El juicio a los jueces

Al grito de "asesinos, asesinos" terminó la primera jornada del juicio histórico a los jueces en Mendoza.


"No ha sido fácil investigar la complicidad de la Justicia con la dictadura"
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El presidente del tribunal nombró a cada acusado por su nombre. Había militares y policías. Algunos estaban en la sala, pero a muchos se los vio dispersos en distintas cárceles: hubo conexión vía web con el penal de Ezeiza, con Marcos Paz y con juzgados de Rosario y la ciudad de Buenos Aires. Luego de algunos nombres, de una lista de 38 en total, entre unos y otros, el juez Alejandro Piña empezó a nombrar a los cuatro ex magistrados que llegaban a juicio entre los acusados. En esos momentos algo sonó raro en el llamado “juicio a los jueces”. Todos los nombres, esta vez, iban precedidos de la palabra “doctor”. “¿Doctor Romano?”, preguntó el juez a la sala, como buscando. Y Romano se levantó. El presidente del TOF le hizo rápidamente varias preguntas. Todas de protocolo. Nombre de padre, de madre, domicilio, profesión. Pero antes de todo le preguntó su nombre completo. Y Romano en ese momento enumeró sus tres nombres completos y los dos apellidos: Otilio, Irineo, Roque, Romano, Ruiz, dijo todo seguido como quien se encomienda a la suerte de su linaje.

Para entonces, en Mendoza ya se había iniciado el juicio oral que es llamado “juicio a los jueces”. El presidente del TOF les hizo las mismas preguntas a otros dos de los cuatro ex magistrados acusados. Uno de los primeros en responder fue Guillermo Petra Recabarren, ex juez con cargo de defensor durante la dictadura. Y luego preguntó lo mismo a Luis Miret, fiscal en aquel momento y más tarde ascendido a camarista.
–¿Doctor Miret? –dijo el juez.
–Sí. Buen día, doctor –respondió Miret.
Siguieron las preguntas. Dónde nació. Nombre de padre. Profesión. Y esta vez, en ese momento, Miret respondió: “Abogado, desocupado”.
El juicio que empezó en Mendoza comenzará a indagar a partir de ahora en etapa oral la actuación que tuvieron cuatro ex funcionarios del Poder Judicial durante la dictadura. Junto a ellos, llegaron a juicio para ser juzgados integrantes del Ejército, de otras Fuerzas Armadas y de la policía. Entre los ex jueces, las figuras más emblemáticas son Romano y Miret, con funciones de juez y de fiscal durante la dictadura y ascendidos más tarde a camaristas, cargo desde donde intentaron bloquear las investigaciones judiciales no sólo a ellos mismos, sino de las causas sobre los crímenes de la dictadura.
El juicio se hizo en la sala de audiencias de la Corte Suprema de la Justicia provincial, que por primera vez presta sus espacios para los juicios de lesa humanidad. Un gesto leído como muestra de apoyo político a un debate que también activa las discusiones de fondo en torno de Justicia Legítima. En las afueras de la sala, desde temprano, se congregaron muchos a esperar el juicio. Entre ellos, sobrevivientes, representantes de los organismos de derechos humanos locales y de Nación y del gobierno provincial y de la municipalidad bajo la consigna “Democracia con Justicia. Futuro con Memoria”. Entre los oradores estuvo el camarista provincial Horacio Báez, que leyó emocionado un documento de la organización Justicia Legítima. Y también habló Horacio Pietragalla, diputado del FpV. En Mendoza, en tanto, el juicio ganó espacios en las tapas de (algunos) diarios. En su título principal El Sol publicó: “Lesa Humanidad: comienza un Juicio Histórico”. Durante el día se hicieron entrevistas, y varios siguieron las derivas en las web. “Estamos ante un proceso histórico –decían desde el mismo portal–. Esperemos que se siga echando luz al rol de los civiles que tenían la obligación de defender a la gente y miraron para otro lado.”
Entre los que llegaron de Buenos Aires estuvo Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, y Pablo Parenti, a cargo de la Unidad de Investigación de apropiación de niños robados. También Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, asociada en la batalla sobre la Justicia: “Estamos acá en un juicio ejemplar –dijo–: que vayan sabiendo los jueces que no van a hacer lo que quieran”.
“Esto es único en la Argentina”, decía más tarde Pablo Salinas, abogado y querellante por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. “Esperamos que se produzca esto en todo el país, porque el terrorismo de Estado no habría podido actuar sin una Justicia federal cómplice y que hasta el año 2010 no había tenido recambio”.

