Ese botón no se toca

07 Febrero 2014

Escrito por: Samuel Blixen

Dura polémica entre Constanza Moreira y Fernández Huidobro por presupuesto militar 

 ¿Dónde están los verdaderos enemigos para algunos gobernantes; en qué lado de la vereda están parados? Alguien podría suponer que los agravios del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la senadora Constanza Moreira, precandidata del fa a la Presidencia, reflejan la temperatura de la lucha intestina en la coalición progresista. Sin embargo, la reacción intempestiva del “Ñato” ante la opinión de Moreira de que es imperativo reducir el presupuesto militar sugiere posturas políticas –y compromisos– que van más allá de una tensión preelectoral. Se supone que los “compañeros” tienen códigos –de respeto, de honestidad– para dirimir las diferencias internas. Sin embargo, el ministro Fernández Huidobro se permitió calificar de “ignorante” a la senadora Moreira en un intercambio con periodistas y en presencia del general Juan Villagrán, que acababa de asumir como comandante en jefe del Ejército (y que en su discurso, dicho sea de paso, remachó un “punto final” para la cuestión de los desaparecidos, lo que no está fuera de contexto). La senadora había escrito una columna sobre el presupuesto militar (“Fuerzas Armadas: los puntos sobre las íes”) y los periodistas le preguntaron a Fernández Huidobro qué opinión le merecía. “Los que dicen que el Ejército no sirve absolutamente para nada es un insulto y una ignorancia tremenda, supina. No voy a aceptar que se diga esto; esta posición salió derrotada por paliza en el Congreso.”
En esta ocasión el ministro parece haber ido más allá de su conocido estilo revulsivo; sus afirmaciones contienen dos inexactitudes, de ninguna manera accidentales: Moreira no argumentó, en ningún momento, que las Fuerzas Armadas no sirvieran para nada (fundamentó, en cambio, que sus dimensiones son excesivas en tiempos de paz, sin enemigos a la vista, y con otras prioridades sociales); y tampoco es cierto que la posición de reducir el presupuesto militar fuera derrotada por paliza en el Congreso del fa.
De hecho, hasta último momento las propuestas de la Comisión de Programa referidas a las Fuerzas Armadas –sobre reducción del presupuesto y sobre modificación de la estructura de jubilaciones militares– contaban con el respaldo de los delegados del mpp, el Partido Socialista, el pvp, el Partido Comunista y la Vertiente Artiguista. Pero en las instancias decisivas, al Congreso –según explicó la senadora a En perspectiva, de radio El Espectador– “no le dio la energía, de la misma manera que no le dio para el 6 por ciento de la educación, se quedó unos pasos antes de asumir compromisos”, en referencia a la reducción de efectivos militares y a la modificación de la ley orgánica. En realidad no flaqueó la energía entre los congresales; fue la arremetida de último momento de los dirigentes, que impusieron su voluntad, como lo vienen haciendo sistemáticamente.
La dificultad para justificar que el Ministerio de Defensa (mnd) concentre una porción del presupuesto equivalente a los presupuestos de Vivienda, Transporte y cancillería juntos, activa esa tendencia, cada vez más frecuente, a descalificar con consignas, como lo hizo el diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti al propinarle el mote de “voluntaristas seudorradicales” a los militantes del grupo Ir que compartían las inquietudes de Moreira. En la escalada, el ministro arremetió contra la senadora y entonces la lucha intestina se desbordó con la reacción del diputado del pvp Luis Puig, quien comentó que Fernández Huidobro atacaba a Constanza Moreira “con la misma fuerza que defiende a los asesinos y torturadores”.

