Venezuela
Oprobioso asesinato de líder yukpa en Venezuela
» Sabino Romero nos mira
En la misma semana en que los venezolanos lloran la muerte por cáncer del presidente Hugo Chávez, uno de los más destacado defensores de la recuperación del territorio indígena en Venezuela fue asesinado
La vida de uno de
los más persistentes defensores del territorio yukpa, Sabino Romero,
acabó por una emboscada, de la que se sospecha que los responsables son
ganaderos y terratenientes en complicidad con agentes gubernamentales.
Un sector del pueblo yukpa busca la
restitución de su territorio ancestral robado y se niega a aceptar las
tierras que el Estado, en acuerdo con los ganaderos, le quiere imponer.
Uno de los líderes más emblemáticos en esta exigencia de recuperación de
tierras era Sabino.
Su vida estuvo marcada por la defensa
del territorio y la exigencia del reconocimiento de sus tierras; su
anciano padre, José Romero, también defensor de la tierra, fue asesinado
a palos en la misma lucha contra los terratenientes y ganaderos
asentados en la zona cuando contaba con 109 años de edad.
Lucha por el territorio
El 12 de octubre de 2009 y como
respuesta al compromiso de demarcar las tierras yukpa, el presidente
Chávez entregó títulos a tres comunidades de la sierra de Perijá,
reconociéndoles tierras que no eran “más que monte y piedras”, mientras
que las tierras cultivables se reservaron a los hacendados, denunció el
profesor universitario José Ángel Quintero.
Pero una parte del pueblo yukpa había
decidido hacer su propia demarcación y recuperar sus tierras ancestrales
por medio de la ocupación de seis haciendas desde 2008; entre estos
yukpa está la comunidad Chaktapa, de Sabino Romero.
Dos días después de la entrega de
tierras, los caciques indígenas que aceptaron las tierras otorgadas por
el gobierno atacaron a Sabino y su familia, dejando herido al líder, a
dos de sus hijos y a una nieta, y asesinado a su yerno.
Decenas de organizaciones sociales
denunciaron públicamente que el gobierno se encargó de “fragmentar a las
comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda,
compra de camiones, y otorgamiento de créditos para los Consejos
Comunales que son parte del ‘Plan Yukpa’, con la finalidad de lograr su
apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación que
van acompañadas de los ‘Acuerdos de Convivencia con Terceros’,
documentos que constituyen una manera de mantener la presencia y
privilegios de hacendados y parceleros condenando a los indígenas a la
exclusión”.
Las mismas organizaciones señalaron que
“tampoco se ha cumplido con la consulta previa e informada de los
informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por
la normativa vigente generando un clima de tensión que propicia la
violencia y la presencia de mercenarios y sicarios”. Poco tiempo
después, Sabino fue detenido y llevado preso por acusaciones levantadas
por un ganadero y por el supuesto asesinato de tres yukpa en un
incidente confuso, y permaneció cerca de dos años en prisión.
José Ángel Quintero Weir denunció la
imputación de “bandolero, criminal y abigeo” que se hizo a Sabino “a
través de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Interior
y Justicia, el Ministerio de Obras Públicas, Ambiente y de Pueblos
Indígenas, y aplaudida y apoyada por los hacendados y el rector de la
Universidad del Zulia”, indicó el académico.
Detrás del apresamiento del cacique
indígena, señaló Quintero, estarían, además de las complicidades con los
ganaderos y terratenientes de la zona, la pretensión de realizar
proyectos mineros en los territorios reclamados por los yukpa: un
negocio de carbón con los chinos y otro de uranio con Irán.
La sociedad Homo et Natura señaló que
“el Estado gobierno no puede cumplir con los derechos territoriales de
los pueblos indígenas en el Delta, Amazonía o en la Sierra de Perijá,
pues estos espacios vitales ya están entregados a los capitales
energéticos y mineros trasnacionales, constituyendo un nuevo socialismo
soportado en la ideología de las empresas mixtas”.
El periódico El Libertario
publicó que “desde el 13 de noviembre de 2003, fecha en que el
presidente Hugo Chávez anunció en El Menito, Lagunillas, la triplicación
de la explotación del carbón a 36 millones de toneladas métricas
anuales en territorios habitados por diferentes etnias aborígenes,
Sabino Romero fue parte de las comunidades indígenas que se movilizaron
para rechazar las consecuencias en sus territorios de la expansión de la
megaminería en la región. La lucha de Sabino se enfocó a lograr la
demarcación y titularidad de los territorios indígenas, para lo cual
realizó diferentes movilizaciones tanto en el estado Zulia como en
Caracas, utilizando diferentes métodos de lucha, entre ellos la acción
directa y la ocupación de tierras indígenas en manos de ganaderos.”