El comienzo

En la sala, poco después, cada quien ocupó su lugar. Los jueces acusados ocuparon sillas entre el resto de los acusados, una imagen que para los querellantes ya aparecía como reparadora. Durante el resto de la mañana hubo otros dos datos importantes. El primero de ellos vinculado a los tiempos.
Desde el domingo pasado, las querellas y fiscales estaban preocupados por el tiempo de lectura de las acusaciones. El juicio es un megajuicio, con 207 víctimas, 38 imputados y una suma de más de doce causas. Un resumen completo de los casos podía llegar a tener no menos de 500 páginas. En ese contexto, barajaban dos opciones de lectura: leer todo antes de empezar el debate o leer de a una causa por vez, fraccionarlas y convocar a los testigos entre una y otra. Ambas alternativas buscaban evitar más demoras. Ganar parte del tiempo perdido que lleva este proceso. Cerca del mediodía, todas esas especulaciones se acabaron. El tribunal anticipó que habría cuarto intermedio de una semana tras la presentación de los imputados. “Nos vamos a oponer a eso”, dijo el fiscal general Dante Vega. “Nos oponemos por todo el costo que tuvo haber llegado hasta acá y el esfuerzo que implicó, además por las demoras que ha insumido todo este proceso que exige la continuidad del debate y celeridad, todo lo cual se verifica con la continuidad de la lectura de las acusaciones.”
Pero el pedido no prosperó. Los jueces suspendieron el juicio por una semana. La explicación que trasmitieron las querellas a este diario es que algunos acusados tendrían que ser sometidos a otros juicios.
El otro tema sucedió poco antes. Pudo haber sido sólo un dato de color, pero no. El fiscal Vega pidió otra vez la palabra. Esta vez para pasarle el micrófono a Jorge Auat. “Hace pocos segundos uno de los imputados me enfocó y me tomó una foto”, dijo Auat. “No me gusta hacer alardes de valentías ni de bravuconadas, pero de todos modos el objetivo intimidatorio que tiene el hecho concreto de fotografiar a una de las partes obviamente tiene que ser observado por el tribunal”, explicó.
–¿Qué imputado fue? –le preguntó Piña.
–Si mal no recuerdo su apellido –dijo Auat– fue el doctor Miret.
–¿Tiene cámara consigo? –preguntó ahora el juez a Miret. Miret dijo que sí. Auat respondió. Dijo que aunque la cámara esté ahí por gusto, se mete en un ámbito íntimo. “Se siente desde afuera como un hecho intimidatorio”, explicó.
–Vamos a pedirles a las partes –dijo, finalmente el magistrado– que se abstengan de estas actitudes. Y que no vengan con cámaras de fotos ni objetos extraños al debate.

La mención a los juicios en Argentina llevó a Mujica a reclamar la expulsión de Mota de los Juicios de DD.HH.

La valerosa Jueza Mariana Mota que ha debido enfrentar a todas las fuerzas obscuras, pardas, marrones, verdes y hasta supuestamente tricolores reunidas en un cobarde ataque para DARLE LA IMUNIDAD A LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD, solamente constató el hecho de que los procesos en Argentina estaban más avanzados. Ello alcanzó para que Mujica COMO PRESIDENTE y públicamente desde su audición de radio privada reclamára a la SCJ de que la sacáran de los procesos relativos a los DD.HH. cosa que muy presta la SCJ, que ha violado la legalidad internacional en la materia, lo hizo sin poder convencer a nadie de que no había sido una remoción por encargo.Viendo los procesos que están en marcha en la Argentina se constata, una vez más, que la Jueza Mota ha tenido y TIENE RAZÓN , así es y ahí están los hechos que lo demuestran. JUECES (atención dinosaurios) jueces, fiscales, empresarios, militares y polícias de todos los grados, civiles torturadores y asesinos, ex dictadores, antiguos jefes militares, uno a uno van siendo sometidos a juicio y condenados. Tanto que el gobierno admira a otros países, por ejemplo a la cueva asesina yanqui, ignora y pretende prohibir la sola mención de otros ejemplos, como este. La razón es clara: que el ejemplo no cunda. Sin embargo lo hará a pesar de lo que ha sostenido Mujica, porque esa bandera seguirá siendo sostenida por hijos, nietos, familiares y personas decentes que continuarán luchando por verdad y justicia, y sí, aunque le duela al servil "progresismo", estimulados por el ejemplo de lo que se ha logrado en Argentina, que sin ser todo lo necesario, es un gran paso adelante.