VACANTES Y AUMENTOS. Por más que los decibeles de la controversia respondan a la coyuntura preelectoral, hay una base objetiva que desnuda las contradicciones del Frente Amplio respecto de las Fuerzas Armadas y de los militares. En una carta dirigida a la Mesa Política del Frente Amplio en octubre de 2012, la senadora del Espacio 609 reclamaba la definición de una política concreta en relación con las Fuerzas Armadas, para ser analizada y aprobada en el Congreso que definiría el programa del fa para las elecciones de 2014. Señalaba: “Siempre se produce un desfase entre los compromisos programáticos y la plataforma electoral. Eso sucedió, por ejemplo, con la prioridad asignada a la seguridad pública en el presupuesto de este período. Durante la campaña electoral, el comando de campaña (que yo integraba) decidió esta prioridad presupuestal, que luego fue aprobada en alguna instancia política, y terminó condicionando los cinco años de gobierno”. Constanza Moreira quería evitar “los problemas de negociación entre ministerios (y ministros con distinto poder de negociación) y el rol del Parlamento como mediador entre organismos y Estado (con la decisión en última ratio del Ministerio de Economía)”.
Así ocurrió con los “ahorros” en el presupuesto de Defensa, una situación que detalló en la carta y que reiteró en la Comisión de Presupuesto del Senado. La sana política de no llenar las vacantes tuvo una excepción con el mnd, que la senadora calificó de “privilegio que ningún otro ministerio conserva”. El Parlamento autorizó que el ahorro producido con las vacantes se destinara al aumento de los sueldos más sumergidos, con lo que el peso presupuestal del ministerio seguía siendo el mismo (aunque de hecho se incrementó con partidas adicionales.)
En 2010 se produjeron 854 vacantes, de modo que en 2011 se incrementaron los salarios de los escalafones inferiores, y un soldado pasó a ganar 13.557 pesos mensuales. Pero el ahorro de las 1.415 vacantes producidas en 2011 fue destinado en 2012 a incrementar los sueldos de los oficiales superiores. El aumento en el sueldo de un comandante fue superior al total del sueldo de un soldado; los generales recibieron 12.049 pesos de aumento y los coroneles 9.700. En total –y aun con las notables diferencias dentro del escalafón entre oficiales y soldados– los militares recibieron un aumento del 22 por ciento por encima del 8,60 que el gobierno concedió al resto de los funcionarios públicos. Constanza Moreira le señalaba a la Mesa Política que los docentes de enseñanza primaria y secundaria necesitaron siete años para obtener los incrementos que los militares obtuvieron en dos.
Los dirigentes del Frente Amplio no tomaron en cuenta las advertencias de la senadora sobre los privilegios a los militares. El ahorro por vacantes destinado a aumentar sueldos significó una redistribución de 213 millones de pesos. Pero además el mnd obtuvo partidas adicionales por otros 178 millones. En el informe económico financiero elevado al Parlamento, el mdn explicó sólo el destino de 30 millones de pesos para financiar el control perimetral de las cárceles. Y evitó abundar en el destino de otras partidas, lo que llevó en su momento a la senadora a denunciar una política de ocultamiento del ministro Fernández Huidobro. A saber: partidas para recompensar al personal que desempeña funciones en la policía aérea nacional debido al “incremento de la actividad aérea en el país” (aunque, como mencionó la senadora Moreira, la actividad aérea ha disminuido drásticamente como resultado del quiebre de Pluna); para compensar al personal que se desempeña en el grupo K-9 San Miguel Arcángel, de Perros de Trabajo Militar, que se dedica a la detección de explosivos “en un país donde rara vez se tienen episodios de este tipo”; para el personal de la Compañía Especial Antiterrorista del Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, “comando creado en 1978 para ‘cazar’ uruguayos aunque ahora parece dedicarse al ‘rescate de rehenes’ en un país donde no se producen circunstancias de este tipo”; para aumentar la compensación que recibe el personal superior y subalterno embarcado (“por estar embarcados”); y para el incremento y salarización de las partidas que reciben quienes están en misiones en el exterior. De los 178 millones, o los 213 millones de ahorro, la senadora solicitó al ministerio un ajuste que permitiera utilizar entre 40 y 52 millones de pesos anuales para destinarlos a la Universidad con vistas a financiar el retorno y la permanencia en el país de unos 40 científicos que regresan por año. “Creemos que es una prioridad nacional el retorno de nuestros científicos”, pidió Moreira en una carta que por supuesto no prosperó.

