Economía 13.12.12La del estribo
Parlamentarios del oficialismo se reunirán con el
presidente José Mujica antes de fin de año para coordinar acciones
frente a la concentración y extranjerización de la propiedad de la
tierra. El anteproyecto de ley que prohíbe la compra de tierra por parte
de estados extranjeros o empresas de asociadas a éstos está listo para
presentarse ante el Poder Legislativo, pero se aguardará la aprobación
del mandatario, según dijo a la diaria el diputado Hermes Toledo.
Según datos preliminares del Censo Agropecuario 2011, alrededor de 84% de las explotaciones rurales está en manos de uruguayos, 0,7% tienen otras nacionalidades, mientras que 0,6% y 0,4% son argentinos y brasileños, respectivamente. Otro dato significativo es la concentración de la actividad agropecuaria: 9% de las explotaciones acumulan más de 60% de la superficie, mientras que 56% ocupa 5% del territorio.
La extranjerización y concentración de la tierra generaron diferentes iniciativas por parte del partido de gobierno. En 2010, a pedido de Mujica, se formó una comisión especial en el Frente Amplio (FA), con el fin de limitar la cantidad de tierra que pudieran comprar empresas extranjeras. La comisión, integrada por los senadores Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) y Jorge Saravia (Espacio 609), luego sustituido por Yerú Pardiñas (PS), reunió información sobre transacciones de inmuebles rurales pero no llegó a redactar una propuesta legislativa, relataron fuentes del FA.
En paralelo, el grupo Agro del Partido Socialista (PS) elaboró un anteproyecto de ley para prohibir la inversión de estados extranjeros, o empresas asociadas a éstos en inmuebles o emprendimientos rurales. La propuesta, que tiene por objetivo preservar la “soberanía territorial y las reservas de agua”, fue evaluada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recientemente, el gabinete devolvió el documento con ajustes menores y respaldó la iniciativa, que sería presentada ante el Parlamento, según relató Toledo. También fueron consultadas las asociaciones nacionales de productores que, en términos generales, coincidieron con el documento.
La iniciativa elaborada prohíbe la compra de tierras para la explotación agropecuaria o forestal por parte de empresas o estados, pero no inhibe las transacciones de tierras con destino turístico, de infraestructura, industrial o minero.
La situación que se intenta prevenir es la compra de tierras por parte de estados extranjeros, que si bien no se ha extendido en América Latina -con excepción de Brasil-, existen antecedentes en África, donde países como China, Corea del Sur y Arabia Saudita han adquirido tierras, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Se entiende que la franja fronteriza es un territorio estratégico para que esté en manos de extranjeros, por lo que éste será otro de los temas que se incluirán en una política de tierras.
Economía 21.3.13
La ley primeraSegún datos preliminares del Censo Agropecuario 2011, alrededor de 84% de las explotaciones rurales está en manos de uruguayos, 0,7% tienen otras nacionalidades, mientras que 0,6% y 0,4% son argentinos y brasileños, respectivamente. Otro dato significativo es la concentración de la actividad agropecuaria: 9% de las explotaciones acumulan más de 60% de la superficie, mientras que 56% ocupa 5% del territorio.
La extranjerización y concentración de la tierra generaron diferentes iniciativas por parte del partido de gobierno. En 2010, a pedido de Mujica, se formó una comisión especial en el Frente Amplio (FA), con el fin de limitar la cantidad de tierra que pudieran comprar empresas extranjeras. La comisión, integrada por los senadores Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), Ernesto Agazzi (Movimiento de Participación Popular) y Jorge Saravia (Espacio 609), luego sustituido por Yerú Pardiñas (PS), reunió información sobre transacciones de inmuebles rurales pero no llegó a redactar una propuesta legislativa, relataron fuentes del FA.
En paralelo, el grupo Agro del Partido Socialista (PS) elaboró un anteproyecto de ley para prohibir la inversión de estados extranjeros, o empresas asociadas a éstos en inmuebles o emprendimientos rurales. La propuesta, que tiene por objetivo preservar la “soberanía territorial y las reservas de agua”, fue evaluada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recientemente, el gabinete devolvió el documento con ajustes menores y respaldó la iniciativa, que sería presentada ante el Parlamento, según relató Toledo. También fueron consultadas las asociaciones nacionales de productores que, en términos generales, coincidieron con el documento.
Tres por uno
Toledo y Agazzi mantuvieron días pasados una reunión en la que definieron la necesidad de sistematizar “ideas viejas y más recientes en cuanto a extranjerización de la tierra y a la franja fronteriza” del país. Los legisladores resolvieron pedir una reunión con el presidente para “definir una política de tierras”, por lo que el anteproyecto será presentado luego de la “conformidad con Mujica”, adelantó el diputado.La iniciativa elaborada prohíbe la compra de tierras para la explotación agropecuaria o forestal por parte de empresas o estados, pero no inhibe las transacciones de tierras con destino turístico, de infraestructura, industrial o minero.
La situación que se intenta prevenir es la compra de tierras por parte de estados extranjeros, que si bien no se ha extendido en América Latina -con excepción de Brasil-, existen antecedentes en África, donde países como China, Corea del Sur y Arabia Saudita han adquirido tierras, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
Se entiende que la franja fronteriza es un territorio estratégico para que esté en manos de extranjeros, por lo que éste será otro de los temas que se incluirán en una política de tierras.
Economía 21.3.13Bancada de diputados oficialista no acompañó anteproyecto contra extranjerización de tierras.
