El dilema entre el sillón y las bases en conflicto
El PCU recurrió a Mujica por desgaste de Venegas
Lorier. "El ministro nada en un mar lleno de tiburones"
El Partido Comunista está preocupado por los ataques que desde diferentes frentes recibe el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas. Entiende que sufre un fuerte desgaste y que una generalización del conflicto en la salud podría costarle el cargo.
El pasado lunes, los comunistas Juan Castillo, Marcelo Abdala, Daniel Marsiglia y el senador Eduardo Lorier visitaron en su chacra al presidente José Mujica para analizar una salida al conflicto de la salud, informó El Observador en su edición de ayer. El senador Lorier dijo a El País que la reunión fue para buscar una "solución" al conflicto que afecta la cartera del ministro Venegas, perteneciente al PCU, y se encontró "muy buena receptividad" por parte del presidente Mujica.
El lunes, en el Consejo de Ministros, Mujica había señalado que no había margen para atender los reclamos de los funcionarios de la salud pública, que exigen un piso salarial de $ 14.500. En ese momento el ministro Venegas tuvo claro que en la reunión del martes con los representantes de la Federación de la Salud no quedaba nada para ofrecer.
"Evaluamos que sin una propuesta para buscar una salida se iban a concretar las ocupaciones que ya estaban planificadas, la esencialidad continuaría y el Pit-Cnt, seguramente, se iba a introducir en el conflicto", sostuvo Lorier.
Lorier dijo que "se cae de maduro que el ministro está en un área altamente sensible, conflictiva, donde hay muchos intereses en juego". El senador acotó que en general "en la gestión de la salud pública los elementos conflictivos están permanentemente presentes y la tarea del ministro es muy compleja, con muchos equilibrios a tener en cuenta. El ministro nada en un mar de tiburones".
Lorier también hizo alusión a los frentes externos. "La salud mueve miles de millones de dólares al año y los actores que viven de la mercantilización de la medicina buscan apropiarse de la mayor parte de la torta", dijo.
También admitió que es "posible" que el ministro dé la sensación de "estar solo", pero matizó que lo contrarresta porque "es muy firme, muy sólido en sus convicciones y sabe moverse en un mundo que es muy complejo".
Fuentes del PCU señalaron que la declaración de esencialidad ordenada para contrarrestar las ocupaciones de los centros de salud no cayó en gracia porque también afecta la imagen de la colectividad política y del ministro frente al colectivo de los trabajadores.
En ese sentido, los informantes señalaron que los principales conflictos están siendo manejados por sindicalistas que no pertenecen al PCU.
Destacaron que en la dirección de la Federación de Salud Pública (FFSP) hay tres comunistas en un total de 15 dirigentes y que la mayoría está en manos del MPP y la agrupación que encabeza el director de ASSE por los trabajadores, Alfredo Silva. El sindicato de Ancap (Fancap) tiene una "fuerte presencia" de militantes del MPP y del Partido Socialista, dijeron las fuentes del PCU.
SALUD. Mientras tanto, ayer el gobierno y el sindicato de Salud Pública confirmaron una tregua de siete días en los que no habrá medidas sindicales y desaparecerá la declaración de servicios esenciales para el sector. Las dos partes acordaron que el incremento salarial que venían negociando duplicará los sueldos más bajos de los funcionarios, que llegarán a ganar $ 14.500. El gobierno pretendía que el ajuste se produjera en 2014, luego ofreció que se hiciera a mediados de 2013. Sin embargo, el sindicato y el gobierno están en línea en que el aumento se produzca a partir del 1° de enero de 2013, aunque atado al presentismo.
El gobierno no habilitará nuevos gastos en la Rendición de Cuentas. Ante eso, acordaron formar una comisión de trabajo para localizar fondos de ASSE dentro de la Rendición para cubrir el incremento de los salarios más bajos del área.
La comisión deberá señalar los recortes a los US$ 30 millones que destinó la Rendición para ASSE. De ese monto se deberá encontrar la forma de recortar aproximadamente US$ 3 millones para financiar el incremento de los salarios más sumergidos. Según cifras del sindicato, hay entre 800 y 1300 funcionarios en el primer escalón de la escalera retributiva. ASSE cuenta con más de 23 mil trabajadores no médicos.
La comisión, con cuatro integrantes del sindicato, comienza a trabajar el viernes 14 y debe terminar el viernes 21.
El País Digital Jueves 13.09.2012
PCU amenazó con irse del gobierno y Mujica ordenó acuerdo en salud
Huelga de hambre en la educación. Ocupación en decenas de centros de estudios. Se terminó el combustible un fin de semana por un conflicto gremial en ANCAP. Sin embargo, en los únicos lugares donde el gobierno de José Mujica decretó la esencialidad fue en la Intendencia de Montevideo, gestionada por la comunista Ana Olivera y en la salud,a cargo del también comunista, Jorge Venegas. Ese fue uno de los argumentos que cuatro dirigentes del Partido Comunista (PCU) expusieron el lunes de noche al presidente José Mujica, cuando, molestos por lo que entendieron fue una desautorización a Venegas por el conflicto con los trabajadores no médicos, le plantearon una queja.
Tras varias reuniones, el lunes decidieron que era tiempo de abandonar el gabinete, donde tienen al ministro Venegas y al subsecretario de Educación, Óscar Gómez.
Enterado de eso, el presidente llamó a los dirigentes comunistas y les ofreció mantener una reunión en su chacra. Allí, fueron con un planteo fuerte: o respaldaba al ministro o se replanteaban su relación con el Poder Ejecutivo, relataron a El Observador fuentes del PCU.
Pero tuvieron éxito en su planteo. Tras la reunión, el presidente dio indicaciones a los negociadores por el Poder Ejecutivo para que ayer buscaran una forma para llegar a un acuerdo con los trabajadores no médicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que reclaman más recursos para salarios (ver recuadro). Por eso ayer quedaron cerca de cerrar las negociaciones, que continuarán hoy en el Ministerio de Trabajo.
El lunes, los comunistas no hicieron el planteo solo ante Mujica. El dirigente Juan Castillo, que junto con el senador Eduardo Lorier fue uno de los delegados comunistas ante Mujica, también le transmitió a sus compañeros del equipo de la presidencia del Frente Amplio el malestar del sector.
Tras el encuentro con Mujica y el nuevo compromiso del presidente, los ánimos se calmaron y los comunistas desistieron de renunciar al Poder Ejecutivo. La sangre no llegó al río pero estuvo cerca.
¿Por qué?
Para los comunistas no es cómodo el lugar que ocupan. Tienen una larga tradición sindical y es donde están más fuertes. Sin embargo, al ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno, tanto en lo municipal como en lo nacional, tienen que sentarse a negociar con sus camaradas. En la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) solo tres de 11 de los miembros de la directiva son comunistas. Pero de todas formas, el sector se involucró fuerte en el conflicto para buscarle una solución.
Venegas negoció durante varias semanas con los trabajadores, junto con la presidenta de ASSE, Beatriz Silva (independiente) . Tras varias idas y vueltas estuvieron cerca de un acuerdo. El lunes 3 Mujica pidió “firmeza” ante los públicos. El mensaje fue no dar más aumentos.
Venegas tenía prevista una reunión con el sindicato para el día siguiente, en la que iba a ofrecer una contrapropuesta para finalizar el conflicto. Tras la indicación del presidente decidió reiterar la propuesta anterior y firmar la esencialidad para evitar seis ocupaciones de hospitales que estaban previstas. El ministro en esa oportunidad dejó claro que actuó tras “instrucciones” del presidente.
