Atención
Lamentamos profundamente una vez más tener que dar la terrible noticia de que ha fallecido un trabajador de la construcción cumpliendo tareas en el trabajo. Esta vez fue el compañero Pablo Miguel Lopez Mieres de 51 años, 1 hijo, 1 nieta, que trabajaba en la obra Chronos ubicada en lenguas de diamantes y Vaz Ferreira – Punta del Este, para la empresa Robiconp S.A departamento de Maldonado. A su familia y compañeros toda nuestra solidaridad.
COMUNICADO:
Montevideo, 25 de febrero de 2014
Por la presente comunicamos a Uds. que en el día de mañana (26 de febrero) en el horario de 9 a 13 hrs. el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA – PIT – CNT) detendrá sus tareas y realizara concentraciones zonales en Montevideo y en el Interior, ante el fallecimiento del trabajador Pablo Miguel Lopez Mieres de 51 años, 1 hijo, 1 nieta, que trabajaba en la obra Chronos ubicada en lenguas de diamantes y Vaz Ferreira – Punta del Este, para la empresa Robiconp S.A departamento de Maldonado, el fallecimiento se ocasiono tras la caída de chapones sobre él, desde una altura de 10 pisos.
Nuevamente denunciamos la inseguridad que viven los trabajadores de la industria y exigimos que rápidamente el parlamento vote una LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL para terminar con la impunidad de los empresarios infractores.
SUNCA - PITCNT
Ley de responsabilidad empresarial
Otras formas de presionar en otros lados (según Mujica)
Chile
Perú
No! en Uruguay se vota, y que se vota?
Constanza, que votas?
El proyecto, una de las prioridades que el
oficialismo se había fijado para este año, fue votado en noviembre en la
Cámara de Diputados, exclusivamente por los 50 legisladores de la
coalición de izquierda, que hicieron oídos sordos a todas las
observaciones que formularon las cámaras empresariales, varios juristas y
la oposición sobre las inconstitucionales que implicaba esta ley.
En el Senado esas advertencias sí tuvieron eco, y se
alzaron voces en la bancada del Frente Amplio diciendo que no estaban
dispuestos a votar el proyecto tal cómo había venido de Diputados. Por
eso ayer la bancada de senadores frenteamplistas resolvió aplazar el
tema, y fijó como "plazo máximo" para aprobarlo el 12 de marzo de 2014.
Los senadores Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista),
Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Enrique Rubio (Vertiente Artiguista)
habían puesto en duda su apoyo al texto tal como venía redactada de
Diputados.
El proyecto aprobado por la Cámara Baja establece que
el empleador "que no adoptare los medios de resguardo y seguridad
laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en
peligro grave y concreto, la vida, la salud o la integridad física del
trabajador, serán castigados con tres a veinticuatro meses de prisión".
En la bancada de senadores se tomaron en cuenta
informes jurídicos que alertaban sobre una inconstitucionalidad. En ese
sentido, Rubio hizo una propuesta para modificar la iniciativa de forma
que englobe no solo al empleador, sino también a los mandos medios.
En el nuevo texto, además del empleador se agrega "al
que ejerza en su nombre el poder de dirección en la empresa, o quien
opere como responsable de la ejecución de una actividad, obra o
servicio, que omitiere deliberadamente adoptar los medios de resguardo y
seguridad en el trabajo establecidos por la normativa vigente".
En la reunión de bancada senadores, el Partido
Comunista dejó constancia de que apoyaba la iniciativa votada en
Diputados. "Nosotros estamos de acuerdo en aprobar el proyecto tal como
venía de Diputados, yo sostengo de que habría que haberla votado así,
dijo a El País el senador comunista Eduardo Lorier.
Luego de adoptada la resolución en el Senado, en
Diputados se convocó a una reunión urgente de la bancada. Los
legisladores aceptaron el camino de la negociación, pero no ocultaron su
malestar.
