07.03.2013
Udelar criticó a Suprema Corte y advirtió que crimenes del nazismo fueron juzgados
La entidad estatal pidió "enfrentar la impunidad"
"No puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la
dictadura uruguaya", señala la institución, "porque ello tiene que ver
con el pasado, con el presente y con el futuro, pues la impunidad incide
en los comportamientos cotidianos, institucionales y personales".
Asimismo, llamó "a los compatriotas de buena voluntad a buscar caminos ética y jurídicamente correctos para que la verdad y la justicia sigan abriéndose paso, y se afirmen en el país que queremos legarles a las generaciones que vienen".
La Universidad de la República (Udelar) criticó el falló de la Suprema Corte de Justicia de dejar sin efecto la ley interpretativa de la Ley de Caducidad porque “expone” al país a nuevas condenas internacionales como la que ya tiene Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman. Además, la Universidad advirtió que “los crímenes del nazismo siguen siendo investigados y juzgados” aunque “han transcurrido alrededor de setenta años desde que fueron cometidos”, según una resolución del Consejo Directivo Central de la institución.
La Udelar también criticó el traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, informó este jueves el semanario Búsqueda. Según la institución eso detiene “los avances en derechos humanos” y señaló que la SCJ no explicó “con claridad a la ciudadanía” los motivos del traslado de la magistrada, quien investigaba casi 50 delitos relacionados a derechos humanos ocurridos durante la dictadura.
La Universidad también pidió “enfrentar la impunidad”. “Este Consejo Directivo Central solicita a todos los ámbitos de la institución que tengan aportes para hacer en la materia, que estudien los problemas planteados y contribuyan a enfrentar la impunidad, encontrando caminos para la verdad y justicia”, sostuvo el comunicado.
El desacato de la SCJ para darle impunidad a los criminales de lesa humanidad
El desacato de la SCJ para darle impunidad a los criminales de lesa humanidad
" las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "son obligatorias para los Estados que, como el Uruguay, han reconocido su competencia contenciosa, por lo tanto, deben ser cumplidas y ejecutadas en el ámbito interno".
" las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos "son obligatorias para los Estados que, como el
Uruguay, han reconocido su competencia contenciosa, por lo tanto, deben
ser cumplidas y ejecutadas en el ámbito interno".
Polémica por fallo de la SCJ sobre la ley de Caducidad
El organismo remarca que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos "son obligatorias para los Estados que, como el Uruguay, han reconocido su competencia contenciosa, por lo tanto, deben ser cumplidas y ejecutadas en el ámbito interno".
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la ley aprobada en 2011 por el cual se amplió la prescripción de los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura (1973-1985) y declaró esos casos como de lesa humanidad. El fallo implica la clausura de los casos en cursos donde se haya invocado la nueva ley.
La sentencia de la SCJ, aprobada por mayoría de cuatro a uno, contradice lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en 2011 condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García de Gelman (ocurrida en 1976) y estableció que se deben eliminar los obstáculos que obstruyen las indagatorias.
El País Digital
Abogados opinan
El abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia, quien presentó varias
denuncias por torturas, dijo que a raíz de la sentencia de la SCJ "todos
aquellos delitos que se hubieran cometido y a cuyos autores, al 31
de octubre de 2011, no se enjuició, no podrán ser sometidos a juicio en
el futuro, obturándose definitivamente las investigaciones penales a su
respecto".
A juicio de Álvarez Petraglia, en relación a los militares procesados el fallo no solamente no tendrá ningún efecto, sino que además podrán seguir siendo investigados por otras causas, ya que al haber sido encausados la prescripción no se les computa.
"En las causas, por ejemplo, en la que estuviera involucrado Gavazzo u otros aún no procesados o condenados, la misma seguiría respecto a Gavazzo y se archivaría respecto a los demás", dijo Álvarez Petraglia al ser consultado por El País.
"En definitiva, es un gran paso atrás, que no solo cierra la búsqueda de verdad y justicia en lo inmediato, sino que consolida la impunidad con argumentos de escaso peso jurídico", opinó el exmagistrado.
Por su parte, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien ha representado varias denuncias por casos de derechos humanos, dijo a El País que la resolución de la Corporación "cierra la gran mayoría de los casos", por lo que la posibilidad a partir de ahora será recurrir a los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Martínez Burlé afirmó que "es una gran coincidencia" que la SCJ primero haya trasladado a la jueza Mariana Mota (quien tenía a su cargo 50 casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura) y "una semana después" falle contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
A juicio de Álvarez Petraglia, en relación a los militares procesados el fallo no solamente no tendrá ningún efecto, sino que además podrán seguir siendo investigados por otras causas, ya que al haber sido encausados la prescripción no se les computa.
"En las causas, por ejemplo, en la que estuviera involucrado Gavazzo u otros aún no procesados o condenados, la misma seguiría respecto a Gavazzo y se archivaría respecto a los demás", dijo Álvarez Petraglia al ser consultado por El País.
"En definitiva, es un gran paso atrás, que no solo cierra la búsqueda de verdad y justicia en lo inmediato, sino que consolida la impunidad con argumentos de escaso peso jurídico", opinó el exmagistrado.