PRIVILEGIOS. Así, con esos ahorros y esas partidas suplementarias, el Ministerio de Defensa concentraba el 4,2 por ciento del presupuesto total del Estado, sólo superado por el Ministerio del Interior (5,1 por ciento); pero en los hechos el gasto militar aumenta en un 50 por ciento si se suma el déficit de la Caja Militar, es decir, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. En materia de jubilaciones, los militares acumulan privilegios varios: los oficiales pueden retirarse con 25 años de servicio (computando por dos cada año de servicio en el exterior) y con el 100 por ciento de su sueldo en actividad (es más, en el momento de jubilarse acceden al grado inmediatamente superior, salvo el teniente general porque por encima de él no hay más grados); a ello se suman beneficios adicionales en calidad de docentes. Los simples mortales civiles deben trabajar al menos durante 30 años para cobrar el 50 por ciento del promedio de su salario de los últimos diez años de actividad.
Aun cuando la necesidad de eliminar estos privilegios obtuvo consensos a distintos niveles en las estructuras del Frente, las cúpulas dirigentes siempre abortaron la iniciativa de modificar la ley orgánica. El ministro Fernández Huidobro se ha opuesto sistemáticamente, pero nadie, en realidad, justifica la permanencia de estos privilegios, nadie es capaz de defenderlos. Sólo la propia Caja Militar, con un sentido muy corporativo, avanza en argumentos, según se lee en su página web: “El militar tiene otros deberes y otros derechos; obedece a otras leyes, tiene otros jueces; viste de otra manera, hasta habla y camina en otra forma. Él está armado, tiene el privilegio de estar armado, en medio de los ciudadanos desarmados”.
Para ser honestos, hay que reconocer que, a diferencia de algunos dirigentes, principalmente del mpp y de la Vertiente Artiguista, que al principio acompañaban las iniciativas, los senadores Carlos Baraibar, de Asamblea Uruguay, y Rodolfo Nin Novoa, de Alianza Progresista, fueron coherentes en su oposición a modificar la ley orgánica para eliminar privilegios jubilatorios, y a reducir el presupuesto del mnd. A diferencia de lo que ocurrió con Constanza Moreira, el precandidato presidencial Tabaré Vázquez no fue calificado como un “ignorante supino” por más que levanta la bandera del 6 por ciento del pbi para la enseñanza, propuesta que fue “derrotada por paliza” en el Congreso. Pero, ¿quién le enmienda la plana a Tabaré, el único que le asegura puestos de trabajo a un ejército de militantes transformados en funcionarios?

Calamidades climáticas.

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 Política 7/2/14
Calamidades

El presidente José Mujica dijo el domingo a Radio Monte Carlo que la situación climática comenzaba a adquirir "carácter de calamidad" y que habría que apelar, entre otros recursos, a "la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, que en estos casos son insustituibles" porque "son las únicas que pueden llegar a cualquier lugar a cualquier hora y organizar soluciones, trasladar gente, organizar comedores". "Desde el punto de vista práctico es invalorable lo de las Fuerzas Armadas, que tienen capacidad y experiencia organizativa para soluciones de emergencia. Están desplegadas trabajando en varios puntos del país", abundó, y días después se informó que entre sus tareas está la de reparar el sistema vial en Canelones.
No hace falta ser muy suspicaz para suponer que esas declaraciones presidenciales tuvieron que ver con el conato de polémica pública sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Uruguay y la posibilidad de reducir el presupuesto que se les destina (incluyendo el correspondiente a la Caja Militar), en la que participaron, entre otros, el grupo frenteamplista Ir; el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro; los diputados Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Alfredo Asti (Asamblea Uruguay); y la senadora Constanza Moreira (cuya postulación como candidata presidencial del Frente Amplio es apoyada por Ir y por Puig, pero no por Fernández, Asti y Mujica).
Obviamente, la utilidad ocasional de los militares cuando se producen inundaciones no es un argumento válido para defender su presupuesto actual ni su existencia. Se trata de algo semejante a lo que los economistas llaman una "externalidad positiva", que puede resultar beneficiosa pero que no forma parte de los cometidos típicos y habituales de la institución, por los cuales se les pagan sueldos a sus integrantes. En términos coloquiales, se puede aplicar la expresión "ya que están, que sirvan para algo", pero lo central es por qué "están" las Fuerzas Armadas, y no tiene sentido responder "por si llueve demasiado".
La pregunta es política, y es inevitable que se vincule con el papel que desempeñó la institución militar durante la última dictadura (cuando, "ya que estaba", sirvió a propósitos muy dañinos, en un claro caso de "externalidad negativa"). En este sentido, no ayudan mucho declaraciones como las realizadas la semana pasada por el nuevo comandante en jefe del Ejército, Juan Villagrán, quien sostuvo que "no debe quedar información" sobre los detenidos desaparecidos, con el argumento, inaceptable para seres pensantes, de que "si no se ha aportado hasta ahora es porque no está" (como si a nadie pudieran ocurrírsele otros motivos).
No es el tipo de mensaje que puede contribuir a la reconciliación con una institución que, casi 30 años después de la salida de la dictadura, sigue sin asumir plenamente sus responsabilidades históricas, y recién ahora se aboca a evaluar el "honor" de militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lo que tienen las inundaciones, a diferencia de otras calamidades, es que siempre que llovió, paró.