Para la publicación anarquista, “los
niveles de autonomía de Sabino Romero en su lucha motivaron una
estrategia compartida entre todos los factores de poder regionales y
nacionales interesados en continuar la explotación de las tierras
indígenas”.
El asesinato
El 3 de marzo, el líder yukpa fue
asesinado en una emboscada en la sierra de Perijá (fronteriza con
Colombia) cuando bajaba desde Chaktapa a votar para elegir al Cacique
Mayor. Los testimonios refieren que sicarios a bordo de una motocicleta
le habrían disparado, hecho en el que resultó herida su compañera,
Lucía.
La Liga de Trabajadores Socialistas
sospecha que fuerzas del Estado podrían tener complicidad en el crimen,
ya que Sabino “denunció en noviembre pasado al general Francisco Salcedo
Alcalá por ser cómplice de los ganaderos y sus sicarios”, y porque
cuando los yukpa salieron tras los asesinos para detenerlos, “el
ejército intervino frenando a los yukpa, garantizando en los hechos la
huida más tranquila de los atacantes”, señalaron en un comunicado.
Además, apuntan, está el hecho de que los anteriores asesinatos de
indígenas yukpa están en la impunidad “incluyendo el del padre de
Sabino, José Romero, muerto de una golpiza por iniciativa de uno de los
ganaderos de la zona”.
“El Estado venezolano, pluricultural
según la Constitución y asimilacionista en los hechos, suma a su ya
larga lista de muertos la del cacique indígena yukpa Sabino Romero”,
denunció el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la
Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. Para estos académicos, el
asesinato de Sabino “pone en evidencia la ausencia de un Estado que
reconoció derechos y que los usurpa al criminalizar la reivindicación
indígena por sus territorios”.
El fotógrafo Francisco Elías Prada
escribió que entre los múltiples corresponsables de la situación están
“las instituciones del Estado, empezando por el ejército, quien mantuvo
en prisión a Sabino Romero y Alexander Fernández (asesinado brutalmente
con sadismo y con saña sacándole los ojos, a pocos meses de haber salido
de la injusta prisión a la que fue sometido) en condiciones
infrahumanas, violando sus más elementales derechos, negándole
asistencia médica, ejerciendo tortura sicológica y física”. También
señaló a la Guardia Nacional, “que muchas veces llegó hasta la comunidad
de Chaktapa Sierrá de Perijá, a detener a Sabino Romero a sus hijos,
que persiguió, asedió, amenazó, amedrentó, insultó a Sabino Romero
Izarra muchas veces para capturarlo y exhibirlo como un trofeo”.
Arlenis Espinar, representante de
Movimientos Populares, señaló el día del asesinato que “no es cualquier
asesinado, es un líder histórico de la lucha por la tierra y fue
vilmente tiroteado hace tres horas”.
Publicado el 11 de marzo de 2013
Chile
Chile: Dirigente asesinado
28 de febrero de 2013: La central Unitaria de Trabajadores distribuyó entre sus filiales y organizaciones afiliadas un comunicado público haciendo un llamado a seguir apoyando la exigencia de verdad y justicia para Juan Pablo Jiménez, Presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA asesinado la semana pasada.
El pasado 1 de marzo 600 familias campesinas aglutinadas al Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, fueron desalojados con bala viva y gases lacrimógenos por la operación Xatruch, la policía y guardias de seguridad con vestimentas militares, dejando como resultado seis personas con problemas respiratorios entre ellas tres menores de edad.
La situación en la Finca Paso Aguan se recrudece día a día, ya que en los últimos tres días, se han instalado retenes militares de forma permanente controlando así la entrada y la salida de los campesinos y pobladores que circulan por ese sector.
Después de varias horas los campesinos regresaron en compañía de periodistas al lugar antes mencionado, para verificar si había quedado compañeros heridos, pero lo único que recibieron por parte de Xatruch y la policía fue un nuevo ataque en contra de su humanidad.
Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos Humanos, a que hagan acto de presencia de manera permanente, para que puedan presenciar a la zona del Bajo Aguán, las constantes violaciones a derechos humanos.