Tras la tensión de esas ocupaciones y la esencialidad, el PIT-CNT se metió en la negociación. El miércoles 5, Mujica había recibido en su casa al flamante coordinador de la central sindical, Marcelo Abdala (también comunista) y a otros dirigentes. Allí comprometieron la búsqueda de un acuerdo. La única solución planteada era dar más recursos. Estaba prevista una reunión para ayer, pero el lunes 10, Mujica decidió en el consejo de ministros no dar más dinero para la salud. “La Rendición de Cuentas está cerrada”, declaró a la salida del gabinete el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Aclaró que la esencialidad seguía firmada.
Apenas terminó esa reunión, Venegas informó a sus camaradas la decisión de Mujica y todos coincidieron que era una desautorización al ministro frente al sindicato. Además dejaba mal parado a Abdala.
Ayer, tras la indicación de Mujica, la FFSP y el gobierno acordaron reunirse hoy a las 14 horas para continuar las negociaciones. Según explicó a El Observador el secretario general del gremio, Pablo Cabrera, el gobierno debe responder si es “viable” pagar las 6 BPC que exigen como salario mínimo ($ 14.500) desde enero de 2013. Si afirman que sí, se conformará una comisión que en los próximos siete días analizará qué recursos de ASSE se pueden redireccionar.
PCU amenazó con irse del gobierno y Mujica ordenó acuerdo en salud
El ministro Venegas se sintió desautorizado y el presidente aceptó nueva negociación
Huelga de hambre en la educación. Ocupación en decenas de centros de estudios. Se terminó el combustible un fin de semana por un conflicto gremial en ANCAP. Sin embargo, en los únicos lugares donde el gobierno de José Mujica decretó la esencialidad fue en la Intendencia de Montevideo, gestionada por la comunista Ana Olivera y en la salud,a cargo del también comunista, Jorge Venegas. Ese fue uno de los argumentos que cuatro dirigentes del Partido Comunista (PCU) expusieron el lunes de noche al presidente José Mujica, cuando, molestos por lo que entendieron fue una desautorización a Venegas por el conflicto con los trabajadores no médicos, le plantearon una queja.
Tras varias reuniones, el lunes decidieron que era tiempo de abandonar el gabinete, donde tienen al ministro Venegas y al subsecretario de Educación, Óscar Gómez.
Enterado de eso, el presidente llamó a los dirigentes comunistas y les ofreció mantener una reunión en su chacra. Allí, fueron con un planteo fuerte: o respaldaba al ministro o se replanteaban su relación con el Poder Ejecutivo, relataron a El Observador fuentes del PCU.
Pero tuvieron éxito en su planteo. Tras la reunión, el presidente dio indicaciones a los negociadores por el Poder Ejecutivo para que ayer buscaran una forma para llegar a un acuerdo con los trabajadores no médicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que reclaman más recursos para salarios (ver recuadro). Por eso ayer quedaron cerca de cerrar las negociaciones, que continuarán hoy en el Ministerio de Trabajo.
El lunes, los comunistas no hicieron el planteo solo ante Mujica. El dirigente Juan Castillo, que junto con el senador Eduardo Lorier fue uno de los delegados comunistas ante Mujica, también le transmitió a sus compañeros del equipo de la presidencia del Frente Amplio el malestar del sector.
Tras el encuentro con Mujica y el nuevo compromiso del presidente, los ánimos se calmaron y los comunistas desistieron de renunciar al Poder Ejecutivo. La sangre no llegó al río pero estuvo cerca.
¿Por qué?
Para los comunistas no es cómodo el lugar que ocupan. Tienen una larga tradición sindical y es donde están más fuertes. Sin embargo, al ocupar cargos de responsabilidad en el gobierno, tanto en lo municipal como en lo nacional, tienen que sentarse a negociar con sus camaradas. En la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) solo tres de 11 de los miembros de la directiva son comunistas. Pero de todas formas, el sector se involucró fuerte en el conflicto para buscarle una solución.
Venegas negoció durante varias semanas con los trabajadores, junto con la presidenta de ASSE, Beatriz Silva (independiente) . Tras varias idas y vueltas estuvieron cerca de un acuerdo. El lunes 3 Mujica pidió “firmeza” ante los públicos. El mensaje fue no dar más aumentos.
Venegas tenía prevista una reunión con el sindicato para el día siguiente, en la que iba a ofrecer una contrapropuesta para finalizar el conflicto. Tras la indicación del presidente decidió reiterar la propuesta anterior y firmar la esencialidad para evitar seis ocupaciones de hospitales que estaban previstas. El ministro en esa oportunidad dejó claro que actuó tras “instrucciones” del presidente.
Tras la tensión de esas ocupaciones y la esencialidad, el PIT-CNT se metió en la negociación. El miércoles 5, Mujica había recibido en su casa al flamante coordinador de la central sindical, Marcelo Abdala (también comunista) y a otros dirigentes. Allí comprometieron la búsqueda de un acuerdo. La única solución planteada era dar más recursos. Estaba prevista una reunión para ayer, pero el lunes 10, Mujica decidió en el consejo de ministros no dar más dinero para la salud. “La Rendición de Cuentas está cerrada”, declaró a la salida del gabinete el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. Aclaró que la esencialidad seguía firmada.
Apenas terminó esa reunión, Venegas informó a sus camaradas la decisión de Mujica y todos coincidieron que era una desautorización al ministro frente al sindicato. Además dejaba mal parado a Abdala.
Ayer, tras la indicación de Mujica, la FFSP y el gobierno acordaron reunirse hoy a las 14 horas para continuar las negociaciones. Según explicó a El Observador el secretario general del gremio, Pablo Cabrera, el gobierno debe responder si es “viable” pagar las 6 BPC que exigen como salario mínimo ($ 14.500) desde enero de 2013. Si afirman que sí, se conformará una comisión que en los próximos siete días analizará qué recursos de ASSE se pueden redireccionar.
Dirigentes sindicales comunistas deberán rendir cuentas ante el comité central
Ante la escalada de conflictos sindicales, los trabajadores comunistas tienen como metodología de trabajo defender el programa del Frente Amplio y el del PIT CNT
+ El Observador - 05.09.2012
La reunión del PCU y Mujica
Una reunión de una delegación de la dirección del Partido Comunista del Uruguay con el presidente de la República, José Mujica, en su chacra, mereció una atención mediática muy por encima de lo normal, y una vez más, pretendió mostrarse como el reverso de lo que en realidad fue.
Se informó o desinformó, la mejor calificación queda al gusto del lector, que el PCU fue a presionar a Mujica, que fue a exigir soluciones para el conflicto de Salud Pública o se retiraba del gobierno, que la tensión era enorme.Hay dos maneras de pararse, política e informativamente, ante un acontecimiento: privilegiar los comentarios, los trascendidos, alimentar la especulación o guiarse por los hechos. El primer camino no tiene retorno, después de que se incurre en él se queda atrapado en su lógica que exige más especulación, más trascendidos. El segundo requiere más esfuerzo y también paciencia, no siempre está atado a los tiempos y a los requerimientos periodísticos, tiene los tiempos propios de la
realidad. La elección de un camino u otro no es inocente.
Lo que realmente pasó en la reunión del lunes es explicado con lujo de detalles en las páginas de EL POPULAR por dos participantes de la misma, el senador y secretario general PCU, Eduardo Lorier y el vicepresidente del Frente Amplio e integrante del Comité Ejecutivo del PCU, Juan Castillo.
Pero lo más importante y determinante son los hechos anteriores y posteriores a la reunión, la trayectoria histórica y reciente del PCU, su actitud y también lo que ocurrió en el conflicto planteado en Salud Pública, que fue uno de los temas centrales tratados en el encuentro.
Las versiones periodísticas trataron de transmitir un clima de tensión, de enfrentamiento, una situación política límite. ¿Había tensión? Por supuesto que la había. El conflicto planteado en Salud Pública parecía entrar nuevamente en un callejón sin salida, vaya si es un motivo de tensión. ¿Eso implica un enfrentamiento del PCU con el gobierno o un clima de ruptura? En lo más mínimo.