Marcelo Pereira

07 Febrero 2014

Escrito por: Ricardo Scagliola

Sólo un intento

 La asunción de Villagrán en el Ejército

En el primer día de su mandato, el nuevo comandante en jefe del Ejército advirtió que “no hay más nada para decir sobre los desaparecidos”. El mensaje chocó de bruces con el intento de Aguerre de convertir al Ejército “en una fuerza aceptada por su pueblo”. El ex comandante habló con Brecha sobre los cambios en la fuerza, el tribunal de honor a Gregorio Álvarez y la relación con los retirados. Más silencio. Así podría resumirse el grueso del mensaje que el general Juan Villagrán pronunció el sábado pasado, en el Comando General del Ejército, tras su asunción como nuevo comandante en jefe. Minutos antes, bajo la lluvia que bañaba la Plaza de Armas y ante la atenta mirada de sus camaradas, Villagrán se comprometió con “el apego a las tradiciones” del Ejército, y destacó algunos de “los principios y bases axiológicas” que guiarán su mandato al frente de la fuerza, que finalizará dentro de un año. Son, dijo, “aquellos que han regido toda mi vida: honor, lealtad, disciplina, abnegación”. Anunció que ejercerá el comando “en forma justa y enérgica, sin por ello dejar de ser digno”, y, sostuvo, sus prioridades serán “mantener y acrecentar” la moral de los soldados. Villagrán hizo guiños a los retirados cuando sopesó “su experiencia y conocimiento” como “un capital que no se puede desperdiciar”. Se quedó corto el comandante. Poco después, consultado por la prensa sobre la posibilidad de que los militares aporten nueva información sobre los casos aún no cerrados del período de la dictadura, agregó que en las Fuerzas Armadas “no hay mucho más que decir”. Y alegó que “un 96 por ciento de los integrantes actuales de las Fuerzas Armadas” ingresó después del año 1985.
Las reticencias del nuevo comandante a aportar nueva información son, por lo menos, contradictorias. Meses atrás, fuentes militares reconocieron a Brecha estar trabajando en un nuevo informe que no incluiría datos sobre enterramientos sino información sobre las circunstancias en que fallecieron varios ciudadanos detenidos desaparecidos. En diciembre, el presidente se refirió al punto durante una conferencia sobre derechos humanos organizada por la embajada argentina. “El proceso va a continuar. Siempre aparece algo, y se va asomando”, señaló Mujica. Tras un período de “cambios importantes” en el Ejército, según reconoció el propio Pedro Aguerre a Brecha, las primeras señales dadas por Villagrán parecen indicar para buena parte de la izquierda un retroceso. Con algunos cambios simbólicos, como la modificación del paso militar “de disuasión”, herencia de la dictadura, y otros más palmarios –vinculados al despliegue territorial del Ejército–, los riesgos de la designación del nuevo comandante trascienden a la izquierda. Y radican en que, al calor del clima imperante en la fuerza de tierra, donde varios oficiales han manifestado cierto fastidio por algunos de los cambios impulsados en los últimos años, el Ejército recupere espacios político-institucionales que se le habían constreñido. La tendencia ahora, desde adentro, es a ampliarlos.
Hombre proveniente del arma de caballería, Villagrán fue ascendido en 2007, mientras desempeñaba funciones como agregado militar en Madrid. En noviembre de 2010 fue designado jefe de la División III con asiento en la ciudad de Tacuarembó. Antes, en abril de 2008, el gobierno de Tabaré Vázquez lo había nombrado mandamás de los espías al confiarle la titularidad de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie).
“LA TAREA NO ESTÁ TERMINADA.” No comprarse problemas. Para varios expertos en defensa consultados por Brecha, esa parece ser la estrategia de Villagrán durante los 365 días que ejercerá el comando del Ejército. Lejos de remar contra la corriente, para un militar que se aproxima al retiro el objetivo suele ser buscar la complacencia de sus camaradas de armas, el aplauso, el honor, los galones. La elección del ex titular de la Dinacie, orientada a “dejarle las manos libres” al próximo gobierno –que en la Torre Ejecutiva, descuentan, ocupará el ex presidente Tabaré Vázquez–, tiene su contracara: la de un general que no enfrentará a sus pares. Para la izquierda es un dolor de cabeza. Para el Ejército, un alivio: durante su mandato al frente de la fuerza de tierra, Aguerre había ordenado levantar los “pactos de silencio” en torno al destino de los desaparecidos, y había advertido: “El Ejército no encubrirá delincuentes ni homicidas dentro de sus filas”. Hacia el final de su período, Aguerre acompañó la decisión del Poder Ejecutivo de conformar tribunales de honor para aquellos militares que, procesados por delitos de lesa humanidad, tuvieran sentencia firme de la justicia, empezando por el dictador Gregorio Álvarez.