No Somos Pájaros para vivir en el Aire, No somos Peces para vivir en el Agua, somos campesinos y campesinas que vivimos de la tierra.
Paraguay
En Arroyito hay un plan para acribillar a más dirigentes campesinos
Benjamín “Toto” Lezcano es solo el primero de una lista de nueve líderes que empresarios sojero-ganaderos planearían ejecutar. El trasfondo es la resistencia campesina a los proyectos de sojización del lugar. De por medio está la policía local, que ha venido teniendo conductas que exigen una aclaración pública.
El 19 de febrero pasado dos sicarios fueron hasta la vivienda del dirigente campesino del asentamiento Arroyito de Horqueta, departamento de Concepción. De la calle entraron con la moto hasta ubicarse a dos metros y medio del mismo, que en ese momento escuchaba un partido de fútbol sentado en un sillón, y lo rociaron con disparos.
Según fuentes fiscales y forenses fueron 20 los tiros que impactaron en Lezcano. Según sus vecinos, sólo en su brazo izquierdo contaron 17 orificios, habiendo otros en su rostro, pecho y abdomen, totalizando unos 27.
Una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) y periodistas nacionales e internacionales conversaron el 26 de febrero último con pobladores y pobladoras de Arroyito. Allí, lejos de las especulaciones de la fiscalía, la policía y la prensa capitalina, la razón del asesinato se vuelve unívoca en los testimonios de familiares, vecinos, amigos. Cierra una sola hipótesis: a Lezcano le mandaron matar los empresarios agroganaderos del lugar.
Contexto
Arroyito es una asentamiento campesino obtenido tras una ocupación en agosto de 1989, ubicado sobre lo que aparentemente fueron tierras de La Industrial Paraguaya, el mayor latifundio de nuestra historia(2.6 millones de hectáreas). En esos años las familias querían obtener la expropiación de 12 mil hectáreas, pero sólo lograron unas 8.667.
La diferencia fue vendida principalmente a empresarios brasileños que montaron las estancias Oro Verde, Santana, Guaraní, Santa Adelia e Ypotî que envuelven el asentamiento.
El lugar se ubica entre las ciudades de Horqueta e Yby Yau por el lado de la Ruta V Bernardino Caballero(entrando por un camino de tierra de 12 km) y algunas de las estancias tienen salida sobre la Ruta III Elizardo Aquino, en Azotey.
La cotidianeidad de las familias campesinas gira en torno a la chacra y huerta familiares junto con la pequeña ganadería y cultivos de renta como el sésamo. Esta producción familiar está orientada por prácticas agroecológicas.
Soja
Es la ganadería extensiva la actividad que históricamente marcó al departamento de Concepción, y a diferencia del Este de Paraguay, los cultivos mecanizados como la soja y sus rotativos tienen un protagonismo menor. No obstante, desde hace unos años la soja y su complejo tecnológico ha venido entrando. En Arroyito,específicamente, desde el año pasado.
En mayo de 2012 empezaron los trabajos de mecanización principalmente en las estancias Ypotî y Santa Adelia, explican los pobladores y pobladoras. Esto no pasó desapercibido en el asentamiento campesino, que se movilizó para denunciar e impedir que se concreten estos proyectos, concientes de las consecuencias del cultivo y sus fumigaciones en otras regiones del país.
En setiembre del año pasado la comunidad realizó un movilización frente a los portones de Ypotî, que según el testimonio local ya concretó el cultivo de soja. Hasta donde se conoce, Santa Adelia sigue acondicionando su superficie para la próxima zafra sojera.
Antecedentes
Benjamín “Toto” Lezcano era un dirigente pionero del asentamiento desde 1986. En 2008 estuvo al frente de una ocupación de la estancia Santa Adelia, como líder de la comisión de sin tierras Gaspar Rodríguez de Francia. De acuerdo a los testimonios, en ese entonces los intereses ganaderos le habían ofrecido 300 millones de guaraníes para declinar la lucha. Los rechazó.
Si hay algo en que coinciden la totalidad de las personas con quienes habló la comitiva, es que él tenía un desprendimiento hacia el dinero, era humilde, entregado a los demás. Su esposa y madre de sus hijos e hijas, Nancy Cuevas, dirá que “Toto” tenía sólo un par de ropas, y que nunca tenían chacra, siempre todo era para los demás, que prácticamente ella cargaba con los gastos cotidianos.