Estado de situación
La Federación de Funcionarios de Salud Pública planteo hace más de dos meses una serie de reclamos que tienen que ver con la falta de personal, la necesidad de incrementar los salarios más sumergidos y eliminar las tercerizaciones en los distintos sectores donde existen. La Rendición de Cuentas planteada por el Poder Ejecutivo no contempló ninguno de estos reclamos. Los trabajadores comenzaron a tomar medidas, en las conversaciones con ASSE, de las que también participó el MSP, se realizaron propuestas y contrapropuestas por escrito, no hubo avances. Los trabajadores decidieron iniciar la ocupación de hospitales. El Poder Ejecutivo, por pedido del MSP y de ASSE, decretó la esencialidad de los servicios.El PIT-CNT intervino y propuso, junto con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, abrir un nuevo ámbito de negociación, esta vez en el Ministerio de Trabajo, con la participación también del Ministerio de Economía y Finanzas. El Poder Ejecutivo aceptó y como condiciones previas al inicio de la negociación se acordó que los trabajadores levantaran las ocupaciones y que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el decreto de esencialidad. Los trabajadores cumplieron con su parte, el Poder Ejecutivo no aplicó el decreto de esencialidad pero no lo dejó sin efecto, aún así se instaló la negociación en el MTSS. Luego de dos reuniones se arribó a una propuesta que podía solucionar el conflicto, pero requería recursos financieros. Se propuso abrir la Rendición de Cuentas y contemplar los recursos. En el Consejo de Ministros del lunes pasado el Gobierno decidió que no.
En ese escenario se da la reunión del lunes, con un punto muerto en la negociación y a punto de ingresar en un espiral de conflictividad sin salida aparente.
Y sí, es cierto, el PCU, también el Frente Amplio, el PIT-CNT y el presidente de la República, cada uno en su rol, cada uno a su manera, conversaron buscando tender puentes y encontrar salidas. ¿Ese es el delito? Entonces son culpables, con premeditación y alevosía.
¿Qué ocurrió después de la reunión? ¿Hubo algún ultimátum, alguna ruptura? No, muy por el contrario, se abrió un nuevo espacio de conversaciones, se le dio oxígeno a la negociación, se conformó una comisión para estudiar recursos para financiar un posible acuerdo y el gobierno dejó sin efecto el decreto de esencialidad.
Esos son los hechos, concretos, irrefutables, pero hay quienes prefieren seguir alimentando la especulación y los trascendidos. Allá ellos.
Separando la paja del trigo
La reunión y las diferentes posturas asumidas, permiten, más allá de lo puntual, analizar cuestiones de fondo que se expresaron con meridiana claridad en estos días.Lo estratégico que es la Salud Pública y la Reforma de la Salud y los poderosos intereses que se levantan contra ella. La importancia de la lucha de los trabajadores y la permanente campaña para demonizarla que incluso impacta en compañeros de la izquierda y del gobierno. El papel clave de la unidad y del PIT-CNT para incidir en la realidad y defender los intereses de los trabajadores pero incorporando los de todo el pueblo. El imprescindible rol articulador del Frente Amplio entre la gestión de gobierno y el movimiento popular. La necesidad de asumir que el único camino para defender el gobierno de izquierda es profundizar los cambios. El papel del PCU y la decisión expresa de atacarlo por todos los medios de la derecha.
La Reforma de la Salud y uno de sus principales elementos, el Sistema Nacional Integrado de Salud, es una de las transformaciones más importantes realizadas por los gobiernos del Frente Amplio. Los dos gobiernos del Frente Amplio han destinado recursos como nunca antes a un sector devastado por el neoliberalismo y la crisis de 2002. Pero con eso no alcanza. La dinámica propia del capitalismo lleva a que se mercantilice la salud y hay poderosos intereses, entre ellos los empresariales médicos, los laboratorios, las empresas de equipamiento médico, que quieren frenar y revertir los cambios realizados. Esos son los verdaderos adversarios de la Reforma de la Salud. Esos y la derecha política y mediática. Los problemas de la Reforma de la Salud y de Salud Pública no son los trabajadores y su movilización, que por supuesto pueden equivocar la táctica o los ejes, pero no son el palo en la rueda. ¿Eso está claro para el gobierno, la izquierda y el movimiento popular? A veces parece que no. No hay avance de la Reforma de la Salud, y por lo tanto de una mejor calidad de atención sanitaria para nuestro pueblo, sin la participación y la movilización popular. Tampoco lo hay sin gobierno del Frente Amplio. Por eso es tan importante resolver las contradicciones, que siempre las habrá y son inevitables, teniendo en claro el objetivo estratégico y abriendo espacios de negociación real, buscando soluciones y jugándose. Eso hicieron el PIT-CNT, el Frente Amplio, el Presidente de la República y también el PCU.
El PCU ha expresado una y mil veces su compromiso con el proceso de cambios y con los dos gobiernos nacionales del Frente Amplio y los gobiernos departamentales. También ha dicho y actuado en consecuencia, que ese compromiso no implica obediencia ciega ni rehuir la polémica ideológica y política.
Para el PCU defender el gobierno del Frente Amplio implica organizar y movilizar al pueblo para profundizar los cambios.
Para el PCU la construcción del bloque histórico político y social de los cambios, implica defender los instrumentos históricos del pueblo uruguayo, los sindicatos, su central única, el PIT-CNT y el Frente Amplio.
Para el PCU la movilización no sólo no es un problema sino que constituye una necesidad y una obligación. Un gobierno de izquierda no debe eliminar las contradicciones, inherentes al capitalismo por otra parte, sino generar condiciones para que su resolución sea a favor del pueblo.
Esa síntesis superadora es política o no es. Para que esa síntesis se de hay que hacer política. Para transformar la realidad en un sentido revolucionario no alcanza solamente con que los trabajadores se organicen y luchen, tampoco con ganar el gobierno y gestionar bien. Es imprescindible la acción política transformadora, es imprescindible la síntesis política e ideológica.
Finalmente, los trabajadores, los militantes de izquierda y todo nuestro pueblo saben muy bien que los comunistas no se callan o se amansan con cargos y prebendas. ¿Hace falta poner ejemplos? Nunca el PCU chantajeó ni al gobierno, ni al FA, ni a los sindicatos, por una cuota de poder o un cargo. Claro, para algunos la historia no existe viven en un presente perpetuo que se reinventa cada día.
Con quién es la pelea
Es muy sintomático que desde cierta prensa se ataque la campaña de propaganda del PCU, que es de las más modestas, la gestión de Ana Olivera, la de Jorge Venegas ahora y la de Ana Vignoli antes y que los enfoques críticos sobre dirigentes sindicales sean casi siempre sobre comunistas. Parece un patrón de conducta. Pero desde estas páginas no vamos a gastar ni un centímetro valioso de papel para contestar trascendidos y operaciones mediáticas.Nuestra pelea no es con un medio y mucho menos con un periodista. Nuestra pelea es con el poder, con la derecha, con los que siguen acumulando riqueza y privilegios, con los que rechazan la democratización de los medios, con los que concentran la propiedad de la tierra, con los que defendieron y defienden la impunidad, con los que quieren criminalizar a los jóvenes. Nuestra pelea como siempre es con la derecha. En esa pelea asumimos los riesgos y los costos y no vamos a recular.
14.09.2012V de vendetta
Columna de opinión.
Es
reprobable que una persona tire la piedra y esconda la mano,
amparándose en el anonimato acordado con un periodista para que una
información se haga pública y saliendo luego a decir que no es cierta.
Desde el punto de vista de la ciudadanía, que es el que debe primar para
considerar estas cuestiones, esa práctica (nada infrecuente) afecta en
general la credibilidad de las noticias y de los medios, dejando a la
sociedad en peores condiciones para evaluar los hechos y tomar
decisiones al respecto. Pero esto no significa que un medio de
comunicación haga bien en “escrachar” al informante taimado.