Esas señales, impensables tiempo atrás, generaron movimientos –embozados y no tanto– de algunos militares retirados que aún hoy reivindican el terrorismo de Estado. Las escaramuzas y murmuraciones por el porte de apellido de Aguerre –a quien endilgaron un tratamiento “demasiado permisivo” hacia su padre, el general Pedro Aguerre, preso durante la dictadura– completaron el cuadro. Y lo llevaron incluso a presentar, el 11 de marzo de 2013, su renuncia al Centro Militar. “Desde mi renuncia, el relacionamiento con todas las instituciones sociales que nuclean a efectivos retirados es normal y en los términos que corresponde”, explicó a Brecha, frío como el acero, Aguerre.
Sobre las transformaciones llevadas adelante durante su período, el ex comandante en jefe reconoció que “es cierto que se han realizado cambios importantes”. En particular, Aguerre destacó la mejora en la operatividad de la fuerza. “Hemos colocado en un lugar central del país nuestros medios blindados y dispuesto el despliegue conjunto de unidades de las diferentes armas. Los blindados se desplegaron próximos a unidades de artillería autopropulsada e ingenieros de combate y a una de las principales bases de la Fuerza Aérea Uruguaya”, explicó. Esto permite, sostuvo, un rápido desplazamiento de las unidades del Ejército hacia cualquier punto del país. Aguerre se refería así al emplazamiento de una brigada blindada en el departamento de Durazno, que ahora reúne al Regimiento de Caballería Blindado número 2, históricamente asentado en el centro del país, y al Regimiento de Infantería Blindado número 13. Sin embargo, no fue la operatividad sino las implicancias doctrinarias del cambio las que irritaron a los más jurásicos.
Estratégicamente ubicadas en la periferia de Montevideo, esas unidades militares fueron históricamente funcionales a la represión durante la última dictadura militar. La combinación de varias armas, inédita en el Ejército, también provocó molestias: con este tipo de fusiones Aguerre rompió con determinados círculos sociales en el Ejército. En su momento este tema también incrementó las actividades subterráneas de los retirados, reticentes al nuevo despliegue. En diálogo con Brecha, Aguerre justificó estos cambios en “un mejor empleo” y “una mejor y más económica preparación para el cumplimiento de nuestras misiones”. A la hora del balance, el ex comandante sopesa: “La tarea no está terminada. De hecho, no es un camino fácil para una institución del Estado con las complejidades inherentes a la misma (…). Intenté dejarle al general Villagrán un Ejército direccionado hacia el objetivo marcado, con la finalidad de mejorar los niveles de profesionalidad de la institución, siendo a su vez sustentable y creíble; pero por encima de todo, convertirse en una fuerza aceptada por su pueblo”. A juzgar por el día cero del nuevo comandante, no se equivoca Aguerre: lo suyo fue sólo un intento. Un frustrado intento de lavarle la cara al Ejército.
Aguerre, sobre los tribunales de honor
“No afecta a la interna del Ejército”
Para el ex comandante en jefe del Ejército Pedro Aguerre, la decisión de juzgar en un tribunal de honor al teniente general (r) Gregorio Álvarez –y a otros siete militares con sentencia firme en relación con violaciones a los derechos humanos– no impacta en la interna del Ejército: “A la fuerza no la afecta ninguna decisión que esté basada en leyes y reglamentos, por lo que el hecho no afecta a la interna del Ejército”, subrayó. Aguerre también se refirió a sus dichos en una entrevista con el Semanario Hebreo, cuando dijo: “Yo no creo en la teoría de los dos demonios que anda por ahí”. En diálogo con Brecha agregó: “A esta altura, varios de esos actores, sean ellos internacionales, regionales o nacionales, se han expedido públicamente asumiendo, con matices que podrían ser cuestionables, sus responsabilidades. Y todos ellos comienzan justificándose por el contexto internacional en que los hechos nacionales se desarrollaron”.