El Grupo “Denuncia” integrado por ex presas políticas que sufrieron
violencia sexual durante su detención y reclusión, comunican por este
medio que en el día de mañana, martes 12 de marzo comienzan a declarar
los represores por ellas denunciados. Será en el Juzgado de la calle
Misiones, a partir de las 13:30.
Se solicita la máxima difusión.
12/3 (Julio Litovsky)
13/3 (Hector Lascano)
14/3 (Asencio Lucero)
15/3 (Orosman Pereyra)
1/4 (Jorge "Pajarito" Silveira)
2/4 (Ariel Ubillos)
3/4 (José Nino Gavazzo)
4/4 (Gilberto Vázquez).
Se solicita la máxima difusión.
12/3 (Julio Litovsky)
13/3 (Hector Lascano)
14/3 (Asencio Lucero)
15/3 (Orosman Pereyra)
1/4 (Jorge "Pajarito" Silveira)
2/4 (Ariel Ubillos)
3/4 (José Nino Gavazzo)
4/4 (Gilberto Vázquez).
Martes 12 de marzo de 2013
Derechos Humanos
Jueza Penal sigue adelante con delitos de la dictadura y citó a militares
La jueza penal Julia Staricco citó para este martes a varios militares, acusados por delitos cometidos durante la dictadura, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Caducidad.
Denunciantes de violaciones durante la dictadura |
Los militares y los centros de tortura
Este marte está previsto que comparezca Julio Litovsky, oficial actuante en el Regimiento de Caballería Nº 9. El miércoles debe presentarse Héctor Lascano. El jueves Asencio Lucero; el viernes Orosmán Pereyra. Después habrá un paréntesis que concluirá el 2 de abril cuando está citado Ariel Ubillos.También en abril vuelven a comparecer militares que ya están procesados: el primero de abril, Jorge “Pajarito” Silveira; el día tres de abril, José “Nino” Gavazzo y al día siguiente Gilberto Vázquez .
La lista total de denunciados supera los 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidas las violaciones y otras atrocidades. En la lista aparecen el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, Cárcel de Paso de los Toros, Jefatura de Policía de Salto, Cuartel de Infantería Nº 7, Penal de Punta de Rieles, Hospital Militar y Jefatura de Policía de Montevideo.
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Susana Escudero, Margarita Lagos, Beatriz Benzano y Ana Amorós, ayer, en la puerta del juzgado. Foto: Pedro Rincón
Sin aviso
Juicio por abuso contra mujeres durante la dictadura continúa pese a fallo de la SCJ; primer oficial indagado no se presentó.
Ayer tenía que presentarse a declarar como indagado el
ex oficial del Regimiento de Caballería Nº 9 Julio Litovsky, citado por
la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, pero el militar retirado
no concurrió. La magistrada tiene a cargo la causa que investiga
maltrato y abuso sexual contra 28 mujeres detenidas en diferentes
dependencias militares durante la última dictadura. La denuncias fueron
presentadas en octubre de 2011 e involucran no solamente a quienes
cometieron los delitos sino también a los oficiales que no actuaron para
evitarlos.
Se trata de la primera citación a un militar retirado por violaciones a los derechos humanos, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que hace algunas semanas declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.
El abogado patrocinante de la denuncia, Federico Álvarez Petraglia, explicó a la diaria que existe alguna posibilidad de que la citación “no le haya llegado” a Litovsky, pero si se comprueba que “efectivamente la recibió y no fue por propia voluntad, corresponde que sea conducido”, un procedimiento que le compete a la Policía.
En el marco de esta misma causa está previsto que hoy a las 13.30 declare Héctor Lascano, el jueves debería hacerlo Orosmán Pereyra y en los primeros días de abril, Jorge Pajarito Silveira, Ariel Ubillos, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez.