El miércoles El Observador informó que cuatro dirigentes del Partido Comunista del Uruguay se reunieron el lunes con José Mujica en la chacra presidencial, y que allí plantearon la posibilidad de que los comunistas en el gabinete -Jorge Venegas y Óscar Gómez- abandonaran sus cargos. Luego Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio y comunista, negó en Telemundo que esas renuncias hubieran estado planteadas. Ayer El Observador publicó en su sitio (http://ladiaria.com.uy/UBV) el audio de una entrevista con su transcripción, y allí queda claro que una fuente de la noticia era el propio Castillo.
Este episodio tiene un antecedente en 1999, cuando durante la campaña electoral de ese año el semanario Búsqueda publicó que, según fuentes cercanas al general Liber Seregni, éste estaba preocupado porque consideraba insuficiente el desarrollo programático del Frente Amplio con miras a ejercer el gobierno nacional. Tras esa publicación, Seregni declaró que su pensamiento no era ése, y el semanario respondió dando a conocer la desgrabación de un diálogo telefónico con el general, del cual surgía que él mismo había sido la fuente, y que había acordado con el periodista que la información se atribuyera a personas de su entorno.
Es probable que la dirección de Búsqueda en aquel momento, como la de El Observador ahora, haya sentido que estaba en juego su credibilidad, un capital clave para los medios periodísticos, y que haya considerado que, si un informante atacaba en ese terreno, traicionando la confianza en que se había basado un diálogo reservado, el medio quedaba liberado, para defender su honor, del compromiso de reserva, y que debía informar además a sus lectores sobre un caso de doble discurso.
Sin embargo, el secreto profesional no es producto de un acuerdo de toma y daca entre dos partes, que cesa si una de ellas lo viola. Implica un compromiso personal del periodista, que éste debe estar dispuesto a mantener no sólo ante sus jefes sino incluso ante el Poder Judicial, y aun cuando la reserva pueda ser perjudicial para el interés público. Si depende de lo que el periodista considere conveniente, carece de garantías para la fuente.
Por ese motivo, las medidas razonables que pueden adoptar los medios cuando pasan estas cosas son dos: ratificar lo que publicaron y, si lo consideran pertinente, no aceptar más declaraciones anónimas del informante. Será palabra contra palabra, quizás en desventaja cuando del otro lado hay una figura pública prestigiosa, pero ir más allá se parece demasiado a una represalia. Es como si una persona en tratamiento psicológico no le pagara las sesiones al profesional que lo trata y éste, considerándose relevado del compromiso entre partes, diera publicidad a las confidencias íntimas de su paciente.
Un efecto probable del “escrache” es que las fuentes tiendan a desconfiar de la reserva periodística y disminuyan su disposición a la confidencia, con lo cual la ciudadanía pasará a estar peor informada.
El miércoles El Observador informó que cuatro dirigentes del Partido Comunista del Uruguay se reunieron el lunes con José Mujica en la chacra presidencial, y que allí plantearon la posibilidad de que los comunistas en el gabinete -Jorge Venegas y Óscar Gómez- abandonaran sus cargos. Luego Juan Castillo, vicepresidente del Frente Amplio y comunista, negó en Telemundo que esas renuncias hubieran estado planteadas. Ayer El Observador publicó en su sitio (http://ladiaria.com.uy/UBV) el audio de una entrevista con su transcripción, y allí queda claro que una fuente de la noticia era el propio Castillo.
Este episodio tiene un antecedente en 1999, cuando durante la campaña electoral de ese año el semanario Búsqueda publicó que, según fuentes cercanas al general Liber Seregni, éste estaba preocupado porque consideraba insuficiente el desarrollo programático del Frente Amplio con miras a ejercer el gobierno nacional. Tras esa publicación, Seregni declaró que su pensamiento no era ése, y el semanario respondió dando a conocer la desgrabación de un diálogo telefónico con el general, del cual surgía que él mismo había sido la fuente, y que había acordado con el periodista que la información se atribuyera a personas de su entorno.
Es probable que la dirección de Búsqueda en aquel momento, como la de El Observador ahora, haya sentido que estaba en juego su credibilidad, un capital clave para los medios periodísticos, y que haya considerado que, si un informante atacaba en ese terreno, traicionando la confianza en que se había basado un diálogo reservado, el medio quedaba liberado, para defender su honor, del compromiso de reserva, y que debía informar además a sus lectores sobre un caso de doble discurso.
Sin embargo, el secreto profesional no es producto de un acuerdo de toma y daca entre dos partes, que cesa si una de ellas lo viola. Implica un compromiso personal del periodista, que éste debe estar dispuesto a mantener no sólo ante sus jefes sino incluso ante el Poder Judicial, y aun cuando la reserva pueda ser perjudicial para el interés público. Si depende de lo que el periodista considere conveniente, carece de garantías para la fuente.
Por ese motivo, las medidas razonables que pueden adoptar los medios cuando pasan estas cosas son dos: ratificar lo que publicaron y, si lo consideran pertinente, no aceptar más declaraciones anónimas del informante. Será palabra contra palabra, quizás en desventaja cuando del otro lado hay una figura pública prestigiosa, pero ir más allá se parece demasiado a una represalia. Es como si una persona en tratamiento psicológico no le pagara las sesiones al profesional que lo trata y éste, considerándose relevado del compromiso entre partes, diera publicidad a las confidencias íntimas de su paciente.
Un efecto probable del “escrache” es que las fuentes tiendan a desconfiar de la reserva periodística y disminuyan su disposición a la confidencia, con lo cual la ciudadanía pasará a estar peor informada.
Marcelo Pereira
Mucha chacra
Malestar en el MEF con Mujica por cambio de postura ante gremio de la salud.
Ayer
una delegación de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP)
y representantes del gobierno se reunieron en el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS) para continuar con la negociación salarial.
Esta comisión, que se fijó un plazo de siete días para llegar a un
acuerdo, se reactivó a instancias del presidente José Mujica, que el
martes, tras una reunión con dirigentes del Partido Comunista del
Uruguay (PCU), se comunicó con operadores del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) para que “se estudie la posibilidad” de encontarles “una
solución a los pedidos” de la FFSP, que reclama más recursos en el marco
de la Rendición de Cuentas que analiza la Cámara de Senadores.
Ayer El Observador reveló que en esa reunión en la chacra presidencial con cuatro integrantes del PCU se manejó la posibilidad de que los comunistas en el gabinete -el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y el subsecretario de Educación, Óscar Gómez- abandonen sus cargos.
Luego de ese encuentro, al que concurrieron Juan Castillo, Eduardo Lorier, Marcelo Abdala y Daniel Marsiglia, el presidente Mujica ordenó que se hagan más esfuerzos para acercarse a las demandas de los trabajadores no médicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Ayer en el MTSS, comentaron asistentes a la reunión, ya se comenzaron a manejar “posibilidades de ahorro” en ASSE para destinar complementos a los salarios que estén por debajo de las 6 BPC (14.500 pesos), que era el principal reclamo de la FFSP.
“La Rendición de Cuentas no se abre. Todo lo que se negocie está dentro de los recursos ya asignados. Puede haber redistribución, pero no está planteado aumentar el gasto”, comentaron negociadores del Ejecutivo.
Los movimientos de Mujica tras la reunión con los comunistas no cayeron bien en el MEF. “Se habló en un momento de no negociar y se siguió negociando igual. Se hizo un esfuerzo fiscal muy grande para la Rendición de Cuentas, y si este conflicto [en la salud] tiene éxito se puede repetir en otros sectores”, explicó un jerarca del MEF.
A pesar de ese malestar, desde el MEF negaron “rotundamente” que el ministro Fernando Lorenzo, que llegó ayer al mediodía del exterior, haya planteado la alternativa de renunciar a su cargo a raíz de esta situación, una versión que circuló ayer por la tarde.
