Paco Casal y sus amigos

Tráfico de jugadores de futbol 
  Los intermediarios. Que con el tiempo se convirtieron en propietarios de los jugadores a tal punto que es común decir “fulano de tal” (un jugador) “es de” tal contratista o tal grupo empresario.

El fraude 
 Existen dos figuras en esto. Por un lado la de la infracción tributaria (artículo 96 del Código Tributario) que se castiga con una multa de 1 a 15 veces el monto del tributo que se haya defraudado o pretendido defraudar, y por otro la figura penal (artículo 110 del Código Tributario) con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.

En el caso Casal fue la tipificación de defraudación lo que elevó el monto a USD cien millones.

Paco (el Sr. Francisco Casal) tenía sus contadores. Y sus contadores –antes del lío- le decían que no tenía que pagar. Y no pagó (conozco contribuyentes que desobedecen los consejos de sus profesionales pero en el otro sentido).

Paco –después del lío- contrató a todos los contadores habidos y por haber para que confirmaran la versión de su contador de siempre (y para defenderse en el juicio). Y la abrumadora mayoría (no todos) le dijeron que no tenía que pagar.

Yo le hubiese dicho lo mismo. Pero tal vez estuviéramos todos equivocados.


El modus operandi
El modus operandi de Paco era poner a los futbolistas a nombre de panameñas (sí, como veremos más adelante, la actividad era desarrollada donde diré, entonces tanto da S.A., panameña, persona física o lo que fuera).

El impuesto a la renta (IRIC antes, IRAE ahora) grava la combinación de capital y trabajo desarrollada en Uruguay (independientemente de quién desarrolle la actividad, panameña o no).

Asumamos por un momento que hay combinación de capital y trabajo, la pregunta es: ¿dónde?

A mi juicio en el exterior.

En mi entender la actividad “sustancial” (¡qué palabrita esta en este momento!; concepto novedoso si los hay) es desarrollada en el exterior.

Pero bueno, concedamos por un momento el beneficio de la duda. A lo sumo habría una pequeña porción del resultado derivado de la utilización conjunta de capital y trabajo en nuestro territorio. Para ello se podría haber fijado un porcentaje que recogiera esta realidad (¿3%?) y se cerrara el tema (en una negociación con Casal –que no es el único, por cierto-, por vía normativa, o lo que fuera).

Y a otra cosa.
(observador 1 setiembre 2012)

El tráfico de influencias
Los vínculos del ex presidente Tabaré Vázquez y de su sucesor con empresarios nacionales supusieron una desilusión para miles de votantes del Frente Amplio. Pero un presidente debe dialogar con empresarios. Es parte de su trabajo. Y no se trata tampoco de que empresarios otrora amigos de los partidos fundacionales se hayan convertido al frenteamplismo o se hayan amigado con la izquierda, como Juan Carlos López Mena (de Buquebús) o Juan Salgado (de CUTCSA). La cuestión es que los dos primeros jefes de Estado frenteamplistas no tuvieron un simple vínculo, sino algo muy parecido a la amistad y bastante parecido al amor, con empresarios de mala imagen, para decirlo de una manera inocua. En la campaña electoral de 2004, por ejemplo, Vázquez viajó a Brasil en un avión del dueño de la pesquera Fripur, Alberto Fernández, quien también pagó la banda presidencial que Mujica lució en la ceremonia de su investidura. Esos gestos han sacado de quicio a sindicalistas que lo acusan de represión y maltrato, entre otros graves abusos.

La relación amistosa inunda de sospechas un argumento empleado por el Ministerio de Economía para reducir en 90 por ciento la supuesta defraudación fiscal del Grupo Casal: que su actividad "era pública y notoria, conocida a través de todos los medios periodísticos y por la propia administración fiscal, lo que impide que pueda hablarse de engaño u ocultación, elemento material de la infracción de defraudación". Un defraudador notorio, Alphonse Gabriel Scarface Capone, utilizó la exposición mediática como estrategia para eludir a la Justicia, y cayó cuando su mayor enemigo dentro del Estado, Eliot Ness, comenzó también a mostrar sus logros al público. Los periodistas podrán no ver la defraudación o no querrán verla, pero la mayor responsabilidad por su ocultamiento no les corresponde a ellos sino al Estado.

De Marcelo Jaen (La Diaria)

Los apoyos mutuos de Mujica y Francisco Casal
Esa relación estrecha entre “Paco” Casal y el presidente de todos los uruguayos.
No es nuevo, todos lo sabíamos, lo único que hace es confirmar que tan “carnal” es la relación.
“Paco” le aceitó entrevistas y contactos en España en la gira del mandatario, aún cuando la DGI estuviera litigando por cifras millonarias contra el contratista.
A su vez Mujica convocó “para aconsejar” a Damiani y Alarcón que convenía arreglar los derechos con Casal´s Boys.
Es más, como expresáramos desde este espacio, en el tema de los derechos televisivos de las Eliminatorias quedó de manifiesto el apoyo del MPP a contratar con Tenfield contra la posición del Frente Liber Seregni para ponerle cotos.
Mucho ruido y pocas nueces. El ruido deja el eco de lo que ya sabíamos, el amor fraternal de nuestro mandatario y Casal.  (El Diario, 19 octubre 2011)

Fiscal de gobierno dice que Casal no debe; ahora decidirá Mujica Lorenzo. 
Declaró ayer ante la Justicia por contratar a un estudio privado 

A pedido de Presidencia, un fiscal de gobierno opinó que Francisco Casal no le debe a la DGI, y el caso está ahora en manos de José Mujica. El ministro Fernando Lorenzo defendió ante la Justicia que se haya bajado la deuda de US$ 100: a US$ 10:.
En un dictamen de 60 páginas, el fiscal de gobierno Daniel Borrelli consideró que el contratista deportivo Francisco Casal no debe impuestos.
También recomendó que se haga una investigación administrativa en la DGI por posibles irregularidades en el trámite del expediente a Casal y que, en caso de que se condene al Estado por esto, se accione contra las funcionarios responsables de los hechos.

