Antonio Elías (*)
Está terminando un nuevo año y, casi naturalmente, tratamos de hacer balances de lo que ha sucedido, de evaluar nuestros aciertos y fracasos, pero fundamentalmente tratamos de imaginar los senderos del porvenir y pensar lo que será necesario hacer mañana. Ese proceso de reflexión necesario que abarca lo personal, lo familiar, lo socialmente cercano, también puede tener una dimensión mayor, en este caso nacional. Este artículo pretende, con las limitaciones del espacio, poner en cuestión lo actuado por el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio.
Siete años después. La derrota electoral de los partidos políticos tradicionales en 2005 no implicó una capitulación ideológica de la ortodoxia económica y el pensamiento único. Por lo contrario, el FA desdibujó su programa histórico de cambios en el marco de una estrategia “realista” que incluyó una amplia política de alianzas para captar el voto del centro político y la designación de un equipo económico que daba garantías al capital nacional y transnacional.
El "país productivo" que impulsaba el Frente Amplio como alternativa al llamado neoliberalismo, se transformó radicalmente en continuidad y profundización del mismo modelo que se aplicaba desde hace varias décadas con un énfasis mucho mayor en la inversión extranjera directa (IED). Se observa en Uruguay, así como en la región y en resto del tercer Mundo, una suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía nacional y modifica radicalmente nuestro entorno.
El proceso de concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros no es cosa nueva. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.
Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las ventajas otorgadas por el gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte proceso de extranjerización de los principales recursos del país, en los hechos predomina el proyecto del capital transnacional con un nuevo formato político. Como contrapartida se pierde cada vez más el control nacional del proceso productivo y se cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían generar condiciones para repensar el desarrollo nacional sobre bases más autónomas.
La piedra angular de la propuesta era y es atraer inversión extranjera. El modelo que impulsa desde hace siete años la conducción económica asume como premisas que: a) el crecimiento de un país depende de las inversiones (argumento indiscutible, aunque debería precisarse el tipo, calidad y objetivo de las mismas); b) en el país no hay ahorro disponible para realizar esas inversiones; c) se requiere inversión extranjera, la cual vendrá al país si se cumplen ciertas condiciones imprescindibles: estabilidad macroeconómica, cumplimiento estricto de las reglas de funcionamiento del mercado definidas por el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial de Comercio.
El modelo dominante continúa impulsando cambios institucionales que apuntan al debilitamiento de la capacidad de intervención del Estado, en particular en los aspectos referidos a las fronteras económicas nacionales y las regulaciones del mercado, a la vez que aprueba políticas de incentivos económicos a la inversión extranjera, tales como las generalizadas zonas francas y la declaración de proyecto de interés nacional, en ambos casos los impuestos se reducen a un mínimo absoluto.
En síntesis, la política económica llevada adelante por el FA se caracteriza por la aplicación de las reformas de segunda generación del Banco Mundial favorables al libre mercado lo que ha provocado un proceso de neocolonización y primarización de la economía.
Se ha reducido la pobreza y la indigencia, en buena medida, por el arrastre del crecimiento económico y, en parte, por las políticas asistenciales, pero no hubo cambios estructurales que garanticen la continuidad de esta situación de mejoría en épocas de “vacas flacas”.
Sus mayores logros estuvieron relacionados con los trabajadores organizados, tanto en el aumento de los derechos como en las mejoras en los niveles de ocupación y salariales. La incapacidad macroeconómica. El principal error de las políticas macroeconómicas es el atraso cambiario que afecta muy negativamente tanto la competitividad de la producción nacional en el mercado interno (compite con productos importados) como en los mercados de exportación.
Las políticas que buscan reducir la inflación bajando el valor del dólar a fin de que los precios internacionales frenen el crecimiento de los precios internos han fracasado estrepitosamente en nuestro país, como lo demuestran las macro devaluaciones de 1982 y 2002.
El segundo gran error, asociada al anterior, es haber fijado sistemáticamente niveles de inflación futura mucho menores que la inflación real, lo que ha hecho perder credibilidad al equipo económico y a hecho perder salario a los trabajadores. En efecto, las políticas que impuso el gobierno de negociar los aumentos salariales por la inflación futura (una estimación que siempre da un valor menor que la inflación pasada) provocan que los salarios reales no aumenten como correspondería de acuerdo a la inflación real.
El tercer gran error, es la transformación de una parte muy importante de la deuda pública en dólares en deuda en Unidades Indexadas (pesos actualizados por el IPC) en un contexto de inflación creciente y de políticas proactivas del gobierno que desvalorizan el dólar, lo que ha generado beneficios extraordinarios a los inversores y las correspondientes pérdidas al Estado.
