37 años sin justicia

El viernes 15/03 a las 19 hs, nos encontraremos en el PIT CNT con abogados de DDHH, con la idea de aclararnos el camino en un país donde la IMPUNIDAD campea a diestra y siniestra.
Mesa Permanente contra la Impunidad.

Crimen. Fue archivado por la fiscal Elsa Machado, quien no citó a ningún victimario

Hace 33 años, tras 5 meses de tortura, fallecía por un infarto Nuble Donato Yic

 

Tenía 47 años. Padecía de una afección cardíaca antes que lo detuvieran en octubre de 1975. Estuvo cinco meses  desaparecido, bajo torturas, en varias unidades militares. El 12 de marzo de 1976 lo procesaron. Dos días después recibió su primera visita. Al día siguiente, murió de un infarto en el Batallón de Infantería Nº 1.

Escrito por: Roger Rodríguez | rogerrodriguez@adinet.com.uy

Domingo 15 de marzo de 2009 |

Probablemente tomó aire. Los pulmones se lo pedían. Quizás en ese momento entendió que todo lo sufrido durante los últimos cinco meses podía haber terminado.

Había sol, había luz, había aire. El césped era verde, daban ganas de descalzarse para sentirlo en los pies, en sus pies aún hinchados por la tortura, casi irreconocibles, ajenos, morados… Los compañeros reían, corrían torpemente detrás de aquella pelota de trapo y papel que habían soñado armar solo 24 horas antes, cuando por primera vez en cinco meses habían tenido un recreo. Cuando por primera vez no habían sido llevados al tacho, la picana, el golpe, la puteada, el ruido, el grito, el dolor, la asfixia, el desmayo… Debió sentir una emoción muy grande. Hasta había podido exagerar una única atajada y desafiar con un “acá hay golero para rato”, a aquellos compañeros que por su estado de salud no querían que jugara y sólo ante su insistencia le habían permitido pararse en el arco para ver desde adentro aquel picado autorizado por el oficial de guardia. En aquellos pocos minutos, la emoción pudo haberse transformado en angustia al pensar en los ojos horrorizados de su mujer y sus hijas, quienes por primera vez lo habían podido ver el día anterior, comprendiendo el dolor sufrido y atestiguando el deterioro de su cuerpo enfermo, de su corazón frágil que hasta ese momento había aguantado. Parado en aquel improvisado arco, viendo correr la pelota de trapo, los últimos meses de su vida debieron pasar por su mente. Desde aquella madrugada del 22 de octubre de 1975, cuando los golpes parecieron derribar la puerta de su casa en el Cerro y seis personas armadas entraron, lo encapucharon y esposaron, mientras saqueaban el lugar. Allí, parado bajo el sol de aquel 15 de marzo de 1976, pudo recordar el miedo vivido en la Casona de Punta Gorda, donde los golpes lo amartillaron. Las horas interminables en la “cárcel del pueblo” donde los dejaban desnudos, atados, vendados, tirados en el suelo para que se recuperaran de la tortura antes de volver a llevarlos a darles más máquina. Respiró aquel aire fresco, sin hedor de sudor, mierda y sangre. Tal vez por su mente y por su cuerpo pudo volver a aparecer el terror del “infierno grande” junto al Batallón 13 donde lo habían llevado el 2 de noviembre para padecer el dolor del plantón hasta caer inconciente o ser llamado desde arriba para sufrir las peores torturas… Aquel miedo que arrancaba con el grito del número que se había transformado en su nombre, seguía al subir la escalera metálica y estallaba en la metódica inmersión en el tacho de agua, excremento, vómito, sangre y podredumbre, antes de ser “secado”: colgado su cuerpo en cruz, para darle picana en los testículos y golpes en los riñones. Posiblemente sus músculos se aflojaron. Una celda por 8 a 15 años de prisión, que le había imputado el juez militar tres días antes, era un futuro mejor que el Batallón 2 y 3 del kilómetro 14 de Camino Maldonado, donde el colchón del suelo era casi cómodo y la prohibición de hablar un silencio mejor que el ruido de la radio en la tortura. En el Penal de Libertad, debió suponer, solo habría encierro, pero podría acceder a los medicamentos que día a día le habían negado pese a la insuficiencia cardíaca que lo obligó a internarse dos veces, la última sólo días antes de que fuera detenido en su casa del Cerro para permanecer “desaparecido” durante cinco meses. Ya no volvería a temer que lo sacaran con los ojos vendados, tomado del hombre de un compañero sin nombre delante y con otra anónima mano apoyada en su hombro, para que en la oscuridad de su ceguera escuchara los percutores de las armas cuando lo sometieron a un falso fusilamiento. Todo sería mejor, sí, se dijo, antes de respirar profundamente y sentir ese viejo dolor en el pecho, diferente al de la electricidad cuando recorre el cuerpo, distinto al ahogo que provoca el líquido inmundo entrando en los pulmones, disímil al del impacto del palo o el puño que sacude carne y vísceras. Un dolor consecuencia de todos aquellos dolores. Su cuerpo se desarmó. Lo ahogó el desahogo. Con el rostro en el pasto, su corazón descansaba de todo lo anterior, se detenía sin la adrenalina del miedo que durante cinco meses de tortura e incertidumbre lo habían hecho soportar lo insoportable. Dejaba de latir y paradójicamente se entregaba a la paz de haber sobrevivido tanta infamia. Nuble Donato Yic había nacido el 29 de agosto de 1928 en Maldonado. Estaba casado. Tenía cuatro hijas. Trabajaba en un frigorífico, militaba en el gremio de la carne (Foica) y era afiliado al Partido Comunista del Uruguay (PCU). Falleció aquel 15 de marzo de 1976 en el patio del Batallón de Infantería Nº 1, hace hoy 33 años. Su muerte fue denunciada por su familia, patrocinada por la abogada Pilar Elhordoy, ante el juzgado penal de 19º Turno a cargo del juez Luis Charles. La causa fue excluida de la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo. Varios de sus compañeros presos dieron testimonio. La fiscal Elsa Machado archivó el caso el 28 de noviembre de 2008.

