Playa Ramírez en riesgo por vertidos tóxicos
Las obras para la construcción del Muelle C en el puerto de Montevideo avanzan viento en popa. No obstante, este desarrollo se lleva por delante al medio ambiente y la empresa encargada de la obra muestra pocos pruritos a la hora de arrojar lodo cargado de minerales tóxicos a metros de la playa Ramírez, la más popular de la capital.
Saben que su playa está habilitada para baños, lo que en buen romance significa que el nivel de contaminación no supera el mínimo establecido a nivel internacional para ser considerada peligrosa. Sin embargo, no saben que esto no quiere decir que esté limpia de tóxicos, ya que durante el invierno la empresa belga Dredging volcó los lodos tóxicos extraídos de la obra del puerto de Montevideo a pocos metros, en la zona de la Boya de Barro, frente a la playa del Gas.
Así lo comprobó la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tras una denuncia que llegó por varias vías. El Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (Ceddhhu), una organización no gubernamental identificada con la derecha, fue la primera en denunciarlo a comienzos de este año. En forma simultánea, el fiscal Enrique Viana ingresó a la Justicia un pedido de no innovar para que se detuviera el dragado, mientras que el edil nacionalista Edison Casulo planteaba el tema ante la Junta Departamental y convocaba a las autoridades municipales.
Todo fue inútil. El dragado continuó sin pausa y casi cuatro millones de metros cúbicos de lodo, contaminado en su mayor parte, fueron arrojados al Río de la Plata.
Burocracia al día
“Las playas van a estar habilitadas como todos los años. Eso no está en duda”, repiten los jerarcas municipales. Dicen estar tranquilos, pero a diferencia de otros años, esta vez se subieron a un barco y el 12 de octubre tomaron muestras de los alrededores de la Boya de Barro, donde la empresa belga Dredging International arrojó parte de los residuos del dragado.
La intención es enviar las muestras a Canadá, donde el prestigioso laboratorio Act Labs tendrá la última palabra. “Nosotros siempre tomamos muestras de agua. La diferencia es que esta vez lo hicimos en ese lugar específico. Tenemos que controlar el impacto de la obra, pero la playa va a estar habilitada”, explicó a Caras y Caretas la directora del Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Gabriela Feola.
Pero como parece suceder en cada esquina del país, la maldita burocracia puede más y todavía no están aprobados los recursos. Según Feola “está todo acordado. Sólo falta que Contaduría nos apruebe la transferencia bancaria. Es sólo un tema burocrático”.
Mientras se espera que la maquinaria se ponga en marcha, las muestras de sedimento de la playa Ramírez tomadas por los técnicos de la comuna en los últimos años demuestran que los valores de plomo y cromo se disparan en invierno, cuando se realiza el dragado y se retraen en la temporada estival, cuando las obras están detenidas.
En julio de 2009, antes de comenzar, el promedio en la Ramírez era de 180 miligramos de plomo y 23 de cromo por kilo de sedimentos. Dos años más tarde, con las tareas ya iniciadas, los valores se dispararon a 329 y 48 miligramos, respectivamente. En enero de este año, volvieron a bajar a 71 miligramos de plomo y 12 de cromo, pero en julio, en pleno desarrollo de las obras, retornaron a 300 y 50 en forma respectiva.
Responsables se buscan
Las obras en el Muelle C están a cargo de un consorcio integrado por Dredging International, Soletange-Bachy y Saceem, pero el dragado correspondió a la primera de las tres empresas. Según comprobó la Dinama, Dredging no respetó la exigencia de trasladar los lodos detrás de la isla Martín García y volcó parte en la zona de la Boya de Barro.
Esto determinó que se planteara una sanción de 1.500 Unidades Reajustables (UR;; equivalen a 46.201,50 dólares) a la Administración Nacional de Puertos (ANP), que está dispuesta a ir contra la empresa cuando llegue el momento. “Nosotros apelamos la resolución de la Dinama porque tenemos información de Dredging que indica que las dragas no pudieron pasar cargadas por la zona de la Boya de Barro, entre otras cosas por su escasa profundidad”, indicó a Caras y Caretas el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez. Sin embargo, reconoció que la investigación de la Dinama contradice esa versión y cree que “alguna multa va a haber porque en algún momento, algo tiraron”. En ese sentido, dejó claro que aunque Dredging se haga cargo, “vamos a pagar nosotros”.
Pero la ANP no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados sino que incluirá el tema en “un bolsón” a discutir con la empresa cuando terminen los trabajos. La clave es que la compañía adjudicataria de la obra no sólo tiró lodos contaminados donde no debía sino que su excavación llegó a mover un edificio propiedad de la ANP, donde funcionaba la Dirección de Flota y Dragado.
