Un año sin Mota: la justicia empantanada

11 de febrero del 2014


Esta semana se cumple un año del traslado de la jueza Dra. Mariana Mota de la órbita penal a la civil, dispuesta por la Suprema Corte de Justicia, burdamente fundada en “razones de mejor servicio”, sin cumplir con lo previsto por el Artículo 246 de la Constitución. Se produjo en momentos en que varias causas de DDHH que ella venía tramitando ingresaban en instancias decisorias. Tal el caso de Aldo Perrini, asesinado mientras era  torturado en el cuartel de Colonia en el año 1974.

El traslado de la jueza Mota, de acuerdo a procedimientos habituales en el poder judicial pero no por ello acordes con las disposiciones constitucionales, supuso, en los hechos, que las investigaciones con respecto a las graves violaciones a los DDHH cometidas durante  la dictadura se enlentecieran peligrosamente. A tal punto es así que aún no ha podido ser procesado el Gral. ® Raúl Barneix seriamente implicado en el crimen de Aldo Perrini, tal como lo demostró la documentación de la justicia militar de la época que fuera descubierta casualmente. Lo mismo ocurre con decenas de causas que la jueza Mariana Mota tenía en sus manos mientras cumplía con el resto de las obligaciones ordinarias y permanentes en un juzgado penal.

La remoción de la jueza Mariana Mota fue ampliamente rechazada, en forma militante por todos los sectores de la sociedad uruguaya que realmente están comprometidos con la institucionalidad democrática y que tienen sólidas credenciales y compromisos de vida  que las avalan.

La protesta pacífica que algunas centenas de ciudadanos indignados con el proceder de la SCJ llevaron a cabo en la sede de la misma fue distorsionada, amplificada y demonizada convenientemente por los medios de comunicación una vez que el senador Bordaberry la calificó de “asonada”, retomando términos jurídicos y penales habituales durante el gobierno de su padre para calificar las protestas populares en defensa de la democracia y la libertad.

A instancias de la propia SCJ se formalizó una denuncia penal que derivó en el procesamiento de algunos expresos políticos y de otros ciudadanos participantes cuando se procedió al desalojo de la sede mediante un  prepotente accionar de los efectivos policiales intervinientes.

Al adoptar la sanción encubierta y de “guante blanco” de la jueza Mariana Mota, la SCJ no solamente enlenteció casi hasta el paroxismo la investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado que ella tramitaba, desamparando a las víctimas que reclaman justicia. La SCJ envió un mensaje amedrentador para todos los jueces y operadores judiciales que en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales debieran actuar en la temática. Quienes investiguen las desapariciones forzadas, los asesinatos, los secuestros, las torturas, los abusos sexuales, serán sancionados adecuadamente y sus carreras profesionales se verán truncadas.

Desde hacía más de dos años la jueza Mariana Mota venía siendo seriamente cuestionada y criticada en una campaña orquestada y organizada por los centros militares tal como lo denunció en su momento el periodista Roger Rodríguez. El Dr. Gonzalo Aguirre y el expresidente Jorge Batlle habían presionado a la SCJ abogando por su sustitución en una entrevista solicitada a tales efectos. Los medios de comunicación, liderados por El país y el oligopolio televisivo, en forma frecuente y reiterada, difundían notas informativas alarmistas y catastróficas sobre su actuación. Las columnas de opinión de los defensores vocacionales de la impunidad, cuestionando a la Dra. Mota, eran ardientes y efusivas.

Más claro, echarle agua

A los pocos días de adoptar la sanción encubierta de la jueza Mariana Mota, la SCJ declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El vocero de la SCJ, Dr. Raúl Oxandabarat,  se apresuró a informar que dicha resolución significaba “el punto final” para todas las causas referidas a la dictadura y sus crímenes. El ministro de la SCJ, Dr. Julio César Chalar, recomendó a las víctimas y a los familiares de ellas recurrir al ámbito civil para obtener reparaciones económicas. El Dr. Ruibal Pino, presidente de la SCJ en ese momento, señaló gráficamente que la Verdad y la Justicia encontrarían en la actual integración de la misma “una muralla”.

A 29 años del retorno a la institucionalidad democrática en Uruguay, solamente un pequeño y reducido grupo de golpistas y represores seriales han sido juzgados y condenados debido a la influencia ideológica, política y al poder real que aún detentan para impedirlo. Este hecho no es una señal de fortaleza, precisamente, del Estado de derecho ni de la plena vigencia de las disposiciones constitucionales. Mucho menos de las normas de DDHH que son el pilar básico de una convivencia pacífica, civilizada, enriquecedora y gratificante.

Para los expresos políticos, civiles y militares, sobrevivientes del terrorismo de Estado, la lucha por la plena implementación, en todos los planos, de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas, Verdad, Justicia, Memoria, Reparación y Satisfacción, para continuar la transición democrática, es un compromiso de honor con nuestro pasado de lucha y resistencia. Por el presente. También mirando al futuro del país: para afirmar la democracia, el Estado de derecho e impedir que los hechos vuelvan a repetirse.

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Opinando – Año 3 - Martes 11 de febrero de 2014