(AW)Imagen de Areito para denunciar la
tortura en Colombia: la publico en agosto 2012 con un nuevo texto,
porque lamentablemente la tortura contra la oposición política en
Colombia, lejos de cesar, se ha incrementado en los últimos años, en el
régimen de Uribe y hoy con el régimen de Santos. La tortura en las
cárceles revela sistematismo, y asimismo las detenciones-desapariciones
forzadas que son crímenes de lesa humanidad que significan tortura para
el desaparecido, sus familiares y su entorno social, siguen
creciendo.Para ahondar sobre la realidad de la tortura en Colombia
recomendamos leer y difundir en solidaridad la siguiente
investigación:Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos
políticos silenciados *(Por Azalea Robles)
Con Veronika fuimos invitados a la "avant premier" de "EL ALMANAQUE", película (o documental?) de José Pedro Charlo y Jorge Tiscornia. Despertará admiración la persistencia tozuda y el ingenio de Jorge para preservar los anales de la vida carcelera, su minuciosidad para registrar los más mínimos detalles. La mano de Charlo los conducirá por los pasillos más horrorosos sin agredir sensibilidades... está visto que cada película, cada obra de arte de un ex-preso político, renueva la derrota de los cóndores uruguayos, no pudieron destruirnos, ni en Punta de Rieles ni en Libertad.
Como me escribió Miguel Ángel Olivera, los que pasamos por el Penal de Libertad (presos y familias) nos sentimos completamente identificados en esas memorias que Jorge fue codificando día a día, a lo largo de 12 años. Lo mismo le ocurre a las compañeras que estuvieron recluídas en Punta de Rieles y a sus familiares.
Corremos el riesgo de sentir que “Almanaque” es un recuerdo, que pertenece al pasado y ahora el futuro nos pertenece. Sin embargo, la historia de tortura y vejámenes, de omisión de asistencia médica y privación de medicamentos no ha terminado en América La Pobre.
Los compañeros de la Agencia Rodolfo Walsh me hicieron llegar esta denunca sobre los crímenes que se cometen diariamente en Colombia contra los 9.500 presos políticos. Situación que se repite a lo largo y lo ancho del continente.
Es bueno tener presente que nosotros y nosotras sobrevivimos a las cárceles militares pero los cóndores continuan sobrevolando el Amazonas, el Plata y los Andes, de otra manera podríamos dejarnos vencer por la sensación del "ya fué", de que al abrirse las puertas de rejas en marzo de 1985 la historia de la ignominia acabó.
Seguramente iremos con Veronika a ver "El Almanaque" nuevamente pues nos gustó mucho, pero al ver las caras de campo de concentración de los compañeros que eran llevados a los juzgados de la barbarie miliquera, recordaré a los peruanos, paraguayos, hondureños y colombianos que está AHORA pasando por aquello que tan bien conocemos. En Grecia también las cárceles están pobladas de presos políticos. Esperemos el sentir solidario les ayude a vencer los sufrimientos a que están sometidos.
un abrazo fraterno
Tambero
"Presos políticos lisiados,
paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la tortura diaria al ser
situados en medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y
hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de
medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los
consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata
de demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de
total impunidad".
Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de
ruedas debido a la paraplejia ocasionada por las torturas', está siendo
empujado a la muerte por tortura de negación de asistencia médica. Oscar
Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, situado adrede
en una penitenciaría sin presos políticos, en violación al dictamen de
Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica para evitar la
pérdida de visión, pero nunca le fue brindada'.
"Los presos políticos diagnosticados
con cáncer continúan sin recibir atención médica. Que las organizaciones
solidarias del Mundo exijan al Estado colombiano cese de forma
inmediata la aplicación de este método de tortura". CSPP
1.Introducción
Para finalizar este
Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en Colombia [1],
abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta de
carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la
sociedad en su conjunto. Es el‘castigo' contra el pensamiento crítico,
la reivindicación social, y la empatía. De los miles de presos políticos
amordazados en las cárceles colombianas, se estima que el 90% son
civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la organización
social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de las
organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la
oposición política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2].
Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus
categorías: a los presos políticos civiles y a los presos políticos de
guerra se les endilga, mediante grotescos montajes
judiciales, cargos por delitos comunes: "La estrategia usada contra los
prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos
de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines
terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político,
facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide
la extradición por delitos políticos]"[3]. Sindicalistas, estudiantes,
líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.) terminan presos por
‘terrorismo' y otros delitos comunes, debido a las estrategias del
estado colombiano para negar su accionar represivo a la par que lo
intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas
exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y
atentados además de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la
finalidad de convertirlos en falsos ‘testigos' contra activistas
sociales. La reivindicación de justicia Social -en el 3er
país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la reivindicación mediante el miedo
La represión sistemática
contra la organización social es un mensaje de terror de estado contra
la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el asesinato
político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se
expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta
paramilitar en coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5],
torturas a modo de escarnio público para provocar masivos
desplazamientos forzados [6]; en ese mismo orden de ideas, de paralizar
la reivindicación mediante el miedo, se implementa la tortura en las
cárceles colombianas. Es parte del Terror de Estado: su función no es
solamente ejercer la crueldad contra el opositor privado de libertad,
para generarle a éste sufrimiento, sino enviar un mensaje de terror a
quiénes quisieran oponerse a un Status Quo imperante de saqueo y
empobrecimiento. Así, las situaciones límite de
presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y ciegos, o enfermos que
son sometidos a la tortura diaria al ser situados en medio de patios
paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en situación
de total indefensión, y que son privados de medicamentos y asistencia
médica de manera a que las enfermedades los consuman, son mensajes que
buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la
crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia
médica, hay igualmente negativa de clasificación de internos en abierta
violación al DIH por parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una
negativa de aplicar la debida reducción de pena y excarcelación a presos
lisiados y enfermos terminales, también se denuncia el alejamiento
geográfico y separación familiar como forma de tortura, las palizas,
descargas eléctricas, envenenamientos (combustible, materia fecal,
vidrios en las comidas), la privación de agua, los encierros prolongados
en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos degradantes y las
humillaciones de carácter sexual, las amenazas de extradición, las
torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y
desaparición forzada. La impunidad ampara la tortura, no son respetadas
las sentencias de la Corte Constitucional, tampoco las tutelas. Además
se expiden leyes enfocadas a la
persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana
del gobierno Santos, y normas internas del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la
importancia de que crezca la solidaridad activa con los presos
políticos. Hay razones políticas, éticas y humanitarias de sobra para
que la sociedad colombiana e internacional alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades por tortura y negación de asistencia médica
Por negación de
asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos, ciegos, o
pierden la vida [10]: "A cada prisionero nos ha tocado activar el
sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el
INPEC no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de
tutela no hacen efectivo el arresto y el pago de la multa por
desacato"[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica
son alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra
los presos políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada
la cantidad de presas y presos políticos en situación de tortura en las
cárceles colombianas, presentaré solamente algunos casos.
José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un
cáncer de estómago para el cual le negaron los análisis durante más de
un año, incluso cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante
la gravedad de su caso y los atroces dolores que padecía, los demás
presos desarrollaron una huelga de hambre e interpusieron una tutela
para que el estado lo atendiera; pero todo fue en vano: hubo negación
absoluta de atenderlo por parte de las autoridades, propiciando así el
cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento llegó a tal punto contra
este preso político que fue inscrito
como NN en la morgue "a pesar que el INPEC contaba con la plena
identificación y tenía los teléfonos de la familia, a quienes nunca
informaron de su muerte" [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus
también fue asesinado por negación de asistencia médica y tortura; el
testimonio de su hija retrata la vida de una familia, que es la historia
de la persecución a la oposición política. También alerta sobre la
existencia de una política de Estado contra los presos políticos:
"Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente
del trabajo revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las
perdona el Estado. Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que
desterrarse para salvaguardar su vida (...) Mi madre fue víctima de un
montaje judicial, que la tuvo dos años tras las rejas. Yo fui conducida a
una correccional de menores cuando tenía 15 años(...) Fueron años de
presión que no le dejaron [a Arcesio Lemus] más opción que la
clandestinidad. Se incorporó al ELN, como salubrista (...) En 2005 mi
papá fue detenido. Empezó el calvario del encierro. (...) Comenzó a
enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores de cabeza
y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de solicitudes de
mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca
fueron atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que
tampoco fueron atendidos. Sus compañeros de
cautiverio hicieron huelgas y motines, hasta que lograron que lo
sacaran a "la unidad de sanidad", donde lo aislaron. (...) Empezamos a
gestionar visitas de organismos de derechos humanos (...) pero nada
funcionó. Fue remitido, en grave estado de salud, nuevamente a la
cárcel. (...) [Luego en] el Hospital Lleras Acosta recibió una atención
deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de presos
(...) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(...)
Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe
terrible en la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue
que se cayó", nos dijeron en el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran
de nuevo a un centro médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera,
llevaba casi quince días vomitando, no controlaba esfínteres, había
perdido peso de manera alarmante y, por si fuera poco, se agregaba un
trauma craneoencefálico que nunca se supo cómo
sucedió dentro de la cárcel (...) Fue remitido a una institución
hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su
cerebro (...) el 29 de junio 2010, falleció. (...) [Es] la ignominia que
viven los presos colombianos, especialmente los presos políticos,
contra quienes pareciera existir una política de Estado(...) El INPEC
paga a la EPS que atiende la salud de los internos, casi 32 mil millones
de pesos al año. ¿Cuánto dinero de ese se invierte en atender la salud
de los internos, si pasan años para que sea aceptada una solicitud de
revisión médica, de exámenes, de tratamiento?"[13].
Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras
otra, en la más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado
por tortura Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado
de asistencia médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al
preso Jhon Jairo Garcia por tortura de negación de asistencia médica
[15]. En la cárcel el Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012
[16], y el 9 de abril 2012 fallece Yovani Montes, ambos por negación de
asistencia médica [17]. En diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni
[18], y el 14 de junio 2012 fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por
negación de asistencia médica, en Bellavista [19]... La lista continúa
de manera aberrante. La Personería de Medellín reporta que: "en los
últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta de atención médica"
[Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: "la inminente
negligencia de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de
traslado del penitenciario a un centro de atención medica pertinente al
caso de salud de José M. Álvarez Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y
solicitado en extradición, que padece de una enfermedad que no ha
recibido un trato adecuado y que por solicitud del médico interno, es
necesaria la atención especializada urgente debido al estado de
descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está
violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios
prisioneros han muerto (...) Es innegable que en las cárceles de
Colombia se violan los DD.HH., se da un trato contra la dignidad
humana"[20]. Pese a las súplicas de familiares y organizaciones, la
negación de asistencia médica acaba con la vida de Tonguino a inicios de
2012. Son reiteradas las solicitudes -infructuosas- de que "se abran
las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza de su
director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel
PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93,
Art. 16 CN y el acuerdo 0011/2002. (...)que se garantice el Derecho a
la Vida" [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y homicidios. Algunos
presos políticos que han sido asesinados por negación de asistencia
médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle, Jimmy
Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21].
4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación de asistencia médica
Los presos son privados
de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a todo aquel que
requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos Figueroa,
médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20 años
de prisión por "rebelión", para castigar su respeto por la vida: "A
nivel judicial también existen los ‘falsos positivos'". Este médico
preso político padece de cáncer: "Para que me iniciaran el tratamiento
tuve que demandar al estado; pero no me llevan a las citas. Muchos
enfermos reciben peor trato incluso (...) Apenas se denuncian los
maltratos somos llevados a cárceles de alta seguridad, como lo que me
ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos políticos deberíamos
estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí no hay
ninguna clasificación"[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica
varios presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis
Ochoa [23] es diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le
niega una alimentación adecuada y la asistencia médica como forma de
tortura que provoca la muerte; también se le ha introducido en un patio
de paramilitares, en un intento de asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando
por negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa
que le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin
asistencia lo empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán
Rodríguez Díaz realizó una huelga de hambre reclamando asistencia médica
y su traslado de penal, dado que el INPEC lo envió al "centro de
tortura de Valledupar", alejándolo de su núcleo familiar[25]. "El
prisionero político padece una infección estomacal, un
problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado
múltiples peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas.
