La geometría equidistante

Lorenzo, Calloia, Barneix, Perrini, Larrieux y Mujica

por Roger Rodriguez.


Mientras seguimos por televisión, radio, prensa, web y twitter lo que pasa (o lo que nos dicen que pasa) en Venezuela o Ucrania, en nuestro Uruguay se tejen y manejan situaciones que también tocan en forma muy delicada a la propia institucionalidad democrática.
La reunión del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, con el presidente José Mujica, no trató solamente el caso del desplazamiento de la jueza Mariana Mota o el tema de los salarios de los magistrados. Hubo otros temas en esa agenda.
Hoy se supo que los ministros de la SCJ desestimaron el recurso de inconstitucionalidad que contra el delito de "abuso de funciones" habían interpuesto el ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el aún presidente del BROU, Fernando Calloia.
Ambos quedaron ahora vulnerables ante la acusación del fiscal Juan Gómez, quien había pedido el procesamientos de los dos por el caso Pluna, pero la decisión judicial estaba pendiente desde antes de la feria judicial ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto.
Gómez llegó a su cargo en sustitución del fiscal Ricardo Perciaballe, desplazado (como Mota) de los juzgado en crimen organizado. También fue quien había ordenado la liberación de la ex policía María Lemos en el caso de los vinos que mataron a Cecilia Fontana de Heber. Gómez ocupa hoy la presidencia de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
La SCJ también habría decidido luego de la feria judicial otro tema que aún no ha trascendido oficialmente: el rechazo de una decisión del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno (integrado por los jueces Sergio Torres, Alberto Reyes y Rolando Vomero) en el caso Aldo Perrini, asesinado en Colonia en 1974.
Los tres reconocidos magistrados del tribunal de alzada habrían opinado que la jueza Beatriz Larrieu (sustituta de Mota) debía continuar la indagatoria sobre el homicidio que implica al general (r) Pedro Barneix, cuyo procesamiento con prisión ya fue solicitado por la fiscal Ana María Tellechea.
Si se confirma, la acción de la Suprema Corte de Justicia (de la que todavía no han sido informados el juzgado ni la fiscalía) implicaría una inaudita lesión a la institucionalidad (ya bastante maltratada) del Poder Judicial uruguayo.
La paralela situación de Lorenzo y Calloia por el caso Pluna por un lado y, por otro, del general Barneix (autor del falso informe sobre desaparecidos a Tabaré Vázquez y a quien protegen logias de la Masonería) en el caso Perrini, también habría sido tratada en la reunión Larrieux y Mujica.
Habrá que esperar para saber si la institucionalidad uruguaya mantiene su geométrica separación de poderes y en la reseñada situación, dos casos paralelos se mantienen separados en forma equidistante, para que no se junten... ni se manoseen.

"NIVEL DE DESTAQUE"

"Incluso, la Corporación afirma que la formación extracurricular de Mota "no muestra mayor nivel de destaque". Sostiene la SCJ y precisamente por ese "nivel de destaque" es que Mujica la hace sacar, precisamente por eso la SCJ POR ENCARGO la echa de los Juicios de Crímenes de Lesa Humanidad, precisamente por eso TENIA 50 CASOS LISTOS PARA SENTENCIA QUE AHI ESTAN PARADOS, porque precisamente por eso la mafia militar había conspirado y reclamado "en voz alta" para sacar a Mota, precisamente por eso ha sido el enorme apoyo popular en solidaridad con Mota y el reconocimiento internacional de la Jueza Mariana Mota así como diversos reclamos de instancias internacional, por ejemplo la ONU, contra el TRASLADO DE MOTA YA QUE ES UNA REPRESALIA DE ORDEN POLITICO. Y los incapaces serviles se atreven a sostener que Mariana Mota no tiene "nivel de destaque". Ellos, los dinosaurios reaccionarios de la SCJ sí que han demostrado un elevado "nivel de destaque" VIOLANDO TODA LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN CUANTO A LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD.  

Colectivo del Blog Noticias Uruguayas

19 enero 2014

Esta semana, el máximo órgano del Poder Judicial rechazó el recurso que Mota presentó contra su traslado, que considera injustificado. La jueza tenía a su cargo más de 50 expedientes por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La ratificación habilita a la jueza a llevar el caso ante el TCA, órgano que se ocupa de confirmar o revocar los actos administrativos dictados por las dependencias oficiales.

"Siguen sin establecer el motivo de mi traslado", lamentó Mota al ser consultada ayer por El País. "Que la Corte tiene la facultad de disponer los traslados de los jueces nadie lo cuestiona, pero sigo sin saber cuál fue la razón por la que me trasladaron", insistió.

La magistrada, que estaba al frente del juzgado penal de 7° turno de Montevideo desde 2009, causó polémica por varias de sus resoluciones en relación a casos de la dictadura.

De hecho, el traslado de Mota generó fuertes cuestionamientos hacia la SCJ de parte del Frente Amplio y organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos.

El 15 de febrero, día en que Mota prestó juramente en su nuevo cargo de jueza civil, hubo una asonada en la sede de la Corporación, ya que unos 300 manifestantes que rechazaban el relevo de la magistrada ocuparon el Palacio Piria.

Esa situación generó que los ministros de la SCJ presentaran una denuncia penal por los desbordes ocurridos. El caso está a cargo de la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía, quienes han tomado varias declaraciones.

Mota argumenta que su traslado es injustificado y también deja entrever que la decisión pudo estar vinculada a su postura en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

"Lo que yo sostengo es que es bastante absurdo que saquen a alguien para poner a otra persona cuando no había una vacante", dijo Mota.

El rechazo.

En una resolución firmada por sus cinco ministros, la SCJ rechazó el recurso presentado por Mota contra su traslado, al considerarlo improcedente.

La Corporación señala que la Constitución le asigna "competencia originaria, exclusiva y excluyente" en lo que respecta a la designación y traslado de todos los magistrados.

En el mismo sentido, remarca que "el cambio de materia constituye una circunstancia que hace a la formación permanente a la que están sometidos todos los jueces que integran el Poder Judicial".

En cuanto al argumento planteado por Mota respecto a que su traslado se decidió sin la previa consulta al fiscal de Corte (como lo prevé la Constitución), la SCJ sostiene que "si bien constituye una irregularidad en el trámite, no ostenta virtualidad invalidante del acto administrativo en cuestión".

De todos modos, resalta que hace muchos años la SCJ traslada jueces sin cumplir con ese requisito, "lo que descarta un actuar discriminatorio de esta Corte en perjuicio de la recurrente", dice la resolución.

Por otro lado, Mota cuestionó su traslado en virtud de la capacitación que recibió en derecho penal y también en derechos humanos.

Al respecto, la SCJ señala que "existió un ámbito de capacitación de alto nivel y de extensa carga horaria, que contó con el aval de la Corporación que permitió formar a diferentes magistrados en materia de derechos humanos, entre los que se encontraba la recurrente, que solo asistió a una clase; ello independientemente de los cursos u otras actividades académicas que cada uno pudiera haber decidido realizar".

Incluso, la Corporación afirma que la formación extracurricular de Mota "no muestra mayor nivel de destaque".

Asimismo, la SCJ cuestiona a la jueza porque su razonamiento "significa menospreciar la capacidad" de su colega Beatriz Larrieu, quien fue designada para sucederla en el cargo.

Consultada al respecto, Mota dijo que "jamás" mencionó en su recurso a Larrieu porque eso "no corresponde". "Eso es una inferencia que hace la Corte porque a la Corte se le ocurre", concluyó.