Más dirigentes podrían ser asesinados
¿Por qué a Lezcano? Esa fue una de las preguntas que se le hizo a referentes de Arroyito, a lo que respondieron que él había confrontado con los poderosos establecimientos agroganaderos del lugar, durante la ocupación de Santa Adelia y el año pasado con la movilización anti soja. Lo seguía haciendo con su actitud y sus acciones, en cada espacio de capacitación, comunicación, charla en que participaba.
Sin embargo, de los testimonios obtenidos, se maneja que existen ocho dirigentes más cuyas vidas estarían corriendo peligro. La amenaza vendría desde el mismo sector. Incluso en el vecindario comentan que en una ocasión el directivo de una de las estancias mencionó que eran nueve las personas que les molestan, pero que todo se podía solucionar.
Sillón en el que fue asesinado Lezcano, frente a su casa. Por la pared de la misma quedaron varios orificios de bala.
El actuar de la policía local
Del testimonio de la comunidad de Arroyito y de constataciones que hizo la comitiva de observadores, saltan algunas conductas de la policía de Arroyito y departamental que generan suspicacias.
A Lezcano le asesinaron hacia las 20:10 de ese 19 de febrero, minutos después un hermano suyo fue a urgir al puesto policial del Núcleo 4 a que acudan policías. A pesar de estar a sólo 3mil metros de distancia, la policía acudió al lugar dos horas después. Mientras tanto, los sicarios se escapan “a velocidad normal” atravesando la estancia Santa Adelia y saliendo por la Ruta III, por el lado de Azotey, de acuerdo a las huellas de moto, cortes de alambrado y un quepi encontrado.
Los pobladores y pobladoras testimoniaron que primero los policías les dijeron que tenían orden de no salir a hacer rondas más allá de las 17 horas. Y después que solamente iban a poder ir al lugar del crimen cuando llegara el comandante departamental Antonio Gamarra, que estaba en la ciudad de Concepción (a casi 100 km de distancia)
Efectivamente, hacia las 22hs llegaron Gamarra y sus policías al lugar, siempre según el relato local. Un vecino le preguntó si era cierto lo que le habían dicho los policías, que él ordenó que le esperen hasta que llegue para intervenir en el escenario del asesinaro. Gamarra dijo que sí.
Luego de la cobertura de la escena y el acompañamiento al trabajo forense y fiscal, los policías volvieron a su puesto y recién a la mañana siguiente revisaron el escenario del crimen y los rastros de la moto de los sicarios por el camino donde huyeron. Sin embargo, lo habrían hecho con desgano, de acuerdo a los testimonios.
Lo que sí sabemos que fue enérgico de parte de la policía -en esas primeras horas- fueron las declaraciones a medios capitalinos, donde el comisario Gamarra se apresuraba a asegurar que fue el EPP, que se trataría de “una quema de archivos”.
Otro elemento que testimoniaron los pobladores es que en el lugar siempre hay controles y barreras para con ellos. Sin embargo, el día del asesinato de Lezcano -el día en que entraron dos sicarios a la comunidad- la policía habría relajado estos controles.
En el mejor de los casos, hablamos de inoperancia de la policía. Aunque en el vecindario hay quienes sospechan que estaba al tanto de lo que sucedería o incluso que los asesinos fueron policías.
Son sospechas de acuerdo a los elementos sueltos. Lo que es contundente es que la policía de Arroyito sostiene una relación carnal con los estancieros locales. Dentro de la estancia Ypotî -la estancia frente a la cual se manifestaron Lezcano y pobladores en setiembre- hay un puesto policial.
Chile: Dirigente asesinado
La CUT-Chile llama a sus filiales a exigir verdad y justicia por el asesinato del sindicalista Juan Pablo Jiménez
28 de febrero de 2013: La central Unitaria de Trabajadores distribuyó entre sus filiales y organizaciones afiliadas un comunicado público haciendo un llamado a seguir apoyando la exigencia de verdad y justicia para Juan Pablo Jiménez, Presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA asesinado la semana pasada.
HondurasCOMUNICADO PUBLICO
A DEFENDER JUSTICIA Y VERDAD PARA JUAN PABLO JIMÉNEZ
Frente al homicidio del Dirigente Sindical Juan Pablo Jiménez, la Central Unitaria de Trabajadores refirma que en este caso lo principal es que se investigue a fondo, de manera rigurosa y se determine quién disparó, con qué arma y cuál fue la motivación.