Hernán Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se
encontraban enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos,
padeciendo los síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado
rectal y oral, sin que hubiesen sido atendidos" [Ibíd.].
5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
La situación de los presos
políticos de guerra es dramática: éstos son con frecuencia capturados
heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la asistencia médica,
empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros. Tal es el caso
del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene las piernas y
los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia médica,
restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas confesiones bajo
amenaza de extradición: "No puede caminar, ni comer solo y siempre
debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser
realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la
pésima alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta
ordenada por el médico, soporta fuertes dolores (...) Fue abordado por
dos hombres de aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y
estos lo hostigaron
afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no confesaba(...)
Fue alejado de su familia en una política de destierro que vulnera un
derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos que no
están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un
enfermo terminal. Les están restringiendo el agua"[26].
El preso político de
guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de torturas por
parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e intentó
asesinarlo en repetidas ocasiones, "utiliza silla de ruedas debido a la
paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del
Gaula"[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de
negación de asistencia médica: "devorado por una bacteria agresiva que
le está carcomiendo el tejido muscular y óseo(...) la infección se
trasladó al glúteo, afectando su integridad física: se expone a
amputación (...) Por más de dos años una bacteria corroe su humanidad
(...) Iguales circunstancias padecen miles de presos que son
desatendidos en las prisiones colombianas, lugar donde se tortura
sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus obligaciones
constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos"
[Ibíd.], denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
(CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con
enfermedades crónicas en las cárceles colombianas es vergüenza para la
humanidad: el hacinamiento, la insalubridad, la privación de agua, la
comida descompuesta, las agresiones físicas de los guardianes o del
paramilitarismo los vulneran de manera inexorable. Iván Cepeda denunció:
"La gravísima situación se expresa en que más de 400 personas estén
lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con
carácter terminal"[28]. La debida reducción de pena y la excarcelación
de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña. En mayo
2012 denuncian: "El prisionero Nelson Guzmán se encuentra cuadripléjico y
sin la atención medica adecuada, en condiciones miserables (...) El
juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese
a la solicitud de prisión
domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros de la
tercera edad que sufren penosas enfermedades"[29].
6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin brazos y ciego
El ensañamiento contra
los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el preso político Oscar
Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados, está
encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin
presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH.
Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por
completo la visión por causa de la negación de asistencia médica del
INPEC: "Un joven que sufrió amputación de los miembros superiores y
durante todo este tiempo necesitó atención médica urgente para evitar la
pérdida de su visión, pero ésta nunca le fue brindada"[30]. Su defensor
logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7 meses, gracias al dictamen de
"Medicina Legal que afirma que por sus discapacidades físicas no puede
estar en un centro penitenciario. Le otorgan detención domiciliaria."
Pero el estado, en una clara
demostración de ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención
domiciliaria: "En medio de una de esas ilegales jugadas que realiza la
rama judicial por orientación directa de los organismos de seguridad
(...) Oscar es condenado a 40 años de prisión y remitido a la Cárcel de
Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina Legal" [Ibíd.]. El estado
colombiano viola el DIH y se empecina en mantener una situación de
tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera de Oscar, el
INPEC profundiza la tortura: "Óscar es trasladado consciente y
premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos
políticos que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el
contrario, sólo hay paramilitares(...) Oscar no puede valerse por sí
mismo. Es puesto en una situación de total indefensión" [Ibíd.]. El
estado busca aplastarlo como ser humano, porque remitir a un preso
político y de guerra sin brazos y ciego a una cárcel
llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se
evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un
ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta
contra su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye "atentado contra la vida"
El CSPP denuncia en mayo 2012 que "Los presos políticos con cáncer continúan sin recibir atención médica por parte del estado":
"Los presos políticos
enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente Saúl Valcarcel
Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de
Palogordo; continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su
condición se deteriora cada día (...) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado
con cáncer de colon ha empeorado a pesar que el Juzgado tuteló los
derechos fundamentales a la salud, sin que hasta la fecha se haya
iniciado las sesiones de quimioterapia ordenadas por la junta de
oncología (...) A Vicente Albarracín, diagnosticado con cáncer de recto,
le manifestaron que debía someterse al tratamiento de quimioterapia
pero que CAPRECOM no contaba con el medicamento (...) Juan Emilio Calle
de 33 años, fue diagnosticado con cáncer linfoma Hodcking, desde el año
2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se encuentra sin recibir
atención médica desde hace dos años (...) Desde
enero 2012 su estado de salud recayó ostensiblemente (...) el oncólogo
ordenó un tratamiento de quimioterapia, terminado este procedimiento se
debía hacer un trasplante de médula ósea. Aún con esta orden médica,
Juan Emilio no ha recibido el tratamiento, consecuencia de ello su
estado de salud empeora, al punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con
fiebre alta, constante dolor de cabeza y cuerpo, poco sueño y visón
borrosa, entre otros síntomas.