Ayer El Observador reveló que en esa reunión en la chacra presidencial con cuatro integrantes del PCU se manejó la posibilidad de que los comunistas en el gabinete -el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, y el subsecretario de Educación, Óscar Gómez- abandonen sus cargos.
Luego de ese encuentro, al que concurrieron Juan Castillo, Eduardo Lorier, Marcelo Abdala y Daniel Marsiglia, el presidente Mujica ordenó que se hagan más esfuerzos para acercarse a las demandas de los trabajadores no médicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
Ayer en el MTSS, comentaron asistentes a la reunión, ya se comenzaron a manejar “posibilidades de ahorro” en ASSE para destinar complementos a los salarios que estén por debajo de las 6 BPC (14.500 pesos), que era el principal reclamo de la FFSP.
“La Rendición de Cuentas no se abre. Todo lo que se negocie está dentro de los recursos ya asignados. Puede haber redistribución, pero no está planteado aumentar el gasto”, comentaron negociadores del Ejecutivo.
Los movimientos de Mujica tras la reunión con los comunistas no cayeron bien en el MEF. “Se habló en un momento de no negociar y se siguió negociando igual. Se hizo un esfuerzo fiscal muy grande para la Rendición de Cuentas, y si este conflicto [en la salud] tiene éxito se puede repetir en otros sectores”, explicó un jerarca del MEF.
A pesar de ese malestar, desde el MEF negaron “rotundamente” que el ministro Fernando Lorenzo, que llegó ayer al mediodía del exterior, haya planteado la alternativa de renunciar a su cargo a raíz de esta situación, una versión que circuló ayer por la tarde.
Qué Pasa
En pie de guerra
La pelea entre el Estado y sus empleados
va más allá del salario y es parte de una tendencia mundial a la que
habrá que acostumbrarse.
FABIÁN MURO
Con Lacalle era más fácil. Con él del otro lado uno la tenía más clara...", dice Manuel Oroño, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) con un tono de desconcierto. O desconsuelo. Tener que enfrentar una patronal con la que muchas veces se comparte ideología -y que fue un aliado político durante años- es un desafío tanto para el sindicalismo público como para un gobierno del Frente Amplio.
Aunque en el discurso de un lado y del otro siga habiendo coincidencias -el propio Oroño se encarga de recordarlas más como un ejercicio para sí mismo que para el interlocutor- en los hechos el divorcio entre algunos de los sindicatos más importantes y el gobierno de José Mujica parece consumado.
Y en la separación de bienes, por ahora, viene ganando el gobierno: la imagen de algunos trabajadores públicos y sus gremios -como los que representan a sectores de la Enseñanza y la Salud- no está en uno de sus mejores momentos. Incluso quienes hablan a favor de un Estado "fuerte" y grande, como por ejemplo el vicepresidente de OSE y ex asesor de sindicatos como Fenapes,, Daoiz Uriarte, empiezan refiriendo a esa mala imagen del funcionario público.
El incremento en la tensión entre gobierno y sindicatos públicos se
viene dando desde 2011. El secretario general de la Confederación de
Funcionarios el Estado, COFE, Joselo López, le recuerda a Qué Pasa la
movilización de 6.000 personas en noviembre, por ejemplo.
Estos conflictos, sin embargo, se vienen gestando desde que asumió
Mujica. Si Lacalle alguna vez les dijo a los trabajadores públicos
"ustedes hagan como que trabajan y yo hago como que les pago", Mujica ni
siquiera se preocupó por emplear un tono jocoso: "Todos ustedes son
suplantables", les dijo a funcionarios de Ancap, en mayo de 2010.
Pero en los últimos meses se intensificó -como siempre en zafra de Rendición de Cuentas-, cuando los trabajadores de Ancap cortaron el suministro de nafta en reclamos por condiciones laborales o cuando los funcionarios de Salud Pública intentaron ocupar centros y fueron desalojados, amablemente eso sí, por la fuerza pública o cuando los públicos afiliados a COFE entraron a prepo al ministerio de Economía. El panorama se completa con incidentes violentos durante una ocupación de la Biblioteca Nacional y los reclamos de gremios docentes. Varios frentes de batalla de una guerra que tiene al gobierno ocupado (ver recuadro): su rival es un ejército mal visto de 265 mil uruguayos que reclaman beneficios y privilegios que el resto de los trabajadores no tiene. Así le es difícil conseguir simpatías.
Para Oroño el gobierno "abandonó" las promesas que hizo durante la campaña electoral. En todo lo que, por lo menos desde Fenapes, se coincidía -país productivo, redistribución de la riqueza, privilegiar a la enseñanza pública- hoy se discrepa, según el sindicalista comunista.
Para Juan Castillo, quien ocupó hasta hace poco uno de los puestos directivos de la central trabajadora -coordinador del Pit-Cnt- y hoy está en la conducción del Frente Amplio, hay un claro retroceso en materia laboral. "Desde que está este gobierno no se ha aprobado ninguna ley laboral", dice Castillo, e incluye allí también a los gremios privados. "Hay cinco proyectos de ley que consideramos urgentes, que andan dando vueltas y no se aprueban".
Tanto el nuevo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Homero Guerrero, como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, fueron contactados para esta nota pero no respondieron a las consultas.
FOCO. Más allá de las desavenencias previsibles por razones coyunturales (la Rendición de Cuentas, el estado de la educación y la salud públicas) subyacen líneas de conflicto más profundas entre funcionarios públicos y su patronal, el Estado.
Algunas de las divergencias van incluso más allá de Uruguay. En otros países se replica este tipo de enfrentamiento entre el Estado y sus trabajadores. En Estados Unidos, el cientista político Daniel Di Salvo (ver entrevista en la página 9) analizó este fenómeno en uno de sus ensayos, titulado "El Problema de los Sindicatos Públicos", y en la Unión Europea, el gobierno del presidente francés Francois Hollande ya tuvo que lidiar con sus primeros conflictos con los empleados públicos.
Daoiz Uriarte habló en parte de este problema cuando expuso en el marco de las Jornadas Técnicas de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público, en Minas en setiembre de 2011.
Para él, hay varios "mitos" sobre la función pública que contribuyen a condicionar a la imagen que se hace la ciudadanía cuando los funcionarios se movilizan o hacen reclamos corporativos. Los mitos sobre los funcionarios públicos, de acuerdo al jerarca de OSE, son básicamente cuatro: no trabajan, son demasiados, atienden mal y es imposible echarlos. A esas nociones se le podría sumar otra a la luz de los más recientes conflictos: su intransigencia.
Esta última fue alimentada por el presidente de Ancap Raúl Sendic, parte interesada en el conflicto, cuando calificó en una entrevista con Búsqueda el enfrentamiento como una disyuntiva entre el Estado "burro" y el "inteligente". Sendic puso el foco en uno de los más importantes ejes del enfrentamiento con los sindicatos públicos: el rol del Estado en tanto agente económico.
Para Uriarte, una razón que explica esta brecha entre antiguos aliados es que algunos sindicalistas no parecen recordar que durante 15 años no existieron Consejos de Salarios. O que hay un índice de desocupación muy bajo. O que ha habido una importante recuperación salarial. "Los discursos y los conceptos que manejan algunos líderes sindicales parecen de otras épocas, es como si no se hubiesen dado cuenta" de algunos avances, dice Uriarte.
El académico Luis Senatore, del Instituto de Ciencias Políticas, publicó junto a su colega Gustavo Méndez el documento "La revitalización del movimiento sindical". Los autores señalan entre otras cosas el descenso y el crecimiento en afiliaciones a los sindicatos. Si entre 1987 y 2003 las afiliaciones bajaron de 250.00 a 100.000, de 2003 a 2011 se aumentó de 100.000 a casi 350.000. Y los investigadores también señalan que de los afiliados cotizantes al Pit-Cnt hay un leve predominio de sindicalistas públicos en comparación con los que están afiliados a algún sindicato del sector privado: 48% del sector privado y 52% del público.