Para el país es impresentable que un Dirigente Sindical elegido por los trabajadores para que los represente en sus intereses y demandas, sea asesinado sin que se esclarezcan las responsabilidades.
Más preocupante aún es que este haya sido asesinado al interior de una empresa, su lugar de trabajo, sin que este tenga las más mínimas medidas de seguridad.
Reafirmamos nuestra demanda expuesta el lunes 25 de febrero al Fiscal Nacional(s) Alberto Ayala de designar un Fiscal Especial con dedicación Exclusiva para la investigación del asesinato de Juan Pablo Jiménez. En las próximas horas exigiremos lo mismo a las autoridades gubernamentales para que esta investigación dure lo menos posible y se entregue una clara señal al país y a los trabajadores de que en Chile el asesinato de un Dirigente Sindical nunca más quedara en un manto de dudas y sin juzgar a los responsables, como en los peores períodos de la historia de nuestro país.
Por otra parte, llamamos a las CUT Provinciales y Zonales y a las organizaciones afiliadas a la CUT, a mantenerse en alerta y sumarse a todas las acciones de movilización que se están convocando por distintos actores.
Particularmente hacemos el llamado a apoyar la acción de mañana miércoles 27 a las 11:00 horas, para reunirse a las afueras de la Empresa Eléctrica AZETA en Carmen con Isabel Riquelme.
Asimismo, se convoca a apoyar la concentración que se realizará a las 19:00 horas en Plaza de Armas para marchar hasta Santa Rosa con Alonzo Ovalle.
Finalmente, llamamos a las regiones organizar otras acciones y sumarse a las que ya están convocadas en Concepción y Valdivia por sindicatos y organizaciones hacia los Tribunales de Justicia, para exigir verdad y justicia en el caso de Juan Pablo Jiménez.
Honduras: Otro dirigente del MUCA asesinado por sicarios
45 campesinos masacrados en poco más de dos años
El conflicto agrario que en los
últimos dos años ha sacudido la región del Bajo Aguán, al noreste de
Honduras, ha cobrado una nueva víctima inocente.
A las 7 de la mañana de este viernes
(20/1), dos hombres encapuchados que se conducían en una motocicleta
dispararon a Matías Valle, ex vicepresidente del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA) y Fiscal de la empresa campesina La Chile,
perteneciente al asentamiento campesino La Confianza.
Con este nuevo acto de barbarie suman 45 los campesinos organizados que han sido asesinados en poco más de dos años en el Bajo Aguán, por el simple hecho de exigir el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna para sus familias.
“Lamentablemente nos acaban de informar que el compañero Matías Valle falleció hace poco minutos, a consecuencia de varios impactos de bala. Mientras esperaba en una parada de buses en la comunidad Quebrada de Arena, donde residía, fue atacado por desconocidos”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.
Según varios testigos, los dos sicarios llegaron con una moto y con el rostro cubierto con pasamontañas y, sin mediar palabra, se dirigieron hacia el dirigente campesino y le dispararon tres veces en el tórax, causándole la muerte.
“No hay ninguna duda de que ese nuevo asesinato está relacionado con el conflicto agrario que estamos viviendo en el Bajo Aguán y con los terratenientes. Quieren presionarnos para que aceptemos la propuesta del gobierno y de los bancos privados para la compra de las tierras", explicó Rivas.
Según el MUCA, este acuerdo le generaría una deuda impagable con la banca privada y pública de casi 2 mil millones de lempiras (105 millones de dólares).
Con este nuevo acto de barbarie suman 45 los campesinos organizados que han sido asesinados en poco más de dos años en el Bajo Aguán, por el simple hecho de exigir el derecho al acceso a la tierra y a una vida digna para sus familias.
“Lamentablemente nos acaban de informar que el compañero Matías Valle falleció hace poco minutos, a consecuencia de varios impactos de bala. Mientras esperaba en una parada de buses en la comunidad Quebrada de Arena, donde residía, fue atacado por desconocidos”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.
Según varios testigos, los dos sicarios llegaron con una moto y con el rostro cubierto con pasamontañas y, sin mediar palabra, se dirigieron hacia el dirigente campesino y le dispararon tres veces en el tórax, causándole la muerte.
“No hay ninguna duda de que ese nuevo asesinato está relacionado con el conflicto agrario que estamos viviendo en el Bajo Aguán y con los terratenientes. Quieren presionarnos para que aceptemos la propuesta del gobierno y de los bancos privados para la compra de las tierras", explicó Rivas.
