la orden presidencial y se dedicará al narcotráfico como prioridad nacional, aunque algunos pequeños atentados sucedidos sugieren que también se puede incorporar el terrorismo a sus objetivos. Son todos temas internos. “Y donde abras esas puertas, no hay límites. Es muy difícil que no pasen de una cosa a otra, porque todo se interconecta”, señala Gregori.
En contraposición, Gregori señala un ejemplo de Inteligencia de Estado que debería ocuparlos: actuar en estrecho contacto con el excelente grupo de científicos que asesora a Presidencia en materia sanitaria y coordinando grupos en materia económica y de relaciones internacionales “para el tsunami económico que se viene en lo nacional, en lo regional y en lo global; lo otro es policial”.
Pero con esta directiva presidencial, “estamos en problemas que terminan en lo que le pasó a la Argentina: inteligencia interna y en materia política, de acuerdo a opiniones de personas o por análisis y suposiciones que alguien hace. La inteligencia hacia adentro no reconoce límites, y por eso se hace hacia el propio partido de gobierno: la sensación de poder que da el instrumento es demasiado grande. En el caso de Argentina y del Presidente Macri, se ve un uso indiscriminado del poder, que instituye la impunidad y el uso espurio de su influencia, a partir de una primera señal que fue muy fuerte, cuando les dijo que no tenían que dar cuenta de los gastos reservados. Como señal para los que están en el tema es un vamo’arriba. Es una señal que significa que en el fondo todo es posible.” En el Uruguay, el presupuesto de SIE se definirá más adelante.
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