Organismos de DDHH rechazan fallo de la Corte

Enviado por Hernán Patiño Mayer 

01/03/2013

Organismos de derechos humanos de la región rechazan el fallo de la Corte que anula los juicios a los represores

Autor: CELS y otros

Las organizaciones de derechos humanos de la región abajo firmantes expresan su repudio frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar la inconstitucionalidad de la Ley n° 18.831 que anuló la Ley de Caducidad en noviembre de 2011 al declarar los delitos cometidos durante la última dictadura militar como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Como organizaciones comprometidas con la búsqueda de memoria, verdad y justicia por estos delitos, cometidos contra los pueblos de toda la región entre las décadas de 1970 y 1990, entendemos que el fallo conocido el viernes pasado constituye un enorme retroceso en términos políticos y jurídicos.

Existe vasta jurisprudencia y doctrina que contradice todos los argumentos esgrimidos por la Corte en el fallo. En el marco del proceso de memoria, verdad y justicia, la lucha política también ha incluido la disputa en el terreno del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se ha avanzado en acuerdos que la Suprema Corte desconoce al utilizar argumentos ya refutados en el plano jurídico. Adjuntamos un breve informe acerca de estos argumentos.

De acuerdo a datos del Observatorio Luz Ibarburu, los actores locales del proceso de justicia uruguayo han diagnosticado la inexistencia de voluntad estatal para la implementación de estrategias serias y unificadas de investigación y persecución penal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, a pesar de la sanción de la Ley Interpretativa y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman vs Uruguay”. El Estado uruguayo en su conjunto tiene la obligación de investigar estos hechos, por lo que el Poder Judicial no puede desconocer este deber, esgrimiendo presunta independencia o neutralidad respecto de los compromisos internacionales asumidos.

La decisión de la Suprema Corte constituye un retroceso en materia de justicia transicional en la región. La resolución, sumada al apartamiento de la jueza Mariana Mota de estas investigaciones la semana pasada, es un gravísimo precedente que compromete la continuidad del proceso de justicia. Es imprescindible que el Estado uruguayo tome las medidas necesarias para garantizar la investigación de estos delitos y de esta manera obtener finalmente justicia para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

Uruguay
Crysol - Asociación de ex Pres@s Polític@s de Uruguay
Fundación Mario Benedetti
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
PIT- CNT

Argentina
Abuelas de Plaza de Mayo
Centro de Estudios Legales y Sociales
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora
HIJOS - Capital
Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas

Perú
Asociación Pro-Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos


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Supremo problema

Viernes 01 de marzo de 2013

El canciller Luis Almagro reconoció este viernes que la sentencia de la Suprema Corte sobre las prescripciones puede dejar mal parado a Uruguay frente a la Corte Interamericana. Según Almagro, “Uruguay tendrá que responder” ante la CIDH porque la sentencia por el caso Gelman impedía apelar a la prescripción de delitos.
El canciller Luis Almagro reconoció este viernes que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la ley que evita la prescripción de los delitos de la dictadura, puede dejar mal parado a Uruguay frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Consultado por Telemundo, Almagro afirmó que "Uruguay tiene obligaciones internacionales que no surgen de esa ley, sino de convenios que tiene firmados" y que se han dado señales "simbólicamente muy fuertes como dejar sin efecto la Ley de Caducidad".
En ese sentido, el canciller recordó la sentencia de la Corte Interamericana ante la denuncia presentada por Macarena Gelman. "Ahí una parte del cumplimiento de la sentencia tenía que ver con esto de no invocar la prescripción de los delitos para no investigar, eso lo dice la sentencia a texto expreso", aclaró.
"Por ahí pueden venir algunas cosas que Uruguay va a tener que responder", aseguró el ministro de Relaciones Exteriores.
De todas formas, Almagro se mostró optimista en que "lo importante es que está la base, el fundamento y la filosofía" para esclarecer los delitos, por lo que "se buscará una forma dentro de la normativa".