Según el MUCA, este acuerdo le generaría una deuda impagable con la banca privada y pública de casi 2 mil millones de lempiras (105 millones de dólares).
"Nosotros ya rechazamos este acuerdo,
porque lo que pretenden es asfixiarnos económicamente. Que nos
endeudemos para después volver a quitarnos la tierra que tanta lucha y
sacrificio nos ha costado”, aseguró el dirigente campesino.
Escalada represiva
Escalada represiva
El asesinato de Valle ocurre pocos días
después de la detención ilegal de la dirigente campesina Florinda
Rodríguez, miembro de la cooperativa La Aurora del MUCA. Ella denunció
que fue maltratada por más de media hora por hombres armados, que le
exigían informaciones sobre los dirigentes de esta organización.
Matías Valle desempeñó el cargo de vicepresidente del MUCA hasta mediados de 2011 e integró las comisiones negociadoras que firmaron los Acuerdos con el gobierno (2010) y con el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum (2011). Actualmente era Fiscal de la empresa campesina La Chile, perteneciente al asentamiento campesino de La Confianza.
En agosto de 2010, Matías Valle y la directiva campesina María Gutiérrez, fueron invitados en Tegucigalpa como representantes del MUCA durante la 3ª reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola de la UITA (FELATRAC), para que brindaran su testimonio acerca de la lucha campesina en el Bajo Aguán.
Durante esta actividad, recibieron el apoyo incondicional de la Rel-UITA y de las organizaciones sindicales afiliadas. "Para nosotros es una alegría tenerlos aquí y sepan que van a contar con nuestro mayor respaldo y solidaridad. En nombre de todos nosotros llévense nuestra bandera, y cada vez que la vean, recuerden que no están solos", dijo en aquella ocasión Gerardo Iglesias, secretario regional.
A partir del proceso de militarización del Bajo Aguán y el inicio del Operativo Xatruch II (9/2011), fueron asesinados nueve campesinos y una campesina, entre ellos tres de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán.
“Era un compañero muy valioso, totalmente identificado con la lucha y fundamental para el proceso de negociación con el gobierno y los terratenientes palmeros.
Matías Valle desempeñó el cargo de vicepresidente del MUCA hasta mediados de 2011 e integró las comisiones negociadoras que firmaron los Acuerdos con el gobierno (2010) y con el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum (2011). Actualmente era Fiscal de la empresa campesina La Chile, perteneciente al asentamiento campesino de La Confianza.
En agosto de 2010, Matías Valle y la directiva campesina María Gutiérrez, fueron invitados en Tegucigalpa como representantes del MUCA durante la 3ª reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Coca Cola de la UITA (FELATRAC), para que brindaran su testimonio acerca de la lucha campesina en el Bajo Aguán.
Durante esta actividad, recibieron el apoyo incondicional de la Rel-UITA y de las organizaciones sindicales afiliadas. "Para nosotros es una alegría tenerlos aquí y sepan que van a contar con nuestro mayor respaldo y solidaridad. En nombre de todos nosotros llévense nuestra bandera, y cada vez que la vean, recuerden que no están solos", dijo en aquella ocasión Gerardo Iglesias, secretario regional.
A partir del proceso de militarización del Bajo Aguán y el inicio del Operativo Xatruch II (9/2011), fueron asesinados nueve campesinos y una campesina, entre ellos tres de los principales dirigentes de los movimientos campesinos del Bajo Aguán.
“Era un compañero muy valioso, totalmente identificado con la lucha y fundamental para el proceso de negociación con el gobierno y los terratenientes palmeros.
Lamentablemente el día de hoy fue
alcanzado por las balas asesinas de los sicarios. Vamos a exigir que se
investigue este crimen para que no se quede en la impunidad como siempre
ocurre”, concluyó el secretario general del MUCA.
http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2012/01/honduras-otro-dirigente-del-muca.htmlAmbiente de terror en el Bajo Aguán
Comunicado del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA)
Bajo Aguan, 6 de Marzo de 2013) Miembros de la operación Xatruch III, al mando del coronel Germán Alfaro Escalante, la policía y los guardias de seguridad, atacaron (hoy) ayer con bala viva a campesinos de la finca paso Aguán, en la comunidad de Panamá, ubicada en el municipio de Trujillo.