“Indáguese”

El 17 de octubre de 2007, el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, envió al Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, a través de la Suprema Corte de Justicia, la consulta establecida por el artículo 3º de la Ley Nº 15.848 para que decidiera si la muerte de Nuble Yic estaba amparada por la Ley de Caducidad. El 22 de octubre de 2007, la entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia, doctora Sara Bosio Reig, trasladó el trámite del juez Charles a la Presidencia de la República, de donde recibió respuesta el 5 de noviembre de 2007 a través de un escrito del entonces secretario presidencial, doctor Gonzalo D. Fernández. El actual canciller contestó entonces que el artículo 1º de la Ley 15.848 “reconoce” la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado supeditada a diversos criterios temporales, subjetivos y funcionales. Opinó entonces que el caso Nuble Yic debía ser indagado por la Justicia civil y no estaba amparado por la impunidad. “Parece irrefutable que la caducidad opera respecto de quien recibió la orden del mando pero no beneficia al mando que impartió la orden consiguiente. Por tal virtud, a juicio del suscrito, los mandos no están alcanzados por la Ley Nº 15.848, sin perjuicio de que su determinación depende del caso concreto y es tarea de incumbencia judicial”. “En suma -concluía el reconocido catedrático universitario- estima el suscrito que corresponde declarar excluido este caso de los alcances de la Ley Nº 15.848, remitiéndolo a la sede judicial exhortante, en cumplimento de lo dispuesto en el art. 3º, de la misma”.