Por su parte, la abogada Hebe Martínez Burlé, quien ha representado varias denuncias por casos de derechos humanos, dijo a El País que la resolución de la Corporación "cierra la gran mayoría de los casos", por lo que la posibilidad a partir de ahora será recurrir a los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Martínez Burlé afirmó que "es una gran coincidencia" que la SCJ primero haya trasladado a la jueza Mariana Mota (quien tenía a su cargo 50 casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura) y "una semana después" falle contra la ley interpretativa de la ley de Caducidad.
Para la SCJ uruguaya estos son "delitos comunes" que prescriben. Está en marcha una causa EN ARGENTINA por los crímenes franquistas en España ya que además de no prescribir (1936-1977) se puede iniciar la causa en cualquier país dado el carácter universal de los crímenes de lesa humanidad. La dictadura fascista de Franco como la uruguaya, tampoco había firmado ninguna Convención. La SCJ uruguaya MIENTE!
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.
Querella en Argentina contra Martín Villa, el suegro de Gallardón, torturadores y jueces del franquismoLa red ciudadana de crímenes contra el franquismo pedirá la imputación como responsables de delitos de lesa humanidad de los exministros Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros en Vitoria, y Utrera Molina, por la condena a muerte de Puig Antich; de 'Billy el niño' por tortura sistemática; y de más de 300 responsables de la represión franquista.
La causa por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 continúa adelante en la Justicia argentina. Tras recoger más de trescientas querellas, la Red ciudadana contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) ha decidido pasar a una segunda fase: pedir la imputación por crímenes de lesa humanidad de más de 300 responsables de la represión franquista.
La documentación previa a la querella, a la que ha tenido acceso Público, contempla la petición de imputación de los exministros Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de cinco obreros durante una huelga en Vitoria y José Utrera Molina (suegro de Gallardón), por firmar la condena a muerte de Puig Antich. Asimismo, también solicita la imputación del "torturador" de la Brigada Político Social (la policía política del franquismo) Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño.
Por último, la querella también contempla la imputación del exministro de Trabajo Fernando Suárez y del guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar, conocido por su célebre frase en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981: “No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la Autoridad Militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros”.
La Justicia argentina contempla la pena de hasta 30 años de prisión por el delito de crímenes de lesa humanidad
“Ya va siendo hora de que la Justicia condene de una puñetera vez a la dictadura, el franquismo y sus colaboradores, que después se vistieron de demócratas”, señala a Público José María Galante 'Chato', miembro de la asociación de expresos y presas del franquismo La Comuna.La causa contra el franquismo en Argentina fue abierta el 14 de abril de 2010 tras la negativa de la Justicia española a investigar los crímenes de la dictadura española. La denuncia apeló a que la Constitución argentina reconoce el principio de la jurisdicción universal para juzgar a los culpables de los delitos de lesa humanidad. A la querella inicial se han sumado ya otras trescientas que están siendo tramitadas ante el Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires. La Justicia argentina contempla la pena de 25 a 30 años de prisión por este delito
La voluntad de los querellantes es que la causa abierta por la magistrada argentina María Servini termine con “la impunidad del franquismo”, “restablezca la verdad" y abra la vía a "la reparación de todo el dolor producido”. Reclaman la recuperación a cargo del Estado de los restos abandonados en fosas comunes y su devolución a los familiares, la anulación de todos los procesos judiciales de los tribunales especiales de la dictadura; la condena del expolio económico que sufrieron los republicanos por parte de los vencedores en la Guerra Civil; y, por último, la aplicación de la legislación de crímenes de lesa humanidad contra los supervivientes de la dictadura que tengan las manos manchadas de sangre.
1. Rodolfo Martín Villa, "la porra de la Transición"
El
exministro, exsenador y exasambleario de la Asamblea de Madrid Rodolfo
Martín Villa fue conocido durante su periodo como ministro de
Gobernación (76-79) como “la porra de la Transición” por la dureza
empleada en la represión de las manifestaciones obreras y estudiantiles.
Asimismo, se le acusa de ser parte responsable de la intensa
actividad parapolicial que se desarrolló a lo largo de estos años con
una nutrida implicación de organizaciones fascistas. De manera más específica, la querella pedirá su imputación como ministro de Relaciones Sindicales y corresponsable de la muerte de cinco trabajadores en Vitoria durante la jornada de huelga del 3 de marzo de 1976 cuando la Policía asaltó la iglesia de Vitoria de San Francisco de Asís, lugar habitual de las reuniones de las Comisiones Representativas de las empresas en lucha, y disparó a bocajarro contra los más de 5.000 obreros que habían acudido a la asamblea.
Martín Villa es señalado como responsable del asesinato de cinco obreros en Vitoria El resultado: cinco trabajadores muertos (Pedro María Martínez Ocio de 27 años; Francisco Aznar Clemente de 17 años; Romualdo Barroso Chaparro de 19 años; José Castillo García de 32 años; Bienvenido Pereda Moral de 30 años) y alrededor de 150 heridos.