La revitalización, y el consiguiente alto perfil que tienen hoy los sindicatos de trabajadores públicos, llevó a que tanto gobierno como oposición coincidieran en sus críticas hacia estos gremios.
Desde el gobierno se dice que estos sindicatos "buscan" la confrontación. Y desde la oposición se afirma que tienen demasiado poder. Tanto Luis Alberto Heber como Luis Alberto Lacalle hablaron de un gobierno "cívico-sindical" la semana pasada. El razonamiento es que gremios como el de los docentes de Secundaria, por ejemplo, se toman atribuciones que no les corresponden.
"Más allá de los conflictos actuales, claramente este es un gobierno que favorece a los trabajadores", dice Uriarte. "Si hoy hay un gobierno cívico-sindical, antes había gobiernos cívico-empresariales".
Desde los gremios públicos la visión es distinta, claro. En varias de las declaraciones recogidas por Qué Pasa queda claro que los sueldos son importantes y las condiciones de trabajo también. Pero también se vislumbra, como insinúa Oroño, que la ideología pesa.
Beatriz Fagián, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), resalta los reclamos concretos (ver recuadro en las páginas 4 y 5), pero también dice que entre aquellas cosas que se exigen está la terminación de las tercerizaciones, que "explotan" a los trabajadores y que le terminan costando al Estado más erogaciones: "Claro, porque luego los trabajadores le hacen juicio al Estado, se les da la razón, y hay que pagarles".
La terminología empleada por Fagián no cae bien en el Poder Ejecutivo, que prefiere referirse a "obstáculos" que representan los reclamos sectoriales para el desarrollo o el progreso del país.
Claramente, hay visiones encontradas sobre el rol del Estado y la relación que éste debe establecer con sus empleados. El economista Juan Manuel Rodríguez, del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica y también del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), menciona que no solo las cámaras patronales han entablado demandas contra medidas del gobierno en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). También COFE lo ha hecho, aunque hasta ahora sin éxito.
De acuerdo a los estudios sobre la conflictividad laboral del instituto dirigido por Rodríguez, los gremios de funcionarios públicos y de la salud pública figuran desde hace años entre los más conflictivos. En eso influye, dice el jerarca, que se trata de gremios numerosos, con muchos afiliados (solo la Federación de Funcionarios de Salud Pública tiene más de 20.000 afiliados).
Senatore y Méndez, los autores del estudio "Revitalización del Movimiento Sindical", concuerdan en el peso ideológico que tienen en la actualidad los conflictos, más allá de los números en el recibo de sueldo o los beneficios estipulados en negociaciones colectivas. En el capítulo "Coyuntura actual: segundo gobierno del Frente Amplio", los académicos señalan que el "contencioso" más importante de esta etapa se centra en el papel del Estado "y su función en un modelo de desarrollo productivo".
Más allá de las divergencias sobre las metas a largo plazo, las discrepancias político-partidarias del momento también confluyen para complicar la situación. Según el análisis que hace el economista e investigador Jorge Notaro, los conflictos entre Estado y trabajadores públicos se despliegan en cuatro áreas: la municipal -un dolor de cabeza para el Frente Amplio durante muchos años pero que hoy no representa un problema urgente-, la Administración Central, la salud pública y la enseñanza.
Para el investigador, el talante negociador del gobierno no aparece. "El Poder Ejecutivo mete la pesada", dice en alusión entre otras cosas al decreto que declara la esencialidad, aún vigente. Y no acepta el argumento de la negativa a aumentar el gasto público. Esa motivación se cayó, afirma, cuando el Estado se hizo cargo de las pérdidas de Pluna, lo que implica un aumento del gasto público por un monto que aún se desconoce.
Sin embargo, también razona que parte del movimiento sindical anda a los tumbos, sin una estrategia clara, incapaz de movilizar a quienes serían "los principales beneficiarios" del aumento del gasto público en salud y educación: los usuarios de ASSE y los padres de los alumnos.
Oroño coincide en que Fenapes no ha sabido articular sus reclamos de manera satisfactoria. La actitud autocrítica se repite entre otros sindicalistas públicos. Son conscientes de que hay una importante parte de la opinión pública que a la que le cuesta solidarizarse con sus reclamos. Pero no han ideado medidas que, sin dejar de afectar a la patronal, despierte adhesiones ajenas. Así, los antiguos aliados siguen peleándose en función de intereses coyunturales y estratégicos. Algunos de los que balconean los distintos conflictos temen que una vez que el Frente Amplio regrese al llano sea imposible recomponer el antiguo vínculo. Otros, en tanto, esperan que la independencia del Frente Amplio le dé al sindicalismo uruguayo la autonomía absoluta para perseguir sus principales objetivos: los beneficios de sus afiliados.
Es verdad, sí, que en 2011 el gobierno lanzó el portal Uruguay Concursa, donde se puso en marcha el sistema de "ventanilla única" que centraliza los ingresos de funcionarios a la Administración Central. Pero este sistema ha enlentecido los ingresos, según dicen los sindicatos y también el ex subdirector de OPP Conrado Ramos (ver entrevista en páginas 6 y 7). La ventanilla "prácticamente no está funcionando" y no sirve cuando se necesita contratar rápido a alguien, dice el secretario general de COFE, Joselo López. Otras fuentes afirman que un ingreso puede demorar hasta un año por las trabas burocráticas de este sistema.
El proyecto de estatuto del funcionario público, en tanto, parece ser la gran apuesta. Pero el estatuto abarcará solo a los funcionarios presupuestados de la Administración Central (sin contar a diplomáticos, policías y militares), con lo cual queda afuera la mayoría de los funcionarios. Solo incluye a cerca de 20.000 empleados de un total de 260.000. El estatuto dice que los funcionarios tendrán un horario de ocho horas y que trabajarán los feriados laborables. Se elimina el ascenso por antigüedad y se va al ascenso por concurso. Habrá retribución variable por rendimiento y se dejan más claras las causales de destitución. Se toma como ejemplo la reestructura en marcha en Ancap, con ascensos a través de sistemas de evaluación.
Ver además:
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE DEJAR SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE ESENCIALIDAD
Con Lacalle era más fácil. Con él del otro lado uno la tenía más clara...", dice Manuel Oroño, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) con un tono de desconcierto. O desconsuelo. Tener que enfrentar una patronal con la que muchas veces se comparte ideología -y que fue un aliado político durante años- es un desafío tanto para el sindicalismo público como para un gobierno del Frente Amplio.
Aunque en el discurso de un lado y del otro siga habiendo coincidencias -el propio Oroño se encarga de recordarlas más como un ejercicio para sí mismo que para el interlocutor- en los hechos el divorcio entre algunos de los sindicatos más importantes y el gobierno de José Mujica parece consumado.
Y en la separación de bienes, por ahora, viene ganando el gobierno: la imagen de algunos trabajadores públicos y sus gremios -como los que representan a sectores de la Enseñanza y la Salud- no está en uno de sus mejores momentos. Incluso quienes hablan a favor de un Estado "fuerte" y grande, como por ejemplo el vicepresidente de OSE y ex asesor de sindicatos como Fenapes,, Daoiz Uriarte, empiezan refiriendo a esa mala imagen del funcionario público.
Pero en los últimos meses se intensificó -como siempre en zafra de Rendición de Cuentas-, cuando los trabajadores de Ancap cortaron el suministro de nafta en reclamos por condiciones laborales o cuando los funcionarios de Salud Pública intentaron ocupar centros y fueron desalojados, amablemente eso sí, por la fuerza pública o cuando los públicos afiliados a COFE entraron a prepo al ministerio de Economía. El panorama se completa con incidentes violentos durante una ocupación de la Biblioteca Nacional y los reclamos de gremios docentes. Varios frentes de batalla de una guerra que tiene al gobierno ocupado (ver recuadro): su rival es un ejército mal visto de 265 mil uruguayos que reclaman beneficios y privilegios que el resto de los trabajadores no tiene. Así le es difícil conseguir simpatías.
