El año de los grandes juicios

DDHH Argentina 
 Por Marcela Valente

BUENOS AIRES, dic (IPS) - Sin gran impacto mediático, la justicia de Argentina finaliza el año de mayor actividad respecto de las actuaciones por los crímenes contra la humanidad perpetrados por la última dictadura, tres décadas después de su fin. Represores de toda la escala de responsabilidades fueron condenados por decenas.

 Datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado indican que casi 400 represores fueron llevados ante los tribunales este año, 86 de los cuales recibieron sentencia, 72 por primera vez.

Los acusados, en su mayoría exmilitares y expolicías, responden por delitos contra la humanidad, como secuestros, detenciones ilegales, torturas, ataques sexuales, apropiaciones de menores, homicidios y desapariciones forzosas.

"La política de acumulación (de casos) que implementamos está dando resultado", dijo a IPS el fiscal coordinador de la Unidad, Pablo Parenti. "Más que la cantidad de juicios, lo importante es que aumentó la cantidad de acusados en cada causa", remarcó.

El enjuiciamiento a la represión dictatorial, iniciado apenas se recuperó la democracia en 1983, se reanudó solo en 2006 luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de "obediencia debida" y "punto final", promulgadas en la segunda mitad de la década del 80 y de los indultos firmados por el presidente Carlos Menem (1989-1999) apenas comenzado su mandato.

La lista oficial de personas detenidas desaparecidas entre 1976 y 1983, que se mantiene siempre abierta por la continua suma de nuevas denuncias, indica que ya superan las 12.000, aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen desde siempre que rondan las 30.000.

Los primeros casos que pudieron ser pasados a juicio oral y público, tras las investigaciones e instrucciones, tenían uno o muy pocos acusados y por una reducida cantidad de víctimas, todos rasgos que desvirtuaban y alargaban el proceso y fatigaban a testigos y sobrevivientes.

Este año, sin embargo, se resolvió en diversas causas acumular expedientes de delitos cometidos dentro del mismo centro clandestino de detención o de un mismo distrito militar y, entonces, los acusados pasaron a ser decenas en cada juicio.

"Cuando se puso en marcha la Unidad (en 2007), había mucha dispersión", contó el fiscal Parenti. "Algunos juicios tenían el valor de ser los primeros y había que apoyarlos, pero eran contra uno o dos acusados", añadió.

Frente a ese panorama y con instrucciones de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad diseñó una serie de medidas para acumular expedientes conexos de manera de lograr juicios significativos en plazos razonables, añadió.

"Hubo resistencia de jueces y fiscales, porque nuestra administración de justicia está acostumbrada a trabajar en pequeña escala, con menores volúmenes de prueba, pero al final se está avanzando y eso lo vimos reflejado este año", remarcó Parenti.

Uno de los juicios más grandes y emblemáticos que comenzó en noviembre fue el que reúne todas las atrocidades cometidas en la hoy desactivada Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el centro clandestino de detención que tenía la marina de guerra en la ciudad de Buenos Aires y por donde pasaron unos 5.000 prisioneros.

En 2007 había sido elevado a juicio oral el caso de un solo acusado de la ESMA, el prefecto Héctor Febres, quien se suicidó en vísperas del veredicto. En 2011 fueron condenados otros 16 represores de ese centro en un segundo juicio.

Pero el proceso de este año sentó en el banquillo a 68 imputados, entre ellos seis ex oficiales que pilotaron aviones en los "vuelos de la muerte", como se llamó al transporte aéreo de detenidos que eran arrojados vivos al Río de la Plata o al océano Atlántico.

En ese proceso actualmente en curso, identificado por el tribunal como causa "ESMA unificada", se está enjuiciado a ese más vasto número de represores por delitos cometidos contra 796 víctimas, una cantidad acumulada sin precedentes.

A comienzos de este mes arrancó en la provincia central de Córdoba otro proceso a gran escala en el que se unieron 16 expedientes contra 46 represores y por 450 víctimas. Este juicio, como el de la ESMA, culminará en 2013.

El tercer juicio oral de gran magnitud que comenzó en las últimas semanas de este año se tramita en la noroccidental provincia de Tucumán, con 43 acusados y 235 víctimas. La justicia unificó los casos de detenidos en dos grandes centros de detención.

Finalizó esta semana con 23 condenas, 16 de ellas a cadena perpetua, el juicio contra represores de la oriental provincia de Buenos Aires, que aglutinó los casos de 280 víctimas en seis prisiones ilegales, en un proceso llamado Circuito Camps, por el nombre del entonces jefe de la policía del distrito, el ya fallecido Ramón Camps.

Según datos de la Unidad Fiscal, actualmente están en curso 20 juicios por delitos de lesa humanidad. "Hasta 2008 solo había 70 condenados y ahora ya hay 339" hasta noviembre, detalló Parenti. No obstante, el fiscal no está conforme con el ritmo de los procesos.

"Se avanza, pero ojo con creer que ya está. Falta mucho, tenemos casi 1.000 procesados y, si bien se están haciendo juicios más grandes, el ritmo deja mucho que desear. Hay procesos con audiencias dos veces por semana", protestó.

Parenti remarcó que la acumulación de causas sirve para dar a la cosa juzgada una visibilidad más acorde al delito. "Al ver el conjunto y no las partes sueltas, se pone en escena la magnitud del terrorismo de Estado", subrayó.

El fiscal consideró que la suma de casos también ayuda a reconstruir el fenómeno en un contexto amplio. "No es lo mismo acusar a 50 que a uno o dos". La valoración de la prueba se vuelve, además, más sencilla con más casos que refuerzan testimonios.

La Unidad se apoyó mucho también en una serie de reglas prácticas fijadas este año por la Cámara de Casación Penal para agilizar juicios complejos, con muchas víctimas. Esas reglas recomiendan cómo proceder.

Una de las cuestiones en las que más se insiste es en el traslado de prueba a través de versiones en video, de manera de no revictimizar a testigos y sobrevivientes que están declarando una y otra vez en múltiples causas desde hace más de tres décadas.

En otro orden, el fiscal mencionó que está preocupado por la falta de control eficaz sobre los condenados con prisión domiciliaria por razones de edad o enfermedad –38 por ciento del total de condenados- que suelen ser vistos en la calle en salidas que no cuentan con el debido permiso.

Por último, mencionó que, si bien "se agilizó un poco" el proceso de revisión de sentencias, aún son pocas las que quedan firmes. De 339 condenados, solo a 50 no le quedan instancias de apelación, mientras que el resto aguarda la confirmación, en algunos casos desde 2009.

"Ese es otro gran desafío en el que tenemos que trabajar. Para que una vez finalizado el juicio oral, la sentencia definitiva, que debe venir de instancias superiores, llegue lo antes posible", definió.