Excusada

La fiscal Elsa Machado de Saravia, quien ordenó el archivo del caso de homicidio de Nuble Yic, está emparentada con el capitán retirado Lawrie Rodríguez, represor durante la dictadura y uno de quienes ayudó al prófugo coronel Gilberto Vázquez durante su breve fuga del Hospital Militar en julio de 2006.
La fiscal Machado se excusó entonces de actuar en la indagatoria que sobre la fuga realizara el juez Juan Carlos Fernández Lecchini y fue subrogada por la fiscal Ana María Telechea.
Lawrie Rodríguez está casado con su prima Lidia Machado, hija de Sócimo Machado, de quien heredó 200 hectáreas de tierra en Cerro Largo. Elsa Machado es una fiscal de larga trayectoria que abordó recordados casos: ordenó con el juez Eduardo Borges el procesamiento por estafa del coronel José Gavazzo y el policía Ricardo Medina, en 1995, como los encarcelamientos de los hermanos Rupenian o el pedido de procesamiento de Leonardo Nicolini. Machado también fue quien pidió procesar con prisión a un grupo de futbolistas de Nacional y Peñarol por una riña durante un clásico, pero también ordenó archivar el expediente por presuntas coimas del empresario Iván Svetogorsky, o cuando el retiro de 3 millones de dólares del BHU durante la reprogramación de depósitos. Lawrie Rodríguez ha sido denunciado, junto al coronel Vic
toriano “La Víbora” Vázquez (tío de Gilberto) por la muerte bajo torturas del estudiante Hugo Leonardo de los Santos en 1973 y era el administrador de la inmobiliaria que hacía de fachada en la Base Valparaíso, último paradero conocido de la nuera de Gelman.
El ex agente del SID Julio César Barboza es mencionado como la persona que junto al coronel Ricardo Arab trasladó a María Claudia García de Gelman a la Base Valparaíso; también se le vincula a la sesiones de tortura sufridas por el desaparecido Luis Eduardo González González en 1974. Represor desde los años 70 cuando servía en el Regimiento de Caballería Nº 7 de Santa Clara de Olimar, nada indica que no haya tenido participación o conocimiento de lo sufrido por Nuble Yic, torturado en las bases de Punta Gorda y el Batallón 13 de Infantería, donde actuaban varios de sus compañeros de armas.

“Archívese”

Menos de 500 palabras necesitó la fiscal Elsa Machado para realizar un alegato manuscrito en el que pidió al juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, que archivara las indagaciones sobre la muerte el 15 de marzo de 1976 del dirigente comunista Nuble Yic, brutalmente torturado durante su detención pese a la afección cardíaca que sufría. La fiscal consideró que había agotado la instrucción sin que surgieran elementos para exigir responsabilidades penales, aunque sólo llamó a testificar a los compañeros de prisión de Yic y a un médico militar, el médico militar Milton Sarkissián, quien dijo no recordar lo que entonces ocurrió. Ningún oficial o soldado fue llamado a declarar. El pronunciamiento fiscal sólo extrae que los testigos narran que Nuble Yic sufrió un infarto en su segunda salida a un patio en el Batallón de Infantería Nº 1, pero no incluye que antes, durante cinco meses desde su secuestro el 22 de octubre de 1975, había sido salvajemente torturado en la casona de Punta Gorda y en el Batallón de Infantería Nº 13. En nombre del Ministerio Público, Machado consideró que habiendo fallecido los “mandos militares y policiales” de la época, no había a quien acusar, pero no admitió la posibilidad de responsabilidades entre sus torturadores, los mandos de las unidades represivas, los oficiales de la justicia militar, u otros jerarcas de la dictadura militar.

Testigos ausentes

Yic fue detenido cuando aún ejercía su cargo el dictador Juan María Bordaberry, hoy procesado con prisión domiciliaria por su responsabilidad en los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Willian Whitelaw y acusado por otros once homicidios. Bordaberry no fue interrogado por la muerte de Nuble Yic. Entre las pruebas a disposición de la fiscal Machado, se incluyó el expediente de Nuble Yic en el Juzgado Militar de Instrucción de 5º Turno, a cargo del juez coronel Mario R. Garrone y su secretario, el alférez de navío Roberto Verdera. Ninguno de los dos militares fue convocado a declarar sobre la condición del detenido. Tampoco fue citado por el Ministerio Público el entonces alférez Miguel de Cuadro, a cargo de los presos, ni el enfermero Hugo Araújo, quien fue el primero en asistir a Nuble Yic cuando sufrió el infarto, ni el cabo Elbio Quintana, quien trasladó entonces su cuerpo a la enfermería. Todos ellos sabían de las lesiones de Yic por la tortura. La propia justicia militar actuó entonces por la muerte de Yic, pero para la fiscalía tampoco fue necesario ahondar en lo que sobre el caso sabían el juez sumariante Antonio Chaprasián, su secretario el sargento José Gurgitano López, o el propio encargado del Batallón, entonces mayor Horacio E. Ramponi. Ninguno de ellos compareció.