“Tuvimos que evacuar el edificio. Éstas son cosas que después tendremos que discutir para ver quién se hace cargo, pero está claro que ahora pagamos nosotros”, concluyó el jerarca.
Parte interesada
En medio de este conflicto de intereses que tiene como principal víctima al medio ambiente, apareció como uno de los principales actores una ONG que juega fuerte en favor de intereses políticos vinculados a la derecha. El Ceddhhu, que entre otras acciones presentó meses pasados una demanda contra la dirección tupamara previa a la dictadura y pidió transformar la ex Cárcel del Pueblo en un museo, fue la primera en denunciar las irregularidades cometidas por la empresa contratada por la ANP.
Andrés Merino, quien además de representar al Ceddhhu es convencional del Partido Colorado y asesor del Centro Militar, aseguró a Caras y Caretas que el informe original elaborado por la consultora Hytsa para la ANP “tenía más agujeros que un queso gruyère”. En ese sentido, consideró que no había garantías de que la contaminación generada por la obra pudiera ser controlada, pero la situación se agravó cuando la empresa ni siquiera respetó las exigencias de la Dinama.
Entre demandas y descargos, el proceso de denuncia ante la Dinama y su pronunciamiento llevó todo 2012 y el dragado llegó a su fin. Sin embargo, el Ceddhhu insistirá en que se suspenda la Autorización Ambiental Previa (AAP) para toda la obra, dado que en su otorgamiento se advirtió que cualquier incumplimiento podría hacerlo caer.
En su afán por detener el avance en el desarrollo del puerto, los representantes del Ceddhhu llegaron a contactarse con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay para reclamar que corten los recursos. En una carta enviada al jefe de Operaciones del organismo en Uruguay, Juan José Taccone, la ONG apuntó: “Se ahorraron muchas horas de trabajo y combustible, que sin duda se reflejan en cifras millonarias. Tenemos la presunción de que ese ‘ahorro’ no estaría previsto en la ecuación original del préstamo del BID y solicitamos a usted la realización de una auditoría que arroje luz en ese sentido”. Merino advirtió que “aquí hay una diferencia de dinero porque los lodos fueron arrojados mucho más cerca de donde establecía el plan original. Si no hay una intervención efectiva, tendremos que ir a Washington y terminaremos con una denuncia penal”.
El BID, sin embargo, no ha dado ninguna respuesta. Taccone prefirió mantenerse en reserva y ante la consulta de Caras y Caretas a la institución, el único comentario de fuentes allegadas fue que “el BID sigue este tema con atención porque es el que aporta los recursos, pero lo hace de la misma manera que sigue todas sus inversiones”. Respecto de lo que pasó con los vertidos, consideran que “se trata de un tema interno del gobierno. Corresponde que sea la Dinama la que se pronuncie y el gobierno el que solucione la situación. Esto no quiere decir ni que estemos ni que no estemos preocupados, pero no corresponde que nos pronunciemos”.
Millones de metros cúbicos
Mientras todos se pasan la pelota sobre la responsabilidad del daño medioambiental, la realidad es que el lodo contaminado arrojado al Río de la Plata abarca millones de metros cúbicos. El informe original elaborado por la consultora Hytsa reconocía que para construir el Muelle C y la explanada sería necesario remover 3.685.000 de metros cúbicos que contenían “concentraciones significativas de contaminantes (metales pesados, hidrocarburos, materia orgánica) en las capas superiores de material a remover en el área posterior del recinto portuario”.
De esos 3.685.000 de metros cúbicos, 250 mil serían aptos para el relleno de la estructura del Muelle C y los restantes 3.435.000 serían revertidos al río en zonas de descarga ubicadas cerca de la Isla de Flores. La propia ANP admitió en un informe adjunto que “los niveles de contaminación en las capas superiores de fango del Muelle C y adyacencias para el plomo, cromo, cobre y zinc superan, aunque moderadamente, el nivel I de las recomendaciones españolas”. Gran parte de esos sedimentos quedaron por el camino, a pocos cientos de metros de la playa Ramírez.
Pese a la situación planteada, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Juan Canessa, dejó claro a Caras y Caretas que “la habilitación de la playa no está en duda porque los muestreos dejan los niveles dentro de los parámetros normales”. En la misma línea el director de Saneamiento, Néstor Campal, agregó que la contaminación “no necesariamente tiene que ver con la obra en forma exclusiva”, por lo que la IM intentará determinar el peso que tuvo el vertido de lodos en la zona de la Boya de Barro sobre el cambio en los valores de la playa Ramírez.
Zonas de sacrificio: Huasco (en Chile)
Firma para terminar con las Zonas de Sacrificio en nomaszonasdesacrificio.cl
Ver además: El Muerto ||| Playas podridas
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