Piense usted por ejemplo las ganancias que realiza aquel que vendió mil dólares a $ 22 y los coloca en Unidades Indexadas con una inflación anual de 9 por ciento obteniendo $ 23.980 y, cierra la operación cambiando las unidades indexadas por dólares a $ 19,5 obteniendo una ganancia de 229 dólares (un interés anual de 23 por ciento). Increíble pero cierto, ese altísimo interés lo paga el Estado uruguayo.
El cuarto error, es asumir la visión de los empresarios sobre la relación entre salario, productividad e inflación. El criterio de que los salarios deben aumentar en función de la productividad asume el supuesto de que en un momento dado esta claramente definida cual es esa productividad y que se paga adecuadamente el valor de la misma. Ergo lo que suceda después son desviaciones de un supuesto equilibrio económico. Lamentablemente para los que sostienen esas posiciones no existe información estadística que pueda demostrar eso científicamente.
El salario se fija por dos elementos básicos de cualquier mercado: la oferta y la demanda condicionada por un conjunto de reglas como, por ejemplo, los fueros sindicales, los consejos de salarios, la negociación colectiva, etc., que inciden en la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital. La lucha por la distribución del valor generado entre el trabajo y el capital no se define midiendo la productividad.
Lo anterior enlaza con la inflación porque se sostiene que cuando el salario aumenta más que la productividad se generan procesos inflacionarios, debido a que: por un lado, aumentan la cantidad de dinero disponible más que la cantidad de productos, por lo cual aumentaría los precios; por otro, lado, los empresarios para mantener sus beneficios aumentan los precios.
El equipo económico en su peor momento. Hemos sostenido y fundamentado desde la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU) que las políticas que impulsa el equipo económico no tienen nada que ver con el programa histórico de la izquierda uruguaya, ni tampoco con el proyecto de país productivo con justicia social que impulsa el PIT-CNT. El equipo económico asumió el proyecto del capital en su formulación más difundida, las reformas de segunda generación del Banco Mundial con la apertura irrestricta al capital extranjero.
La Ley que habilita la Participación Publico Privada es parte de un proceso de mercantilización de áreas que eran exclusivas del Estado, como las cárceles, los hospitales y los centros educativos; a la vez es un proceso de extranjerización porque la experiencia en esos ámbitos solo la pueden tener empresas extranjeras y de tercerización porque esos servicios los brindaran trabajadores privados y no públicos.
El caso PLUNA, sin embargo, tiene dimensiones y facetas que no encuadran en una contraposición de modelos económicos y es mucho más que una contraposición ideológica entre izquierdas y derechas. En el caso PLUNA se violaron casi todas las reglas establecidas para quién debe actuar con responsabilidad republicana: comenzando por una cláusula de “indemnidad” que liberó a Matías Campiani de juicios y reclamaciones; siguiendo con el cierre de la empresa, la estafa de las vacaciones de julio a miles de familias uruguayas, el no pago de los pasajes comprados por los usuarios; la modificación arbitraria de la ley de quiebras; la presentación de “Cosmos” en el tinglado de la subasta; siguiendo con las fotos del Ministro de Economía comiendo con López Mena y el hombre escondido en el segundo nombre y el segundo apellido; la controversia con la garantía acordada, a pedido ministerial, y sin los tiempos necesarios para un estudio en profundidad, etcétera. ¡Inadmisible!
Los garantes de la estabilidad de las reglas violaron las reglas establecidas por ellos mismos, pero no solo se mantienen todos en sus cargos, sino que además cuestionan a viva voz y duramente, tanto, al Presidente de la República, por haber planteado el subsidio a los combustibles en una sola empresa (la que integrarían los trabajadores de PLUNA); como, a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) por acordar pautas salariales con la patronales tomando como base una inflación esperada mayor (7 por ciento) que el número mágico inventado supuestamente para crear expectativas antinflacionarias (5 por ciento).
Se habla de importantísimos cambios estructurales en el campo que implican grandes avances en el desarrollo del país, pero el Censo Agropecuario ( ) recién presentado muestra que esos supuestos avances han costado que 12.241 establecimientos rurales en actividad en el año 2000 dejaran de producir para el año 2011, cuando solo quedan 44.890 establecimientos. El 91% de los que dejaron la actividad son explotaciones menores de 100 hectáreas: pequeños productores. Como contrapartida, de esta reforma agraria al revés de la que planteó históricamente la izquierda, aumentan sustancialmente la concentración y la extranjerización de la tierra.
Todo esto es muy grave, a la notoria pérdida de credibilidad de un equipo económico que en nombre del supuesto conocimiento científico ha impuesto las reglas de juego del proceso económico y de múltiples políticas públicas al resto del gobierno se suma la inacción del Presidente de la República que no pidió la inmediata renuncia de los involucrados.