La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la
dignidad humana, además de erigirse como un tratamiento cruel e
inhumano. El estado Colombiano tiene la obligación de respetar, proteger
y garantizar la vigencia plena de los derechos fundamentales en las
cárceles. El desconocimiento de los mismos a los presos políticos,
representa una violación tanto del derecho internacional de los DDHH,
como del DIH. Cobra vigencia la necesidad de mantener los ojos en las
cárceles colombianas"[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas ?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El CSPP alerta:
"Han
muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de
cáncer, lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia
médica. Esta grave problemática ha sido denunciada de forma reiterada
por los colectivos de presos políticos y organizaciones de derechos
humanos, sin que las autoridades hayan realizado las investigaciones que
permitan establecer cuáles son las causas de tan reiterativos casos de
cáncer y las actuaciones disciplinarias por negligencia médica [o
negación]. La situación transgrede las normas del derecho humanitario.
Hacemos un llamado urgente para que las organizaciones solidarias de
Colombia y el Mundo, exijan al Estado colombiano cese de forma inmediata
la aplicación de este método de tortura y a la vez tratamiento inhumano
y degradante al interior de las
cárceles, procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud de
todos los presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar
investigaciones penales y disciplinarias serias, contra los altos
funcionarios del Estado que por acción u omisión son responsables de
estos graves hechos; 3. Indagar las causas que están provocando los
reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas, a efectos de
prevenir la ocurrencia nuevos hechos" [32].
9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y alimentos descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias
por intoxicación alimentaria en diversos penales dan cuenta del
carácter continuo de este atentado contra la salud y la vida.
"Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de
alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global
Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia
fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos
Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG" [33]. El 16 de abril 2012
el CSPP denuncia: "Nueva intoxicación masiva en Palogordo", alertan los
presos políticos:
"Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de
descomposición, jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos
intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al
almuerzo se nos suministró un arroz con sabor y olor a combustible
(A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de
un jugo, se presenta una intoxicación general de presos, tocándonos
hacer del cuerpo en las áreas de ducha porque el número de sanitarios
(4) no dan abasto. Existe un temor latente para consumir los alimentos,
pues volveríamos a recaer en otra intoxicación. Mientras estas cosas
suceden en las cárceles, el señor Ricaurte - Director del INPEC- hace
declaraciones en las que anuncia al país que a tres presos de clase alta
se les asignó cocinero personal y ‘lo que más les gusta es la mazamorra
chiquita'. Los oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos
privilegios" [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:
"Los
presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo Girón
Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos
declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la
empresa prestadora del servicio de alimentación(...) Esta empresa viene
reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los
alimentos(...) Nos suministra alimentos en estado de descomposición no
aptos para el consumo humano. Ocasionándonos serios problemas de salud
como son intoxicaciones masivas, diarreas, y demás problemas digestivos
que a la vez nos han dejado otros problemas de salud tales como
ulceraciones e irritación del colon, un 40% de la población reclusa
padece de esta enfermedad" [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el
cáncer.La Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente
las múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con
posibles cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de
los prisioneros, que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como
sucedió con el prisionero político José Albeiro Manjarres, quien murió
luego de que se le descubriera de forma tardía un cáncer terminal de
estómago. Que se conforme una comisión (...) con el objeto de verificar
los motivos por los cuales en la Penitenciaria de Palogordo se presentan
múltiples casos de enfermedades cancerosas que afectan el aparato
digestivo"[36].
Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura
recurrente: el 26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una
altura de 20 metros del suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: "Un
día el INPEC nos da vidrio en las comidas, como el 28 de mayo, que dejó
a 5 presos heridos incluyendo a Javier Moscote, quien fue hospitalizado
por heridas ocasionadas al interior de su cuerpo por los vidrios
injeridos, y otro día no nos da comida"[37]. El CSPP denuncia: "el
suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos
inferiores a 20 minutos (...) los reclusos deben recoger el agua en
recipientes y transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera
enfrentamientos (...) a diario aproximadamente 60 detenidos de cada
torre se quedan sin agua, lo que constituye condiciones de vida cruel y
degradante" [Ibíd.].
10. Suicidios
La cantidad de suicidios
debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo se suicidó tras
meses de tortura: "El régimen de crueldad y Tortura al que están
sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a
atentar contra su propia vida, como Leandro" [38]. Jorge Russo fue
empujado al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios,
además de torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras
crueldades; cuando se subió a las estructuras carcelarias: "uno de los
guardias le lanzó una pipeta de gas desde la terraza, también le
lanzaban piedras y una lo golpeó fuertemente en la cabeza" [39].
El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de
tortura y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares,
ocasionando cuadros dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso,
aparentemente, de Luis Carlos Arroyave [40], que
apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la guardia; o de
Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de septiembre 2011
en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC lo
sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su
núcleo familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que
no pudo soportar más la tortura de estar lejos de su familia, situación
que consideraba como "muerte en vida"[41]. En enero 2012, se ahorca
Frank Camilo Amado, bajo "una política sistemática de represión y
violencia por parte de la guardia, generando todo tipo de torturas
físicas y psicológicas, humillaciones y tratos degradantes, fuertes
palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la cara(...) Alguien
debería indagar sobre las causas de que en menos de 6 meses ya existan 5
muertos", denuncian los presos políticos de Girón en junio 2012 [42].
11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica
Por palizas son
asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -uno de los
casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de asistencia
médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con la
esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca;
pero las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un
mecanismo de agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado
fue: "sometido a aislamiento por negarse a firmar un documento donde se
auto-culpara (...) Al negarse a firmar, la golpiza propinada por la
guardia le provocó múltiples heridas. No ha sido atendido. Por haber
sido sometido a tortura, ha iniciado una huelga de hambre. Con el fin de
exigir respeto a sus derechos fundamentales y al derecho a la salud en
particular", denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio 2012 muere Jair
Benavidez Suárez "luego de tres meses de aislamiento
prolongado y fuertes golpizas del INPEC" [44].
12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad
El Movimiento de
Víctimas de Crímenes de Estado expresa: "La Defensoría del Pueblo
presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del
General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La
tortura en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que
permanece en total impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana
Contra la Tortura, en su Informe de Seguimiento a las Recomendaciones
del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, (...) entre el año 2010
y lo que va del 2011, la Defensoría del Pueblo del Cesar reportó tan
sólo en el establecimiento de alta seguridad de Valledupar 220 quejas de
internos contra funcionarios del Inpec, de las cuales, 46 quejas son
por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y degradantes" [45].
Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un
imperativo humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles
colombianas quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg:
"Ningún documento escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura
previa" [46]. La impunidad ampara a los torturadores, mientras que un
comportamiento respetuoso de los DDHH es castigado: cuando hay jueces
que se niegan a avalar los montajes judiciales del estado, éstos sufren
asesinato o encarcelamiento político, como el Juez Oscar Hurtado,
detenido por negarse a legalizar capturas masivas y detenciones
arbitrarias [47].
Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: "En contra de la
tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el
traslado de los internos a centros penitenciarios alejados de sus
familias (...) Los familiares sentimos como propios los sufrimientos que
padecen nuestros seres queridos en
los centros de tortura llamados cárceles (...) El sistema jurídico
colombiano entrega sin ningún reparo a sus nacionales en
extradición(...) Nos desnudamos para ser escuchadas."[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos organizativos
No obstante su situación
de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen trabajando en
procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El preso
político Jairo Fuentes denuncia: "En las cárceles el derecho de
expresión es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (...)
quienes estamos denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a
cárceles de máxima seguridad, lejos de nuestras familias" [49]. La
Campaña Traspasa los Muros denuncia esta forma de tortura: "Uso de
traslado y aislamiento como forma de desarticulación organizativa (...)
no se tiene en cuenta que la ubicación del proceso judicial esté en el
mismo sitio donde la persona está recluida. Este hecho se da en el caso
de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad de traslados
que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo dentro
de los centros de reclusión y también como
retaliaciones de sus acciones de denuncia y desobediencia. Esta
situación provoca una forma adicional de pena que es el hecho de estar
alejado del núcleo familiar"[50].
En Junio 2012 denuncian que corre
peligro la vida del defensor de DDHH, preso político y de guerra Marbel
Zamora trasladado aunque: "una tutela le concedió el derecho a la unidad
familiar(...) destacado por su valioso trabajo en el Movimiento
Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena para
todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen
familiar y procesal, no a la extradición(...) Destacado en la
resistencia frente a las reiteradas violaciones de DDHH por parte del
INPEC. Su traslado a la cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su
vida(...) dicha cárcel se ha caracterizado por su permanente
tortura"[51].
14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos políticos
El DIH preconiza la
Clasificación de internos, pero: "los prisioneros políticos no son
separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo,
convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en
amenaza constante su vida"[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros.
Los traslados a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como
método de tortura contra los presos políticos. En julio 2012 denuncian:
"Los atropellos a la seguridad y la vida de que fueron víctimas los
presos políticos José Darío Arévalo Quintero, Wilson Enrique Leva, José
Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (...) ordenando su traslado a
otros patios(...) Solicitamos que sean reubicados urgentemente donde nos
encontramos la mayoría de los presos políticos." Arévalo Quintero
expresa: "Temo por mi integridad física y por mi vida, me encuentro
entre internos procesados por paramilitarismo e
integrantes de la fuerza pública"[53]. En el marco de la huelga
nacional de hambre de marzo 2012: "el Prisionero Político Leonardo Chaux
Hernández se declaró en huelga de hambre para denunciar que era el
único prisionero político en el patio 1B de La Dorada, y en exigencia de
la visita humanitaria de la Comisión Internacional de DDHH"[54],
impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e
intento de homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue
puesto en un patio con miembros del Gaula:
"Caí tras el disparo... luego me propinaron otro disparo en el
abdomen (a quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2
metros del suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a
patadas y culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó
me reventó por dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los
oídos, por los poros, pero a ellos no les importó, me siguieron
golpeando(...) El Cabo Salazar sacó un puñal y me chuzó todos los dedos.
Luego me sacaron todas las uñas de los dedos de los pies (...) Me
pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me degolló (...) Estoy condenado a 22
años de cárcel por ‘rebelión' y ‘tentativa de homicidio' pero no sé de
qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni llegué a usar el
arma(...) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi, miembros
activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(...) En
esta cárcel han tomado
represalia política(...) Nos dieron a ‘escoger' a los presos políticos
entre los calabozos y el patio paramilitar(...) Me roban, me hacen caer
de la hamaca, me golpean... Saben mis limitaciones físicas y que soy un
preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares"[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos
Las presas políticas
denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas a la negación
de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las torturas
las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe García,
detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió sus bebés
por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común del
continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a
manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza
Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos,
obligando a estos a sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje
como forma de tortura que utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las
visitas o la reducción de pena son impedidas como retaliación contra la
organización política. Los niños están expuestos a ser entregados a
orfanatos, si no les queda un familiar que los acoja. A las madres
cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención domiciliaria,
como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4 años presa
sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos
constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:
"El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien
desaparece a su opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (...) Un
90% de las mujeres privadas de la libertad somos madres, la mayoría
madres cabeza de familia. Es muy grave que una justicia vengativa ponga
en la cárcel a las mujeres madres, porque penaliza a los hijos. Estas
niñas y niños van a quedar gravemente dañados por la experiencia de
tener a sus madres en prisión (...) Muchos de ellos si no tienen un
familiar que los cuide crecen en la institución del estado, que es
prácticamente otra cárcel, donde van a estar recluidos, y podrán
solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas pocas horas.