El impuesto al patrimonio para los inmuebles rurales
no afectará “ningún tipo de inversión”, afirmó el prosecretario de
Presidencia, Diego Cánepa, ayer en rueda de prensa. A la vez que se
sustituye el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), al
parecer tampoco por medio de la vía legislativa se vislumbran -en el
corto plazo- iniciativas que regulen la concentración y extranjerización
de la tierra.
El impuesto al patrimonio para los inmuebles tendrá un universo similar al ICIR. “Se prevé que lo pagarán menos de 1.500 productores de los 50.000 que tiene el país”, afirmó Cánepa, según el audio disponible en el sitio oficial de Presidencia. El representante del Poder Ejecutivo recordó que “cuando se planteó el ICIR y se votó” las gremiales agropecuarias alertaron “que se iban a detener los negocios rurales”; sin embargo, “en 2012, cuando el ICIR estaba vigente, no paró ninguna inversión, al contrario, las inversiones crecieron”, destacó. Si bien existen “proyecciones” sobre la recaudación del impuesto y “no una estimación definitiva”, el “alcance” será mayor a la propuesta original del ICIR, enfatizó el prosecretario. El proyecto de ley que restablece el impuesto, elaborado por Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estará pronto en los próximos días.
La iniciativa legislativa apunta a prevenir un fenómeno creciente en el mundo, la adquisición de tierras por parte de los países emergentes -como China, Arabia Saudita e India- para cubrir sus necesidades de seguridad alimentaria. Según Martín Buxedas, miembro del grupo Agro, queda planteada “la interrogante de por qué” el anteproyecto no fue acompañado por la bancada. La iniciativa pasó por “toda la parafernalia” institucional, fue puesto a consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se presentó formalmente en las gremiales agropecuarias, en las que obtuvo amplio “acuerdo”, señaló el ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Por otro lado, según Toledo, los miembros de la bancada oficialista “hace siete años” que buscan por la vía legislativa regular la concentración y la extranjerización de la tierra; “si no se pone un proyecto en serio y se negocia, nos quedan dos años de gobierno”, sentenció.
La otra propuesta que maneja el Ejecutivo fue elaborada por la comisión especial, formada en 2010 a pedido del presidente e integrada por los senadores Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, y transita “los tiempos políticos”, dijo a la diaria el secretario de Agazzi, Ricardo Pose. La declaración de inconstitucionalidad del ICIR por parte de la Suprema Corte de Justicia fue un “antecedente”, según el vocero, para “afinar” y “estudiar con la lupa la redacción” de la iniciativa. En relación con los detalles del anteproyecto, Pose señaló que es más “abarcativo” que el sugerido por la bancada del PS, que está en concordancia con el Programa del Frente Amplio y que no pone de relieve la discusión tributaria.
Malvina Galván
El impuesto al patrimonio para los inmuebles tendrá un universo similar al ICIR. “Se prevé que lo pagarán menos de 1.500 productores de los 50.000 que tiene el país”, afirmó Cánepa, según el audio disponible en el sitio oficial de Presidencia. El representante del Poder Ejecutivo recordó que “cuando se planteó el ICIR y se votó” las gremiales agropecuarias alertaron “que se iban a detener los negocios rurales”; sin embargo, “en 2012, cuando el ICIR estaba vigente, no paró ninguna inversión, al contrario, las inversiones crecieron”, destacó. Si bien existen “proyecciones” sobre la recaudación del impuesto y “no una estimación definitiva”, el “alcance” será mayor a la propuesta original del ICIR, enfatizó el prosecretario. El proyecto de ley que restablece el impuesto, elaborado por Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, estará pronto en los próximos días.
Martín fierro
El martes el diputado del Partido Socialista (PS) Hermes Toledo recibió la negativa de la coordinación de bancada del Frente Amplio de acompañar el anteproyecto de ley que buscaba prohibir la inversión de estados extranjeros o empresas asociadas a éstos en inmuebles o emprendimientos rurales. Si bien el anteproyecto “no lo vetó ni lo aprobó” la bancada de diputados oficialista, “no conseguimos que lo acompañen” para presentarlo en el Parlamento, lamentó.La iniciativa legislativa apunta a prevenir un fenómeno creciente en el mundo, la adquisición de tierras por parte de los países emergentes -como China, Arabia Saudita e India- para cubrir sus necesidades de seguridad alimentaria. Según Martín Buxedas, miembro del grupo Agro, queda planteada “la interrogante de por qué” el anteproyecto no fue acompañado por la bancada. La iniciativa pasó por “toda la parafernalia” institucional, fue puesto a consideración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se presentó formalmente en las gremiales agropecuarias, en las que obtuvo amplio “acuerdo”, señaló el ex director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA), durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Por otro lado, según Toledo, los miembros de la bancada oficialista “hace siete años” que buscan por la vía legislativa regular la concentración y la extranjerización de la tierra; “si no se pone un proyecto en serio y se negocia, nos quedan dos años de gobierno”, sentenció.
La otra propuesta que maneja el Ejecutivo fue elaborada por la comisión especial, formada en 2010 a pedido del presidente e integrada por los senadores Ernesto Agazzi y Enrique Rubio, y transita “los tiempos políticos”, dijo a la diaria el secretario de Agazzi, Ricardo Pose. La declaración de inconstitucionalidad del ICIR por parte de la Suprema Corte de Justicia fue un “antecedente”, según el vocero, para “afinar” y “estudiar con la lupa la redacción” de la iniciativa. En relación con los detalles del anteproyecto, Pose señaló que es más “abarcativo” que el sugerido por la bancada del PS, que está en concordancia con el Programa del Frente Amplio y que no pone de relieve la discusión tributaria.
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