Luego que 400 familias campesinas se movilizaran de manera pacifica hasta el lugar donde miembros de Xatruch en conjunto con la policía y la guardia privada de Miguel Facusse, trabajan abriendo una carretera donde están construyendo una alcantarilla, debido a que los campesinos no permiten el acceso a la finca por el alto peligro que significa la guardia privada para la comunidad.El pasado 1 de marzo 600 familias campesinas aglutinadas al Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez, fueron desalojados con bala viva y gases lacrimógenos por la operación Xatruch, la policía y guardias de seguridad con vestimentas militares, dejando como resultado seis personas con problemas respiratorios entre ellas tres menores de edad.
La situación en la Finca Paso Aguan se recrudece día a día, ya que en los últimos tres días, se han instalado retenes militares de forma permanente controlando así la entrada y la salida de los campesinos y pobladores que circulan por ese sector.
Después de varias horas los campesinos regresaron en compañía de periodistas al lugar antes mencionado, para verificar si había quedado compañeros heridos, pero lo único que recibieron por parte de Xatruch y la policía fue un nuevo ataque en contra de su humanidad.
Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos Humanos, a que hagan acto de presencia de manera permanente, para que puedan presenciar a la zona del Bajo Aguán, las constantes violaciones a derechos humanos.
No Somos Pájaros para vivir en el Aire, No somos Peces para vivir en el Agua, somos campesinos y campesinas que vivimos de la tierra.
Paraguay
Benjamín “Toto” Lezcano es solo el primero de una lista de nueve líderes que empresarios sojero-ganaderos planearían ejecutar. El trasfondo es la resistencia campesina a los proyectos de sojización del lugar. De por medio está la policía local, que ha venido teniendo conductas que exigen una aclaración pública.
El 19 de febrero pasado dos sicarios fueron hasta la vivienda del dirigente campesino del asentamiento Arroyito de Horqueta, departamento de Concepción. De la calle entraron con la moto hasta ubicarse a dos metros y medio del mismo, que en ese momento escuchaba un partido de fútbol sentado en un sillón, y lo rociaron con disparos.
Según fuentes fiscales y forenses fueron 20 los tiros que impactaron en Lezcano. Según sus vecinos, sólo en su brazo izquierdo contaron 17 orificios, habiendo otros en su rostro, pecho y abdomen, totalizando unos 27.
Una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay(Codehupy) y periodistas nacionales e internacionales conversaron el 26 de febrero último con pobladores y pobladoras de Arroyito. Allí, lejos de las especulaciones de la fiscalía, la policía y la prensa capitalina, la razón del asesinato se vuelve unívoca en los testimonios de familiares, vecinos, amigos. Cierra una sola hipótesis: a Lezcano le mandaron matar los empresarios agroganaderos del lugar.
Contexto
Arroyito es una asentamiento campesino obtenido tras una ocupación en agosto de 1989, ubicado sobre lo que aparentemente fueron tierras de La Industrial Paraguaya, el mayor latifundio de nuestra historia(2.6 millones de hectáreas). En esos años las familias querían obtener la expropiación de 12 mil hectáreas, pero sólo lograron unas 8.667.
La diferencia fue vendida principalmente a empresarios brasileños que montaron las estancias Oro Verde, Santana, Guaraní, Santa Adelia e Ypotî que envuelven el asentamiento.
El lugar se ubica entre las ciudades de Horqueta e Yby Yau por el lado de la Ruta V Bernardino Caballero(entrando por un camino de tierra de 12 km) y algunas de las estancias tienen salida sobre la Ruta III Elizardo Aquino, en Azotey.
La cotidianeidad de las familias campesinas gira en torno a la chacra y huerta familiares junto con la pequeña ganadería y cultivos de renta como el sésamo. Esta producción familiar está orientada por prácticas agroecológicas.
Soja
Es la ganadería extensiva la actividad que históricamente marcó al departamento de Concepción, y a diferencia del Este de Paraguay, los cultivos mecanizados como la soja y sus rotativos tienen un protagonismo menor. No obstante, desde hace unos años la soja y su complejo tecnológico ha venido entrando. En Arroyito,específicamente, desde el año pasado.
En mayo de 2012 empezaron los trabajos de mecanización principalmente en las estancias Ypotî y Santa Adelia, explican los pobladores y pobladoras. Esto no pasó desapercibido en el asentamiento campesino, que se movilizó para denunciar e impedir que se concreten estos proyectos, concientes de las consecuencias del cultivo y sus fumigaciones en otras regiones del país.