Puro Paco

 El ministro Fernando Lorenzo defendió ante la Justicia que se haya bajado la deuda del empresario de US$ 100 millones a US$ 10 millones. (El País, 29.08.2012)




Especialistas


En tanto, al ministro Lorenzo le costó mucho conseguir un especialista en Derecho Tributario que opinara si Casal incurrió en defraudación tributaria, de lo que fue acusado por la DGI.
Lorenzo, explicó ayer martes ante el juez en Crimen Organizado Néstor Valetti y el fiscal Juan Gómez las razones por las que revocó parcialmente una decisión de la DGI referida a Casal, lo que llevó a bajar la deuda del contratista de US$ 100 millones a US$ 10 millones.
Al declarar en carácter de indagado, el ministro relató que cuando recibió el recurso jerárquico contra la resolución de la DGI, presentado por el abogado de Casal, Leonardo Costa, vio que el director de la asesoría tributaria del Ministerio de Economía era Nelson Hernández, quien fue antes director de Rentas y en ese carácter intervino en el expediente de Casal, informaron fuentes judiciales a El País.
El ministro dijo que consultó a abogados de la cartera y coincidieron en escuchar la opinión del fiscal de gobierno, Miguel Toma, y consideraron aconsejable su sugerencia de consultar a un experto.
Lorenzo constató que la mayoría de los expertos en Derecho Tributario ya habían sido contratados por Casal para que hicieran consultas en expedientes judiciales que lo involucran, añadieron las fuentes.
Entonces, el ministro le pidió a su sala de abogados que le suministrara nombres. Uno de los sugeridos fue Juan Manuel Albacete, del estudio Guyer & Regules, quien no había participado en los expedientes referidos a Casal. Se decidió contratarlo utilizando rubros que tiene la administración para el arrendamiento de obra de servicios profesionales, afirmaron las fuentes.
Además de Lorenzo, también declaró el fiscal de gobierno Miguel Toma, ambos por la denuncia en su contra del abogado Gustavo Salle, debido a la decisión de encargar a un estudio jurídico privado un informe para determinar si Casal incurrió o no en defraudación fiscal.
Valetti decidió que los testimonios de los dos jerarcas se tomaran en la mañana, fuera del horario habitual de funcionamiento de los juzgados. Lorenzo se retiró por una puerta trasera de la sede judicial.
En vista de lo prolongado del trámite del expediente sobre Casal en la órbita de la DGI y las presuntas irregularidades en el mismo, Lorenzo ordenó una investigación administrativa, de la que dijo en el juzgado que desconoce si existe ya una resolución.
"Fui a declarar hoy como cualquier ciudadano ante la Justicia, en el juicio que inició el doctor Salle, cuyo contenido ustedes bien conocen porque se ha hecho publico", dijo Lorenzo ayer en el Palacio Legislativo, y prefirió no hacer más comentarios sobre el tema.

Tramitan la prueba

A pedido de Casal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) evalúa si declara la nulidad de todo lo actuado por la DGI en torno al contratista. El abogado Leonardo Costa, asesor del empresario, dijo a El País que por el trámite del caso el fallo se conocerá "en dos o tres años".(El País, 29 de agosto 2012)


Francisco Casal no es culpable, y tá . . .
Acuerdo entre gobierno y Casal será confidencial y secreto 
El empresario dice que no quiere “sacarle plata al Estado” 
 El acuerdo que prevé firmar el gobierno con el empresario deportivo Francisco Casal, para poner fin al diferendo con la DGI y evitar millonarios juicios, será confidencial y secreto. Según supo El Observador, como parte de la negociación a la que se está llegando entre las partes, se ha conversado que el acuerdo sea suscrito por Presidencia. Su contenido no se conocerá ni se hará público.

Según trascendió se busca acordar un empate 0 a 0 en el que el gobierno determine que Casal y el resto de los contratistas embargados desde 2008 por la Justicia –a pedido de la DGI– no deben nada, y a cambio todos se comprometen a no iniciar demandas contra el Estado.

El gobierno quedó embretado luego del tercer informe jurídico contrario a la posición de la DGI y favorable a lo que los abogados del empresario han afirmado. La posición de Leonardo Costa y Óscar Brum es que Casal no debe pagar.

Sin embargo, la DGI hasta su última resolución ha insistido en que la transferencia de jugadores al exterior debe tributar el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), por las transferencias de jugadores entre 1998 y 2002. La deuda que inicialmente había llegado a US$ 300 millones, bajó luego a US$ 4 millones pero con multas y recargos se fijó en US$ 10 millones.

Fuentes de la DGI dijeron a El Observador que la negociación de la Presidencia con un contribuyente de la DGI es algo novedoso. “Es la primera vez que el gobierno interviene en la historia nacional de la tributación”, dijo la fuente. (El Observador, 31.08.2012)

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