Algunas mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad
de 3 años pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios
que demuestran que estos niños que han crecido en prisión
sicológicamente tienen muchos problemas... pero es la única
opción para quien no tiene con quien dejar a sus hijos (...) Estas
condiciones son violatorias de los derechos de los niños" [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a
convivir con paramilitares:"exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en
nuestra seguridad. Exigimos que se de cumplimiento a las leyes
internacionales de clasificación de internas por hecho punible y se nos
separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz', paramilitares(...)"[60].
También alertan:"No hay diagnósticos sobre enfermedades crónicas o
terminales, no se atienden los tratamientos post-quirúrgicos o no se
suministran los medicamentos. Situaciones tan graves como las que
denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: ‘hay varias
internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no
han sido atendidas'" [61].
16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y
vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima parte de la
realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de
violaciones sexuales por parte de guardianes: "Una reclusa fue abusada
por los guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los
guardianes estarían abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una
investigación, pero no la trasladó a ella, de tal manera que sigue
custodiada por los guardias denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a
tener relaciones sexuales, es un abuso de autoridad'. Cuatro
uniformados son investigados por inducir a las detenidas a prostituirse.
‘Yo dije que era violación(...) después de eso siguió el acoso, la
burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto porque
según él ya lo había hecho con otro guardián'" [62].
Los familiares visitantes sufren "abusivos manoseos en sus partes
intimas"[63], asimismo los presos políticos denuncian:"debemos soportar
todo tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes;
sometidos a vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y
obligados a realizar genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes
(...)Ese tipo de requisas, son proscritas por la Corte
Constitucional(...)" [64], pero la impunidad ampara la continuidad de la
tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado
La tortura se inscribe
en una lógica de estado, de dominación mediante el miedo; no se trata de
casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa a la par que
evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización
sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos
políticos, y llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los
familiares. El tema de la tortura implicando a familiares de presos
políticos será desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la
impunidad que prolonga la tortura, ante los sufrimientos indecibles,
ante los homicidios de presos, se hace urgente la solidaridad
internacional. La exigencia del cese de la tortura y la exigencia de la
libertad para los miles de presos políticos son pasos imprescindibles
hacia una verdadera paz con justicia social. La importancia de
visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de
impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la
reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la
guerra, su finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas
de Colombia y la concentración de capital en pocas manos, en desmedro de
una población cada día más empobrecida.
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Para la libertad
Voces que atraviesan los muros y las rejas
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Por qué
Porque la prisión murada nació con el capitalismo para control y disciplinamiento de los sectores sociales oprimidos.
Porque la cárcel es un depósito de seres condenados al aniquilamiento de su condición humana.
Porque los hombres y mujeres que la padecen, invariablemente, habitan el territorio de la pobreza y la rebeldía.
Porque
no podemos derribar los muros y las
rejas, pero sí atravesarlos con las voces de tantas compañeras, de
tantos compañeros, quienes se hallan sentenciados al silencio y al
olvido.
Porque de este modo podemos compartir con nuestros lectores,
sus denuncias, sus tristezas y sus sueños, es que la Agencia Rodolfo
Walsh promueve este sitio de expresión.
Porque las razones que nos impulsan, en conjunto, provienen del mismo
dolor y de la misma terquedad en emprender el vuelo hacia un horizonte
de justicia y libertad
Las fotos que la Justicia ordenó tomar en el centro de torturas “Infierno Grande” (Batallón de Infantería No13), no pudieron hacerse por orden del Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con el argumento que hay “armamento secreto” en la unidad, dijo la jueza de la actuación.
28.09.2012