En setiembre del año pasado la comunidad realizó un movilización frente a los portones de Ypotî, que según el testimonio local ya concretó el cultivo de soja. Hasta donde se conoce, Santa Adelia sigue acondicionando su superficie para la próxima zafra sojera.
Antecedentes
Benjamín “Toto” Lezcano era un dirigente pionero del asentamiento desde 1986. En 2008 estuvo al frente de una ocupación de la estancia Santa Adelia, como líder de la comisión de sin tierras Gaspar Rodríguez de Francia. De acuerdo a los testimonios, en ese entonces los intereses ganaderos le habían ofrecido 300 millones de guaraníes para declinar la lucha. Los rechazó.
Si hay algo en que coinciden la totalidad de las personas con quienes habló la comitiva, es que él tenía un desprendimiento hacia el dinero, era humilde, entregado a los demás. Su esposa y madre de sus hijos e hijas, Nancy Cuevas, dirá que “Toto” tenía sólo un par de ropas, y que nunca tenían chacra, siempre todo era para los demás, que prácticamente ella cargaba con los gastos cotidianos.
Más dirigentes podrían ser asesinados
¿Por qué a Lezcano? Esa fue una de las preguntas que se le hizo a referentes de Arroyito, a lo que respondieron que él había confrontado con los poderosos establecimientos agroganaderos del lugar, durante la ocupación de Santa Adelia y el año pasado con la movilización anti soja. Lo seguía haciendo con su actitud y sus acciones, en cada espacio de capacitación, comunicación, charla en que participaba.
Sin embargo, de los testimonios obtenidos, se maneja que existen ocho dirigentes más cuyas vidas estarían corriendo peligro. La amenaza vendría desde el mismo sector. Incluso en el vecindario comentan que en una ocasión el directivo de una de las estancias mencionó que eran nueve las personas que les molestan, pero que todo se podía solucionar.
El actuar de la policía local
Del testimonio de la comunidad de Arroyito y de constataciones que hizo la comitiva de observadores, saltan algunas conductas de la policía de Arroyito y departamental que generan suspicacias.
A Lezcano le asesinaron hacia las 20:10 de ese 19 de febrero, minutos después un hermano suyo fue a urgir al puesto policial del Núcleo 4 a que acudan policías. A pesar de estar a sólo 3mil metros de distancia, la policía acudió al lugar dos horas después. Mientras tanto, los sicarios se escapan “a velocidad normal” atravesando la estancia Santa Adelia y saliendo por la Ruta III, por el lado de Azotey, de acuerdo a las huellas de moto, cortes de alambrado y un quepi encontrado.
Los pobladores y pobladoras testimoniaron que primero los policías les dijeron que tenían orden de no salir a hacer rondas más allá de las 17 horas. Y después que solamente iban a poder ir al lugar del crimen cuando llegara el comandante departamental Antonio Gamarra, que estaba en la ciudad de Concepción (a casi 100 km de distancia)
Efectivamente, hacia las 22hs llegaron Gamarra y sus policías al lugar, siempre según el relato local. Un vecino le preguntó si era cierto lo que le habían dicho los policías, que él ordenó que le esperen hasta que llegue para intervenir en el escenario del asesinaro. Gamarra dijo que sí.
Luego de la cobertura de la escena y el acompañamiento al trabajo forense y fiscal, los policías volvieron a su puesto y recién a la mañana siguiente revisaron el escenario del crimen y los rastros de la moto de los sicarios por el camino donde huyeron. Sin embargo, lo habrían hecho con desgano, de acuerdo a los testimonios.
Lo que sí sabemos que fue enérgico de parte de la policía -en esas primeras horas- fueron las declaraciones a medios capitalinos, donde el comisario Gamarra se apresuraba a asegurar que fue el EPP, que se trataría de “una quema de archivos”.
Otro elemento que testimoniaron los pobladores es que en el lugar siempre hay controles y barreras para con ellos. Sin embargo, el día del asesinato de Lezcano -el día en que entraron dos sicarios a la comunidad- la policía habría relajado estos controles.
En el mejor de los casos, hablamos de inoperancia de la policía. Aunque en el vecindario hay quienes sospechan que estaba al tanto de lo que sucedería o incluso que los asesinos fueron policías.
Son sospechas de acuerdo a los elementos sueltos. Lo que es contundente es que la policía de Arroyito sostiene una relación carnal con los estancieros locales. Dentro de la estancia Ypotî -la estancia frente a la cual se manifestaron Lezcano y pobladores en setiembre- hay un puesto policial.
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