Pero los denunciados son más de 100, incluyendo militares, policías, médicos y enfermeras que operaron en una veintena de lugares, tales como centros de detención clandestinos, establecimientos carcelarios, Hospital Militar y diversas unidades castrenses. Es la primera denuncia vinculada a delitos de este tipo que involucra a personal militar femenino.
Álvarez Petraglia opinó que el reciente fallo de la SCJ “no afecta directamente este proceso” y además “no dice que haya que archivar los expedientes”. En este caso, “de una forma u otra, la jueza y la fiscal están mostrando sin decirlo que entienden que estos delitos no prescribieron, que son de lesa humanidad y por eso continúan con la instrucción”, agregó el abogado.
Sin embargo, advirtió que “seguramente la defensa de los militares va a pedir en estos días la prescripción”. Estos pedidos podrían generar resoluciones en primera instancia o requerir la intervención de instancias superiores. Por ejemplo, si el Tribunal de Apelaciones comparte los fundamentos de la SCJ y entiende que estos delitos están prescriptos “puede acoger los pedidos”, explicó Álvarez Petraglia. La presentación de estos recursos “no detiene la instrucción”, pero si se interponen recursos de inconstitucionalidad, sí hay “un efecto suspensivo”, añadió el abogado.
Pero como hay un expediente formado por cada denunciado, el efecto de estos recursos sólo afectaría al expediente del indagado que presenta el recurso de inconstitucionalidad y para que el juicio se paralice se deberían presentar “tantos recursos como expedientes existen”, concluyó Álvarez Petraglia.
Se trata de la primera citación a un militar retirado por violaciones a los derechos humanos, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que hace algunas semanas declaró inconstitucional la norma interpretativa de la Ley de Caducidad.
El abogado patrocinante de la denuncia, Federico Álvarez Petraglia, explicó a la diaria que existe alguna posibilidad de que la citación “no le haya llegado” a Litovsky, pero si se comprueba que “efectivamente la recibió y no fue por propia voluntad, corresponde que sea conducido”, un procedimiento que le compete a la Policía.
En el marco de esta misma causa está previsto que hoy a las 13.30 declare Héctor Lascano, el jueves debería hacerlo Orosmán Pereyra y en los primeros días de abril, Jorge Pajarito Silveira, Ariel Ubillos, José Nino Gavazzo y Gilberto Vázquez.
Pero los denunciados son más de 100, incluyendo militares, policías, médicos y enfermeras que operaron en una veintena de lugares, tales como centros de detención clandestinos, establecimientos carcelarios, Hospital Militar y diversas unidades castrenses. Es la primera denuncia vinculada a delitos de este tipo que involucra a personal militar femenino.
Álvarez Petraglia opinó que el reciente fallo de la SCJ “no afecta directamente este proceso” y además “no dice que haya que archivar los expedientes”. En este caso, “de una forma u otra, la jueza y la fiscal están mostrando sin decirlo que entienden que estos delitos no prescribieron, que son de lesa humanidad y por eso continúan con la instrucción”, agregó el abogado.
Sin embargo, advirtió que “seguramente la defensa de los militares va a pedir en estos días la prescripción”. Estos pedidos podrían generar resoluciones en primera instancia o requerir la intervención de instancias superiores. Por ejemplo, si el Tribunal de Apelaciones comparte los fundamentos de la SCJ y entiende que estos delitos están prescriptos “puede acoger los pedidos”, explicó Álvarez Petraglia. La presentación de estos recursos “no detiene la instrucción”, pero si se interponen recursos de inconstitucionalidad, sí hay “un efecto suspensivo”, añadió el abogado.
Pero como hay un expediente formado por cada denunciado, el efecto de estos recursos sólo afectaría al expediente del indagado que presenta el recurso de inconstitucionalidad y para que el juicio se paralice se deberían presentar “tantos recursos como expedientes existen”, concluyó Álvarez Petraglia.