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En Argentina juzgan a jueces de la dictadura

La Justicia comenzó a juzgar las violaciones a los derechos humanos contra más de 200 personas durante la última dictadura en un juicio en el que por primera vez están acusados ex magistrados federales, además de ex militares, policías y penitenciarios.
 Entre los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret; y el entonces fiscal Otilio Romano, por facilitar como partícipes civiles el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas, al no investigar las cientos de denuncias de detenciones y desapariciones presentadas ante los magistrados.
 A su vez, por razones de salud se lo excusó de participar del debate al también ex juez Gabriel Guzzo.
 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1, integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade (juez de San Luis convocado para este debate) se constituyó 45 minutos más tarde de la convocatoria, y procedió a la identificación de los imputados, entre los que se encontraban presentes en la Sala de Audiencias, y a través de seis diferentes videoconferencias realizadas en distintos puntos del país.
 La audilencia se inició  identificando a Pablo Antonio Travis, por videoconferencia desde la Cámara de Apelaciones de Tucumán.
 En la Cámara de Apelaciones de Rosario hicieron lo propio Alcides París Francisca y Dardo Migno.
 En la sala de Audiencias se procedió a identificar a Guillermo Omar Petra Recabarren; Luis Francisco Miret; Miguel Angel Ponce García; Juan Carlos Ponce Ochoa; Héctor Rubén Camargo; Pablo José Gutierrez; Rubén Darío González Camargo; Julio Ernesto Lapaz Calderón; Otilio Irineo Roque Romano Ruíz; Oscar Alberto Bianchi Bartell; Armando Hipólito Guevara Manrique; Pedro Modesto Linares Pereira; Marcelo Rolando Moroy Suarez; y Miguel Angel Tello.
 Entre los acusados se encuentran los ex jueces en funciones durante la dictadura Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret Por su parte,Juan Agustín Oyarzabal presentó un escrito de su puño y letra desde Rivadavia.
 Desde la Cámara Federal de Casación Penal en la Ciudad de Buenos Aires, lo hicieron Paulino Enrique Furió Echeverry y Ramón Angel Puebla Romero.
 Desde el Servicio Penitenciario, en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, se presentó Eduardo Smaha; Antonio Indalecio Garro Rodríguez; Jorge Antonio Marchelli López; Mario Eugenio Laporta Chirelli, donde se encuentran alojados.
 Desde el Servicio Penitenciario de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, lo hicieron Rolando Evaristo Carrizo; Ricardo Benjamin Miranda Genaro; Carlos Horacio Fragán.
 Y desde la Cámara Federal de Buenos Aires, se presentaron Felix Humberto Andrada Ferreyra; José Antonio Fuertes Fernández; y Diego Fernando Morales Pastrán.
 Se prevé que durante el proceso declaren 660 testigos, y se va a extender por lo menos 18 meses.
 A pesar de que esta primera audiencia era a simple título de la identificación de los acusados, la Fiscalía advirtió que uno de los imputados le tomó una foto a uno de los funcionarios sentado en el lugar de la parte acusadora.
 En ese sentido, el fiscal general Jorge Auat, funcionario de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación, le advirtió al tribunal: “Uno de los imputados con su máquina de fotos me tomó una foto. En rigor de verdad no me gusta hacer alarde de bravuconadas, el hecho concreto de tomar una foto tiene que ser observado por el Tribunal, como objetivo intimidatorio”.
 Cuando el presidente del cuerpo le pidió si podía identificar a quien lo había realizado, acusó al doctor Miret, tras lo cual el juez le preguntó al acusado si efectivamente tenía una cámara, este explicó que la tenía en su teléfono, y entonces el Tribunal se expidió: “Vamos a pedir a los acusados que se abstengan de ese tipo de actitudes y por cuestiones de seguridad que no vengan con cámaras de fotos a las audiencias”.
 El fiscal Dante Vega exigió continuidad en el debate, y remarcó que “no vemos obstáculo para avanzar en la lectura de las acusaciones, y en caso que se decida así pasar el cuarto intermedio para mañana, y no para el lunes que viene”, petición a la que adhirió la querella en consonancia con el pedido del Ministerio Público.
 Sin embargo, el Tribunal mantuvo la decisión inicial de pasar a un cuarto intermedio, y de continuar el debate el lunes que viene -24 de febrero- a las 9.30 de la mañana.