El diputado Luis Puig (PVP), uno de los impulsores
del proyecto, señaló que la iniciativa "contó con el total beneplácito"
del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta,
fue uno de los principales promotores de los cambios que se procesan en
el Senado al proyecto.
"Nos parece bien que se arme un grupo para analizar
el tema, pero nosotros vamos a salir a defender el proyecto que viene de
Diputados que nos parece técnicamente inobjetable", acotó Puig.
Consultado sobre la posibilidad de que algunos senadores no voten, Puig
contestó: "Hacer un planteo de no votar es prácticamente desconocer los
acuerdos del Frente Amplio, pero la decisión del Senado hoy no va en ese
sentido".
Astori
Una gestión iniciada el viernes por la gerente de la
empresa de transporte CITA, Cristina Fernández, abrió la posibilidad de
postergar la votación.
Ayer el vicepresidente Danilo Astori recibió en su
despacho del Senado por algo más de media hora a una docena de delegados
de las principales cámaras empresariales, que le plantearon las razones
por las que consideraban necesario un estudio más profundo del
proyecto. Astori les transmitió la decisión adoptada en la mañana por la
bancada.
En la reunión, el presidente de la Cámara de
Industrias, Javier Carrau, el directivo de la Cámara de la Construcción,
Ernesto Gravier, y el presidente de la Federación Rural, Carlos
Uriarte, y Fernández, explicaron que el proyecto debe enfatizar la
prevención, abarcar también a las empresas públicas y dejar claro que en
caso de negligencia del trabajador, el empleador quedará eximido de
responsabilidad.
Fernández, que es asesora de la Cámara del
Transporte, había contribuido a convencer en la mañana del lunes a una
serie de gremiales grandes de que no debían rechazar la responsabilidad
penal empresarial y que debían sumar esfuerzos con las más pequeñas para
limar lo que entendía aspectos más negativos del proyecto. Esa tarde el
ministro Brenta ofreció su mediación.
Uriarte dijo a El País que "nadie trata de eludir"
la responsabilidad que puedan tener los empresarios que comparten que la
siniestralidad laboral es un asunto grave en Uruguay. Sin embargo,
recordó que hay advertencias de que el texto puede ser inconstitucional y
podría darse las circunstancias de que empresarios fuesen presos en
base a esa ley. "El vicepresidente nos transmitió que se van a tomar más
tiempo para evitar posibles errores y eso nos dejó contentos", señaló.
Carrau, por su parte, dijo que se podrían utilizar
recursos del Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional
para capacitar a empresarios y trabajadores "porque en el proyecto no se
habla nada de la prevención" y pidió que se considere la
responsabilidad de las empresas del Estado cuando hay siniestralidad,
porque "los muertos no son públicos o privados, son muertos".
El lunes próximo las 23 gremiales que están
trabajando juntas en este asunto conformarán una comisión técnica que
elaborará propuestas.
"Una visión ideológica del tema"
El proyecto fue votado en el mes de noviembre por la
Cámara de Representantes solamente con los votos del Frente Amplio. La
iniciativa lleva las firma de los diputados del Frente Amplio Luis Puig,
Martín Tierno y Raúl Olivera. La Comisión de Legislación del Trabajo no
logró un acuerdo sobre el texto final y por esa razón al plenario
fueron tres informes y tres proyectos de ley. "La respuesta (a los
accidentes laborales) no es penal, administrativa o de política laboral,
sino de todo", argumentaron los nacionalistas en la sesión. Mientras,
desde el Partido Colorado se afirmó que pese a compartirse el propósito
de disminuir los accidentes laborales, la iniciativa que se votó en
Diputados es inconstitucional, y que su problema es que tiene "una
mirada excesivamente ideologizada", se sostuvo en el plenario de
Diputados.