4.- Es hora de cambiar la línea económica y los hombres que la llevan adelante. En el marco de una económica nacional cada vez más dependiente del mercado internacional - que se caracteriza por profundización de la crisis - y de una situación social muy vulnerable como lo demuestra un reciente estudio ( ) que afirma que 370 mil personas caerían en la pobreza “en una crisis económica o en cualquier ciclo que empiece a bajar el PBI” ( ) parece imprescindible que la conducción económica del país éste en otras manos.
Es hora de apostar por un equipo económico que piense y organice la economía uruguaya en clave de soberanía y no de apertura irrestricta, el país productivo en clave de industrialización y no de primarización, la distribución del ingreso en clave de justicia social y no de subsidios al capital, la lucha contra la pobreza en clave estructural y no asistencialista.
Es hora de tener un equipo que maneje las variables macroeconómicas para impulsar el desarrollo productivo y la competitividad, que controle la inflación y no recurra al atraso cambiario, que no siga endeudando al país en Unidades Indexadas pagando altísimos intereses y tirando para las generaciones futuras la deuda creciente, que no acumule reservas para perder en la próxima crisis cuando es necesaria tanta inversión en infraestructura para el desarrollo social como la destinada a la educación, la salud, las cárceles (los derechos humanos, como tales, son para todos) y para el desarrollo productivo, tales como la energía, el transporte carretero y ferroviario, entre otros.
Es hora de que dirija la economía un equipo que tenga credibilidad para el conjunto de la sociedad y creatividad para impulsar procesos de cambio. Las recetas del “Consenso de Washington” y su complemento, las reformas institucionales de segunda generación del Banco Mundial están agotadas. Los aprendices de brujo que negocian y acuerdan con empresarios nacionales y extranjeros el destino del país, han demostrado en temas fundamentales, como el transporte aéreo, su absoluta impericia.
En los primeros tres años del gobierno del Frente Amplio los cuestionamientos al equipo económico, como el que se está realizando ahora, eran parte de lo disputa por la hegemonía en un gobierno policlasista que expresaba mayoritariamente los intereses del capital pero donde estaban representados, aunque en forma menor, los intereses de los trabajadores. La REDIU - fundada como respuesta al acuerdo firmado en junio de 2005, con el FMI – publica su primer libro en 2006 “Otro camino económico es posible y necesario”.
Luego del rechazo al TLC con Estados Unidos, última clara expresión de la disputa por la hegemonía, el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se muestra monolíticamente unido junto al equipo económico y su modelo. La REDIU publica en 2008 su segundo libro: “Un golpe de Timón” cuestionando al gobierno en su conjunto.
En las elecciones internas durante el proceso de definición del candidato a presidente del FA se sostuvo que la candidatura de Mujica creaba las condiciones para cambiar el equipo económico y su rumbo. No fue así, la línea económica se consolidó. La REDIU publica a fines de 2010 su tercer libro: “La Torta y las Migajas”, donde demuestra las enormes desigualdades que genera un modelo basado en las exportaciones de bienes primarios caso sin valor agregado, la concentración de la tierra, las exoneraciones impositivas al capital y la extranjerización de las propiedades.
En este segundo gobierno del FA no existe una disputa por la hegemonía del trabajo sobre el capital, ni un rumbo alternativo al actual, solo existen matices menores sobre algunos instrumentos económicos, básicamente tributarios. El modelo se consolida su respaldo político pero muestra todas sus limitaciones.
El desacuerdo con estas políticas crece al interior del FA, decenas de miles de militantes votaron en blanco en las internas, muchos más marcaron su discrepancia no participando en dicha elección. Compañeros que han luchado, militado y confiado en el proyecto histórico frenteamplista no aceptan pasivamente que el FA sea nada más que instrumento de uno pocos para administrar y profundizar el capitalismo.
Esa es la novedad que pone en cuestión el monolítico discurso autocomplaciente del gobierno y la dirección del FA y exige un cambio de rumbo. La actual soberbia dirigente lastima la concepción artiguista y seregnista, el autoritarismo ramplón de quién tiene mayorías absolutas nada tiene que ver con la fuerza de la razón y menos aún con la concepción libertaria que dice tener el ciudadano presidente. La impunidad de los gobernantes no es parte del ideario frenteamplista, ni de la cultura de nuestro pueblo. Ojala que estemos equivocados y haya aún suficientes reservas ideológicas, intelectuales, éticas y republicanas al interior del FA para realizar los cambios que el país necesita.
(*) Integrante de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay
Publicado en el semanario “VOCES”, Montevideo, 13 de diciembre de 2012
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