Jueves 28 de febrero de 2013

Korzeniak advierte que se puede recurrir a la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad de la dictadura

En ese sentido, explicó que el fallo de inconstitucionalidad sobre la Ley que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura es la decisión en la que se presentan los “mayores problemas jurídicos”.
Aclaró que en primer lugar el fallo de la Corte confirmó que la Ley de Caducidad “no existe más, porque no declaró inconstitucional el artículo 1º de la Ley interpretativa, sino que confirma que el Estado puede castigar los delitos que se cometieron en dictadura”.
“Lo que sí fue declarado inconstitucional son los artículos 2 y 3 que se refieren a que no prescriben esos delitos, porque son de lesa humanidad los cuales no tienen términos de prescripción extintiva”, aclaró.
Korzeniak dijo que “los problemas que hay en este caso, y en este fallo, que es debatible, es que hay una larga discusión sobre cuál es el derecho que predomina en un país, si el internacional o el interno”.
“Hay quienes dicen que el derecho internacional está por encima del interno, incluso por encima de la Constitución, en tanto que otros, con un criterio más positivista, opinan lo contrario”, comparó.
Aseguró que en este caso “la discusión existe” y sí puede hablarse de “dos bibliotecas, es decir que desde el punto de vista constitucional sí hay lugar a dudas razonables”. La SCJ dice que cuando se estableció  la imprescriptibilidad, Uruguay no había adherido a un tratado que dijera que estos delitos son de lesa humanidad.
Sin embargo, “en la práctica internacional ha predominado, desde la Segunda Guerra Mundial, que tiene mas valor el derecho internacional, cuando se refiere a los derechos humanos”, reiteró.
Además -dijo Korzeniak-, existe  la Corte Penal Internacional creada por el Estatuto de Roma “donde se juzgan los delitos de lesa humanidad cuando en los  países donde debieran juzgarse no se hace. Entonces, agotadas todas las vías en una nación –como en el caso de Uruguay-, puede recurrirse a este un tribunal internacional”.
De todas maneras, el constitucionalista aclaró que no estaba impulsando esa posibilidad, pero tampoco la descartó.

Otras decisiones

Por otro lado, el ex legislador también se refirió al fallo de inconstitucionalidad del ICIR. Dijo que en este caso, el principio que invoca la SCJ es el referido a que “no se puede establecer dos impuestos sobre un mismo hecho imponible”. Acotó que se trata de un principio del derecho financiero que está presente en la Constitución de la República, y que es “aceptable”.
Si no se pueden fijar dos impuestos sobre un mismo hecho que es la tenencia de la tierra, como así argumenta la Corte, “entonces debería establecerse un impuesto a la tenencia de la tierra hasta tantas hectáreas y desde determinadas hectáreas para arriba otra tasa, y se termina el problema”.
“Hubo una especie de exageración por explicarle a la gente que se trataba de un impuesto contra la concentración de la tierra, pero eso es fácilmente superable”, aseguró.
No es inconstitucional que la Ley nacional grave la contribución inmobiliaria rural  y tampoco que se aplique el principio de que paga más el que tiene más, es decir, lo que se llama la capacidad contributiva”.
“El fallo de la SCJ es un argumento serio que tiene mucha tradición en el derecho  financiero uruguayo, es decir que no se puede gravar con dos impuestos distintos un mismo hecho imponible”, resaltó.
En cuanto al acto administrativo de la Corte de Justicia, referido al traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a otro civil, dijo que la corporación “debe tener fundamentos”
Resaltó que “la SCJ tiene todo el derecho de trasladar a un juez letrado de una materia como sería la penal a la civil  o al Contencioso Administrativo, pero siempre que ello no implique rebajarlo de categoría, porque entonces debería de existir un sumario para justificar las razones de lo que sería una sanción y no un traslado”.
Por su parte, la doctora Mota presentó un recurso de revocación contra el acto administrativo del traslado y si le dan la razón “lo dejarán sin efecto y ella tiene el derecho de ir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el cual está facultado para anular actos de la SCJ si encontrara que en la resolución existiera una desviación de poder”.
Korzeniak dijo que “la SCJ no sólo puede, sino debe informar al Parlamento sobre la decisión de ese acto administrativo, porque la Constitución habilita al legislador, a través del artículo 118, a realizar pedidos de informes, pero también establece que la información que se solicita no sea en materia jurisdiccional (por ejemplo el por qué de un fallo contra una persona),  sino administrativa”.

“Los datos en este caso los debe dar porque un traslado es una materia administrativa y no puede decir que lo hizo por antojo”, puntualizó.