El Contador DIEGO ORTÍZ NO QUIERE "QUE LE VENGAN A PONER LEYES EN LA ESTANCIA"
jueves, 13 de diciembre de 2012
http://edgardotacuarembo.blogspot.nl/2012_12_13_archive.html
El 2 de Diciembre se reunió, por segunda vez, la Comisión Organizadora del Sindicato de Trabajadores Rurales en Pueblo del Barro. El día 3, el Cr. Ortíz dejó sin trabajo a uno de los integrantes de la organización. El motivo: no "quiere que le vengan a poner leyes en la estancia".
A partir de ahí, el Sindicato, con el invalorable apoyo y respaldo de unos cuantos compañeros y del PIT CNT, logró llevar a éste patrón al Ministerio de Trabajo en Montevideo. Acompañó y asesoró al trabajador el Dr. Antonio Ramauro. En la mesa también se sentaron el Cr. Ortíz (patrón), sus asesores y funcionarios del Ministerio. De acuerdo a lo previsto, éste tipo de audiencias se celebran con el objetivo de llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes. El trabajador reclamó volver al trabajo. El patrón se mantuvo en lo suyo y no acepto retomar al trabajador.
El 18 hay una segunda audiencia. Veremos que pasa. Puede que todo ésto termine en un juicio contra éste patrón.
QUE SE ESTÁ JUGANDO?
Varias cosas: -aunque la Federación Rural y la Asociación Rural lo minimicen, siguen existiendo patrones de ésta categoría: pretenden desconocer todas las leyes laborales, en éste caso no aceptaba que el trabajador tuviera su día de descanso (que, según la ley, debe ser, preferentemente, el domingo). Pero, además, la misma expresión que utiliza el patrón es bien clara: "no me venga a poner leyes en la estancia". O sea, pretende que a ese lugar (la estancia) no se le apliquen las leyes, y que, en lo posible, no venga nadie a alterar el "orden" que el procura mantener; -estamos hablando de un sindicato que recién empieza, en una zona rural donde no hay tradición de organización: ¿como les parece que incide ésta situación, en la cabeza del resto de los trabajadores ?
Puede que genere rebeldía y, ojalá, incremente la motivación para organizarse, a eso apuntamos. Pero también puede que , en algunas cabezas , prospere el miedo a perder el trabajo, a ser señalado como "del sindicato" y que eso lleve a la no participación, al no-compromiso. Creemos que sucederá lo primero: crecerá la organización; pero no hay que descartar lo segundo .
EL TRABAJADOR: Es un simple trabajador, que ya viene comprendiendo la importancia de la organización. Y por eso, frente al abuso patronal no dudó. Dijo: "vamos para adelante", "por que si recién estamos empezando y dejamos pasar ésta, para que estamos". Y así fue Hay que destacar su valentía. En otros casos simplemente se acepta la "liquidación" y a otra cosa.
EL MINISTERIO DE TRABAJO: En su rol de árbitro entre las partes cumplió bien. Estamos convencidos , además, que sus responsables son conscientes de lo que está en juego. Cr. DIEGO ORTIZ: Listado de empresas: ESTANCIAS: La Tortuga El Cordobés La Pava La Avestruz La Cuchilla Yaguarí El Cerro Rincón La Valija Arégulo Tercera Vista Cerro Formoso El Lago Bella Vista Suman 14 (no sé si se nos escapa alguna más). Y nos son chicas. Donde trabajaba el trabajador del asunto, es de 4000 hectáreas y trabaja sólo un peón. Habría que investigar un poco más, pero el apellido "Ortiz" no suena a gringo, a extranjero. Tiene toda la pinta de uruguayo. Además, el Cr., tiene un flota de camiones y un frigorífico en Durazno. Y si bien la "ignorancia de las leyes no sirve de excusa", recordemos que el Sr. es contador , egresado universitario y ha de conocer bien la legislación, se supone.
Trabajadores rurales. (archivo, marzo de 2012) Foto: Sandro Pereyra
Cascos de estancia
Trabajador rural despedido tras intentar formar sindicato; su patrón no quiere que le “vengan a poner leyes”
El
trabajador rural se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga,
ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el departamento de
Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con asalariados
de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato
de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y
Afines (Unatra), que integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la Unatra recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Ramauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono. Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Ramauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarem bó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.
“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reu nir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia. “Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Ramauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Ramauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la Unatra recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Ramauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono. Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Ramauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarem bó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.
“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reu nir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia. “Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Ramauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Ramauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.
No es novedad, en las estancias de Gallinal, Heber pasaba lo mismo, y los trabajadores rurales eran obligando a votar los Gallinal, Heber, eso viene pasando desde 50 decadas.
ResponderEliminarTodo es viejo y sabido.