Para Oroño el gobierno "abandonó" las promesas que hizo durante la campaña electoral. En todo lo que, por lo menos desde Fenapes, se coincidía -país productivo, redistribución de la riqueza, privilegiar a la enseñanza pública- hoy se discrepa, según el sindicalista comunista.
Para Juan Castillo, quien ocupó hasta hace poco uno de los puestos directivos de la central trabajadora -coordinador del Pit-Cnt- y hoy está en la conducción del Frente Amplio, hay un claro retroceso en materia laboral. "Desde que está este gobierno no se ha aprobado ninguna ley laboral", dice Castillo, e incluye allí también a los gremios privados. "Hay cinco proyectos de ley que consideramos urgentes, que andan dando vueltas y no se aprueban".
Tanto el nuevo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Homero Guerrero, como el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, fueron contactados para esta nota pero no respondieron a las consultas.
FOCO. Más allá de las desavenencias previsibles por razones coyunturales (la Rendición de Cuentas, el estado de la educación y la salud públicas) subyacen líneas de conflicto más profundas entre funcionarios públicos y su patronal, el Estado.
Algunas de las divergencias van incluso más allá de Uruguay. En otros países se replica este tipo de enfrentamiento entre el Estado y sus trabajadores. En Estados Unidos, el cientista político Daniel Di Salvo (ver entrevista en la página 9) analizó este fenómeno en uno de sus ensayos, titulado "El Problema de los Sindicatos Públicos", y en la Unión Europea, el gobierno del presidente francés Francois Hollande ya tuvo que lidiar con sus primeros conflictos con los empleados públicos.
Daoiz Uriarte habló en parte de este problema cuando expuso en el marco de las Jornadas Técnicas de la Asociación Uruguaya de Contabilidad y Presupuesto Público, en Minas en setiembre de 2011.
Para él, hay varios "mitos" sobre la función pública que contribuyen a condicionar a la imagen que se hace la ciudadanía cuando los funcionarios se movilizan o hacen reclamos corporativos. Los mitos sobre los funcionarios públicos, de acuerdo al jerarca de OSE, son básicamente cuatro: no trabajan, son demasiados, atienden mal y es imposible echarlos. A esas nociones se le podría sumar otra a la luz de los más recientes conflictos: su intransigencia.
Esta última fue alimentada por el presidente de Ancap Raúl Sendic, parte interesada en el conflicto, cuando calificó en una entrevista con Búsqueda el enfrentamiento como una disyuntiva entre el Estado "burro" y el "inteligente". Sendic puso el foco en uno de los más importantes ejes del enfrentamiento con los sindicatos públicos: el rol del Estado en tanto agente económico.
Para Uriarte, una razón que explica esta brecha entre antiguos aliados es que algunos sindicalistas no parecen recordar que durante 15 años no existieron Consejos de Salarios. O que hay un índice de desocupación muy bajo. O que ha habido una importante recuperación salarial. "Los discursos y los conceptos que manejan algunos líderes sindicales parecen de otras épocas, es como si no se hubiesen dado cuenta" de algunos avances, dice Uriarte.
El académico Luis Senatore, del Instituto de Ciencias Políticas, publicó junto a su colega Gustavo Méndez el documento "La revitalización del movimiento sindical". Los autores señalan entre otras cosas el descenso y el crecimiento en afiliaciones a los sindicatos. Si entre 1987 y 2003 las afiliaciones bajaron de 250.00 a 100.000, de 2003 a 2011 se aumentó de 100.000 a casi 350.000. Y los investigadores también señalan que de los afiliados cotizantes al Pit-Cnt hay un leve predominio de sindicalistas públicos en comparación con los que están afiliados a algún sindicato del sector privado: 48% del sector privado y 52% del público.
La revitalización, y el consiguiente alto perfil que tienen hoy los sindicatos de trabajadores públicos, llevó a que tanto gobierno como oposición coincidieran en sus críticas hacia estos gremios.
Desde el gobierno se dice que estos sindicatos "buscan" la confrontación. Y desde la oposición se afirma que tienen demasiado poder. Tanto Luis Alberto Heber como Luis Alberto Lacalle hablaron de un gobierno "cívico-sindical" la semana pasada. El razonamiento es que gremios como el de los docentes de Secundaria, por ejemplo, se toman atribuciones que no les corresponden.
"Más allá de los conflictos actuales, claramente este es un gobierno que favorece a los trabajadores", dice Uriarte. "Si hoy hay un gobierno cívico-sindical, antes había gobiernos cívico-empresariales".
Desde los gremios públicos la visión es distinta, claro. En varias de las declaraciones recogidas por Qué Pasa queda claro que los sueldos son importantes y las condiciones de trabajo también. Pero también se vislumbra, como insinúa Oroño, que la ideología pesa.
Beatriz Fagián, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), resalta los reclamos concretos (ver recuadro en las páginas 4 y 5), pero también dice que entre aquellas cosas que se exigen está la terminación de las tercerizaciones, que "explotan" a los trabajadores y que le terminan costando al Estado más erogaciones: "Claro, porque luego los trabajadores le hacen juicio al Estado, se les da la razón, y hay que pagarles".
La terminología empleada por Fagián no cae bien en el Poder Ejecutivo, que prefiere referirse a "obstáculos" que representan los reclamos sectoriales para el desarrollo o el progreso del país.
Claramente, hay visiones encontradas sobre el rol del Estado y la relación que éste debe establecer con sus empleados. El economista Juan Manuel Rodríguez, del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica y también del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), menciona que no solo las cámaras patronales han entablado demandas contra medidas del gobierno en la Organización Internacional de Trabajo (OIT). También COFE lo ha hecho, aunque hasta ahora sin éxito.
De acuerdo a los estudios sobre la conflictividad laboral del instituto dirigido por Rodríguez, los gremios de funcionarios públicos y de la salud pública figuran desde hace años entre los más conflictivos. En eso influye, dice el jerarca, que se trata de gremios numerosos, con muchos afiliados (solo la Federación de Funcionarios de Salud Pública tiene más de 20.000 afiliados).
Senatore y Méndez, los autores del estudio "Revitalización del Movimiento Sindical", concuerdan en el peso ideológico que tienen en la actualidad los conflictos, más allá de los números en el recibo de sueldo o los beneficios estipulados en negociaciones colectivas. En el capítulo "Coyuntura actual: segundo gobierno del Frente Amplio", los académicos señalan que el "contencioso" más importante de esta etapa se centra en el papel del Estado "y su función en un modelo de desarrollo productivo".
Más allá de las divergencias sobre las metas a largo plazo, las discrepancias político-partidarias del momento también confluyen para complicar la situación. Según el análisis que hace el economista e investigador Jorge Notaro, los conflictos entre Estado y trabajadores públicos se despliegan en cuatro áreas: la municipal -un dolor de cabeza para el Frente Amplio durante muchos años pero que hoy no representa un problema urgente-, la Administración Central, la salud pública y la enseñanza.
Para el investigador, el talante negociador del gobierno no aparece. "El Poder Ejecutivo mete la pesada", dice en alusión entre otras cosas al decreto que declara la esencialidad, aún vigente. Y no acepta el argumento de la negativa a aumentar el gasto público. Esa motivación se cayó, afirma, cuando el Estado se hizo cargo de las pérdidas de Pluna, lo que implica un aumento del gasto público por un monto que aún se desconoce.
Sin embargo, también razona que parte del movimiento sindical anda a los tumbos, sin una estrategia clara, incapaz de movilizar a quienes serían "los principales beneficiarios" del aumento del gasto público en salud y educación: los usuarios de ASSE y los padres de los alumnos.