Responsabilidad penal empresarial
Diferencias en FA ponen en riesgo proyecto sobre empresarios
Publicado el miércoles 26 de febrero del 2014
La aprobación del proyecto de ley de responsabilidad
penal del empleador peligra nuevamente ante las diferencias que se
plantean dentro del oficialismo. Ahora el diputado Luis Puig se niega a
dar su voto porque en el nuevo texto definido por la bancada de
senadores del FA no hay referencias a la necesidad de “preservar la
salud de los trabajadores”, algo que estaba incluido originalmente.
En las últimas horas los senadores
oficialistas acordaron apoyar el nuevo texto que, a instancias de
Enrique Rubio, Héctor Tajam y Roberto Conde, incluye el concepto de
“omisión deliberada” a las normas de seguridad en los ámbitos laborales.
Rubio dijo a En Perspectiva que a través de este cambio se le otorga la
Justicia el margen para determinar el grado de responsabilidad del
empleador ante la muerte o lesión gravísima de un trabajador.
“Este es un cambio conceptual que para nosotros era muy importante, porque determina su compatibilidad con el Derecho Penal y con el Derecho Constitucional”.
La redacción original castigaba a "quien, en su calidad de empleador, incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionando la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador”. Varios juristas advirtieron a la bancada que ese punto era pasible de una declaración de inconstitucionalidad.
El cronograma planteado por los senadores es que el proyecto sea votado en comisión el 6 de marzo y elevado al Plenario el 11 de ese mes. La intención es que un día después los cambios sean refrendados en la Cámara Baja. Al respecto, Puig dijo a En Perspectiva que algunos de los cambios hechos al texto son como fumar: “Nocivos para la salud”.
“Cuando se excluye lo que se planteaba a texto expreso que era ‘la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores’ y en este proyecto se saca el tema de salud, a mí me resulta incomprensible y espero que alguien me explique por qué se lo saca”.
Puig adelantó que hará consultas jurídicas sobre las modificaciones y dijo que se tomará “todo el tiempo que considere necesario” para analizarlas, descartando que exista un acuerdo en la bancada para votar el proyecto. Puig dijo además estar molesto por no haber sido invitado a ninguna reunión en el Senado para consensuar los cambios y reivindicó el proyecto original aprobado en Diputados.
Con respecto a la “omisión” planteada por el legislador del PVP, Rubio dijo a En Perspectiva que fue un “error involuntario”, que será subsanado en el texto que sea elaborado.
“Este es un cambio conceptual que para nosotros era muy importante, porque determina su compatibilidad con el Derecho Penal y con el Derecho Constitucional”.
La redacción original castigaba a "quien, en su calidad de empleador, incumpliere con las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasionando la muerte o una lesión grave o gravísima al trabajador”. Varios juristas advirtieron a la bancada que ese punto era pasible de una declaración de inconstitucionalidad.
El cronograma planteado por los senadores es que el proyecto sea votado en comisión el 6 de marzo y elevado al Plenario el 11 de ese mes. La intención es que un día después los cambios sean refrendados en la Cámara Baja. Al respecto, Puig dijo a En Perspectiva que algunos de los cambios hechos al texto son como fumar: “Nocivos para la salud”.
“Cuando se excluye lo que se planteaba a texto expreso que era ‘la vida, la integridad física y la salud de los trabajadores’ y en este proyecto se saca el tema de salud, a mí me resulta incomprensible y espero que alguien me explique por qué se lo saca”.
Puig adelantó que hará consultas jurídicas sobre las modificaciones y dijo que se tomará “todo el tiempo que considere necesario” para analizarlas, descartando que exista un acuerdo en la bancada para votar el proyecto. Puig dijo además estar molesto por no haber sido invitado a ninguna reunión en el Senado para consensuar los cambios y reivindicó el proyecto original aprobado en Diputados.
Con respecto a la “omisión” planteada por el legislador del PVP, Rubio dijo a En Perspectiva que fue un “error involuntario”, que será subsanado en el texto que sea elaborado.
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