Martín Villa comenzó su carrera política en el régimen en 1962 como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU) alcanzando el puesto de Gobernador Civil en 1974 y ministro de Relaciones Sindicales en 1975. Ya en democracia, fue diputado en las Cortes por la provincia de León (UCD) y de la provincia de Madrid por el Partido Popular años después. Asimismo, también presidió la Comisión de Justicia e Interior del Congreso entre 1996 y 1997. En enero de 2003, fue nombrado comisionado del Gobierno para el desastre producido por el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia.
Su pasado franquista tampoco le impidió dar el salto al mundo empresarial. Desde diciembre de 2003 fue consejero de Sogecable y presidente del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de la misma compañía desde marzo de 2004 hasta octubre de 2010. Asimismo, también fue presidente de Endesa, cuando era parcialmente pública, presidente de Endesa Italia o presidente de la Comisión de Control de Caja de Ahorros de Madrid (1993-1997) entre otros muchos cargos de relevancia.
2. José Utrera Molina, el suegro de Gallardón
La
complicidad de Utrera Molina, de 86 años, con el régimen franquista ni
siquiera ha sido disimulada en democracia. Actualmente, forma parte del Fundación Francisco Franco.
Su carrera en el régimen franquista comenzó en el Frente de Juventudes
(la organización juvenil del partido fascista) y finalizó en 1975 como
Ministro Secretario General del Movimiento y vicepresidente del Consejo
Nacional del Movimiento poco antes de la muerte del dictador. Además,
fue presidente del Banco Rural desde marzo de 1975 hasta su dimisión el 3
de abril de 1978.
Utrera Molina firmó la ejecución de la sentencia de muerte de Puig Antich
La Red Aqua pide su imputación en la querella contra el franquismo por firmar el decreto o 'enterado' para la ejecución de la sentencia a muerte, por garrote vil, de Salvador Puig Antich,
condenado a muerte por un tribunal militar tras ser acusado por el
asesinato en Barcelona del subinspector de la Brigada Político Social,
Francisco Anguas Barragán, cuando se procedía a su detención. En 2010, Utrera Molina escribió un artículo de opinión en el diario ABC en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica y la retirada del monumento al teniente general Millán Astray como una “vandálica invasión del Gobierno socialista”. “Vivimos un tiempo en el que corremos el riesgo de avergonzarnos de pertenecer a una Nación gloriosa y antigua como ha sido España”, escribe.
3. Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el niño
Dentro
de todos los casos de torturas denunciados a lo largo de la larga noche
de la dictadura franquista, el caso de González Pacheco, Billy el niño, miembro de la Brigada Político Social, es el más impactante. De hecho, tiene un amplio dossier de diligencias judiciales por presuntas torturas en
los últimos años del franquismo. Su nombre llega a aparecer hasta en 17
querellas, presentadas en Argentina, unido de manera indisoluble al
delito de tortura.En 1974 llegó a ser condenado, junto a otros tres policías, por el Juzgado Municipal número 19 de Madrid, a pagar 1.000 pesetas por una falta de malos tratos y otra de coacciones al estudiante Francisco Lobatón. Un año antes, en 1973, ya había sido condenado por otra falta de lesiones interpuesta por Enrique Aguilar Benítez de Lugo.
González Pacheco fue absuelto de todos los procesos judiciales en los que estaba envuelto por la Ley de AmnistíaEl resto de procesos pendientes se sobreseyeron tras no presentarse reiteradamente a los juicios en los que estaba encausado y beneficiarse, posteriormente, de la ley de Amnistía de 1977 que se extendió a “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos Incluidos en esta ley”. Así, también prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español, autores de varios asesinatos durante la Transición.
Pero la Ley de Amnistía no fue suficiente para limpiar su honor. El 1 de julio de 1977 el Ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, le condecoró con la Medalla de Plata al Mérito Policial y se le organizó una cena homenaje “como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación”. Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros que será Jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Ese mismo año pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, que más tarde daría lugar a la Brigada Antiterrorista donde actúa como segundo de Roberto Conesa, que también fue su superior en la BPS.
En 1985 González Pacheco aparece como jefe de seguridad de la empresa automovilística Talbot en Madrid, donde también trabaja en diversas empresas de seguridad. En 2011, según la documentación previa a la demanda de la Red Aqua, figura como jefe de tráfico de la empresa Loomis.
4. Jesús Muñecas, golpista del 23-F
Jesús Muñecas disfruta de la pensión máxima a pesar de haber protagonizado un golpe de Estado Previamente, había sido denunciado en varias ocasiones por delitos de torturas en la Comandancia de Zarautz y en la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa, dependiente de la de San Sebastián. No fue condenado por ninguna de ellas. Sí lo fue tras el 23-F por “delito consumado de rebelión militar” por el que es condenado a tres años y seis meses de prisión. Salió en libertad en octubre de 1984, tras cumplir las tres cuartas partes de la condena y obtener setenta y cuatro días de reducción por trabajos realizados.
5. Fernando Suárez, en segunda fila
Ese mismo año firma, junto al resto de ministros, la sentencia a muerte de los últimos asesinados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui. Por ello, la Red Aqua pide su imputación como responsable directo de crímenes de lesa humanidad
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