Oroño coincide en que Fenapes no ha sabido articular sus reclamos de manera satisfactoria. La actitud autocrítica se repite entre otros sindicalistas públicos. Son conscientes de que hay una importante parte de la opinión pública que a la que le cuesta solidarizarse con sus reclamos. Pero no han ideado medidas que, sin dejar de afectar a la patronal, despierte adhesiones ajenas. Así, los antiguos aliados siguen peleándose en función de intereses coyunturales y estratégicos. Algunos de los que balconean los distintos conflictos temen que una vez que el Frente Amplio regrese al llano sea imposible recomponer el antiguo vínculo. Otros, en tanto, esperan que la independencia del Frente Amplio le dé al sindicalismo uruguayo la autonomía absoluta para perseguir sus principales objetivos: los beneficios de sus afiliados.
Los números de los públicos
TOTALES
264.078 personas tenían vínculos laborales con el Estado al 31 de diciembre de 2011. De éstos, 263.044 eran funcionarios públicos propiamente dichos.COSTOS
La planilla de funcionarios públicos le cuesta al estado unos 5.000 millones de dólares. Eso es cerca de cinco veces más que las exportaciones totales de carne vacuna del país (1.400 millones de dólares).GÉNERO Y EDAD
Se podría hablar de "funcionarias", ya que las mujeres predominan levemente en la fuerza laboral, que por otra parte es relativamente joven. La edad promedio es 46 años.Qué reclaman los sindicatos públicos
ANCAP
El pretexto fue una garita que se reclamaba para protegerse del clima. Pero tras eso había una disputa sobre una reestructura que, en la visión oficialista, terminaría con la "carrera del burro" (ascenso y beneficios por antigüedad) y en la visión sindical era pérdida de derechos adquiridos.ENTES AUTÓNOMOS
¿Solidaridad sindical o reflejo condicionado para hacer un paro? El decreto 401, que la dirección de Ancap pretendía aplicar para descontar haberes de trabajadores movilizados, motivó que el resto de los trabajadores de las empresas públicas se sumaran. La tregua en Ancap calmó los ánimos.EDUCACIÓN
Un docente entra ganando 12.000 pesos nominales por 20 horas de trabajo (aunque en los hechos trabaja más). Fenapes pretende que el piso salarial para un docente de secundaria ande en el entorno de los 20.000 pesos nominales y aún no se ha llegado a un acuerdo.SALUD PÚBLICA
La líder Beatriz Fagián ha dichoque son "la cenicienta" del Estado. Con 8.900 mensuales al ingresar, tiene algo de razón. El gremio reclama 16.900. El gobierno ofrece 14.600. "Se puede negociar", dijo Fagián. Pero la sindicalista quiere certezas. Y también reclama la creación de 2.500 puestos de trabajo nuevos.COFE
El Estatuto del Funcionario Público es el gran escollo. Los liderados por Joselo López se resisten a los criterios del Poder Ejecutivo, que pretende que el estatuto abarque solo a la Administración Central y no a todos los funcionarios públicos (ver recuadro, página 8).La "ventanilla" y el estatuto
El 2 de marzo de 2010 el presidente José Mujica dijo que los concursos para ingresar al Estado eran "un instrumento de acomodo" y que la reforma del Estado "es una reforma ética". Dos años y medio más tarde, Mujica no ha avanzado demasiado en esa reforma.Es verdad, sí, que en 2011 el gobierno lanzó el portal Uruguay Concursa, donde se puso en marcha el sistema de "ventanilla única" que centraliza los ingresos de funcionarios a la Administración Central. Pero este sistema ha enlentecido los ingresos, según dicen los sindicatos y también el ex subdirector de OPP Conrado Ramos (ver entrevista en páginas 6 y 7). La ventanilla "prácticamente no está funcionando" y no sirve cuando se necesita contratar rápido a alguien, dice el secretario general de COFE, Joselo López. Otras fuentes afirman que un ingreso puede demorar hasta un año por las trabas burocráticas de este sistema.
El proyecto de estatuto del funcionario público, en tanto, parece ser la gran apuesta. Pero el estatuto abarcará solo a los funcionarios presupuestados de la Administración Central (sin contar a diplomáticos, policías y militares), con lo cual queda afuera la mayoría de los funcionarios. Solo incluye a cerca de 20.000 empleados de un total de 260.000. El estatuto dice que los funcionarios tendrán un horario de ocho horas y que trabajarán los feriados laborables. Se elimina el ascenso por antigüedad y se va al ascenso por concurso. Habrá retribución variable por rendimiento y se dejan más claras las causales de destitución. Se toma como ejemplo la reestructura en marcha en Ancap, con ascensos a través de sistemas de evaluación.
El PCU cree actuar en defensa del Frente Amplio. Ese monolitismo al que
contribuye afecta al Frente Amplio, a los trabajadores en lucha y más
que nada afectará al PCU que todavía no ha logrado sacarse de encima el
estigma del pasado de utilizar las luchas sindicales en función de los
intereses del Partido. En este caso para mantener los sillones.
No cabe duda de que Mujica les ha exigido "formación cerrada" atrás de su política antisindical, con amenazas concretas de pérdidas de cargos si no demostraban "lealtad". Aquí está la clave: en esas circunstancias hay que optar, o lealtad a la lucha de los trabajadores o al gobierno que los reprime y no los escucha.
Al optar por la segunda alternativa el PCU logra mantener sus cargos pero se desprestigia entre los trabajadores que ven que se mueve en primer lugar por sus propios intereses partidarios. Esto también socava la unidad y acrecienta la desconfianza ya que Mujica viene utilizando esa táctica: en lugar de hablar directamente con los trabajadores, intriga y fomenta la división y la desconfianza interna en las organizaciones sindicales. Todos se van a preguntar si el PCU "ha vuelto a las andanzas" en lugar de aplicar su proclamada línea de "independencia de clase" ya que mal se podrá calificar de independencia de clase ceder, COMO PARTIDO, a la presión de Mujica, cuando lo que está en juego SON LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y SUS CONFLICTOS EN MARCHA Y NO LOS INTERESES SECTARIOS DE NINGÚN PARTIDO POR MÁS DIRIGENTES SINDICALES QUE TENGAN.
Grave error y nefasto precedente ya que derriba el poder soberano de las asambleas.
Colectivo Noticias Uruguayas
No cabe duda de que Mujica les ha exigido "formación cerrada" atrás de su política antisindical, con amenazas concretas de pérdidas de cargos si no demostraban "lealtad". Aquí está la clave: en esas circunstancias hay que optar, o lealtad a la lucha de los trabajadores o al gobierno que los reprime y no los escucha.
Al optar por la segunda alternativa el PCU logra mantener sus cargos pero se desprestigia entre los trabajadores que ven que se mueve en primer lugar por sus propios intereses partidarios. Esto también socava la unidad y acrecienta la desconfianza ya que Mujica viene utilizando esa táctica: en lugar de hablar directamente con los trabajadores, intriga y fomenta la división y la desconfianza interna en las organizaciones sindicales. Todos se van a preguntar si el PCU "ha vuelto a las andanzas" en lugar de aplicar su proclamada línea de "independencia de clase" ya que mal se podrá calificar de independencia de clase ceder, COMO PARTIDO, a la presión de Mujica, cuando lo que está en juego SON LOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES Y SUS CONFLICTOS EN MARCHA Y NO LOS INTERESES SECTARIOS DE NINGÚN PARTIDO POR MÁS DIRIGENTES SINDICALES QUE TENGAN.
Grave error y nefasto precedente ya que derriba el poder soberano de las asambleas.
Colectivo Noticias Uruguayas
Ver además:
El Muerto |||: Los bolches y su eterno freno
EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE DEJAR SIN EFECTO LA DECLARACIÓN DE ESENCIALIDAD
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