Luis Rómboli
Delitos de lesa humanidad
La jueza penal Julia Staricco seguirá investigando las denuncias de abusos sexuales contra presas políticas durante la dictadura, pese a que la SCJ considera que prescribieron los delitos de esa época
Un centenar de agentes de la dictadura citados por la justicia
Jueza cita a militares por delitos de la dictadura y sigue adelante
A partir de este martes declararán indagados por una denuncia por abusos sexuales a 28 mujeres
La jueza penal Julia Staricco seguirá adelante con las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) y dispuso a partir de hoy la citación de militares. A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad y adujo que se trata de delitos comunes –no de delitos de lesa humanidad– y que esos delitos prescribieron, la magistrada entendió que no está inhibida de seguir actuando.
Consultada por El Observador, la jueza confirmó la decisión y explicó que la sentencia de la SCJ “rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad”.
El caso fue presentado el año pasado por el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia en representación de 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.
El primer militar que deberá declarar hoy es Julio Litovsky, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería Nº 9. Mañana está citado a declarar Héctor Lascano, el jueves 14 será el turno de Asencio Lucero, el viernes 15 de Orosmán Pereyra y el 2 de abril de Ariel Ubillos. En abril también están citados a declarar tres militares ya procesados por estas causas y presos en la cárcel militar de Domingo Arena: Jorge Silveira (el 1° de abril), José Nino Gavazzo (el 3) y Gilberto Vázquez (el 4). Pero los denunciados son más de 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidos los delitos, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador. Entre esos centros figuran el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, la cárcel de Paso de los Toros, la Jefatura de Policía de Salto, el cuartel de Infantería Nº 7, el penal de Punta de Rieles, el hospital Militar y la Jefatura de Policía de Montevideo.
La jueza Staricco admitió que es probable que los indagados presenten recursos de inconstitucionalidad, lo que podría interrumpir las citaciones. Si eso ocurre, la jueza deberá enviar el expediente a la SCJ. Pero si no lo hacen, adelantó que seguirá adelante.
Con respecto a los argumentos esgrimidos por la SCJ en la sentencia conocida el 22 de febrero sobre la prescripción de los delitos, Staricco dijo que “oportunamente se valorarán” al tener que dictar sentencia pero no quiso adelantar su posición. El fallo de la Corte no impide a los jueces seguir con las investigaciones, pero determina que al tratarse de delitos comunes estos prescribieron. De acuerdo con esa posición, si algún juez procesara militares, estos podrán apelar y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia es previsible que la corporación ordene el archivo de las causas.
Esta jueza tiene además otros dos presumarios en los que indaga a militares por torturas a hombres, por las que también prevé citaciones. En ninguna de ellas fue interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.
Además, la magistrada estimó que tras la denuncia presentada por 28 mujeres se formarán varios presumarios. La jueza explicó que si los separa se podrá avanzar más rápido en la indagatoria y se evitará que si se presentan recursos deba suspenderse la indagatoria.
Delitos menos graves que homicidio
Si los homicidios cometidos durante la dictadura prescribieron en noviembre de 2011, los delitos denunciados en este expediente prescribieron antes, pues la violación y atentado violento al pudor tienen penas menores al homicidio. Por lo tanto, la única manera de juzgar militares por estos hechos es considerar a los delitos como de lesa humanidad, como plantea la denuncia a cargo de la jueza Julia Staricco.Según sostiene la denuncia a la que accedió El Observador, se trató de “un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”.
Este Uruguay de la actualidad. donde ultimamente estan aflorando las impunidades de quienes desean con gran ansiedad el tener mucho poder sobre cualquier ciudadano uruguayo. Debemos, por tanto, ser tan firmes, como ellos lo son,.... tener riendas muy cortas con estos personajes fatidicos, los cuales deberian estar pagando por sus osadias hacia sus semejantes. URUGUAY QUERIDO, UNA SOLA COSA TE PIDO: ¡JUSTICIA PARA LOS POBRES, DESVALIDOS Y HUMILDES! Gracias
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